De acuerdo al estudio «Implementación de la Ley 21.600 y los desafíos para lograr la protección efectiva del 30% de los ecosistemas», una adecuada integración y colaboración entre el gobierno, el sector privado y las comunidades locales es fundamental para que las estrategias de conservación sean coherentes y efectivas en su implementación territorial.
- Frente a los grandes desafíos que enfrenta la conservación de la biodiversidad, la reciente Ley 21.600 constituye un avance significativo en la institucionalidad, al integrar la gestión de áreas protegidas y biodiversidad bajo un único servicio. En un contexto donde el 50% de los ecosistemas del país están amenazados y el 80% subrepresentados, con poca disponibilidad de tierras públicas, la incorporación de propiedades privadas a la conservación es crucial para reducir brechas y aumentar su efectividad. Aunque la nueva ley contempla el uso de tierras privadas, esta presenta obstáculos importantes para los propietarios, como la falta de incentivos adecuados, procedimientos administrativos complejos y una fiscalización que desincentiva la participación voluntaria. La ley por sí sola no motivará a los propietarios a destinar sus tierras a la conservación, lo que no permitirá alcanzar la meta necesaria de proteger el 30% de los ecosistemas para el año 2030. A corto y mediano plazo, es necesario tomar conciencia de este contexto y enfocarse en reducir los desincentivos existentes, ya sea mejorando la implementación de la ley o a través de la redacción de sus reglamentos.
- Las Áreas Protegidas Privadas (APP), según la ley, tienen obligaciones específicas, como la implementación de planes de manejo y procedimientos de desafectación complejos, los cuales pueden representar un compromiso a perpetuidad para los propietarios. Para reducir esta rigidez, se recomienda permitir un mecanismo de salida o desafectación, sin restitución de incentivos fiscales, tras un periodo de 10 a 15 años para aquellos que hayan cumplido con las obligaciones de conservación y del plan de manejo. Además, se sugiere reducir las barreras administrativas a la postulación, bonificar la asistencia técnica y facilitar la información necesaria a través del Sistema de Información
y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO) para todas las categorías de APP y OMEC. - Con la finalidad de suplir las deficiencias en los incentivos para las APP y otras formas de protección fuera de las áreas protegidas, se recomienda mejorar los incentivos para los propietarios privados a través del Fondo Nacional de Biodiversidad (FNB). Por ejemplo, se sugiere establecer una estructura progresiva y gradual, desde compromisos de corto plazo con obligaciones específicas hacia la creación de áreas protegidas más complejas con compromisos a perpetuidad. Esto permite reducir la incertidumbre y, al mismo tiempo, aumentar progresivamente el conocimiento, las capacidades y la experiencia de los propietarios.
- Actualmente, el FNB es insuficiente, y es fundamental que su presupuesto público se incremente progresivamente y se vincule a la expansión y eficacia de las áreas de conservación en el tiempo, con criterios de priorización por ecosistemas, especies y servicios ecosistémicos, basados en criterios de capital natural. Para asegurar la continuidad y efectividad de la conservación a nivel de propietarios, independientemente de los cambios gubernamentales, se deben establecer criterios y líneas de financiamiento a mediano plazo que vayan más allá de cambios que solamente requieren de resoluciones del ejecutivo.
- Una adecuada integración y colaboración entre el gobierno, el sector privado y las comunidades locales es fundamental para que las estrategias de conservación sean coherentes y efectivas en su implementación territorial. La existencia de una diversidad de instrumentos de política es clave para atraer a una amplia gama de propietarios. Los instrumentos económicos deben combinarse con incentivos no monetarios, como el desarrollo de habilidades, la asistencia en gestión y el reconocimiento público. Además, la creación de redes de conservación puede facilitar el intercambio de mejores prácticas y aumentar la participación comunitaria. La adaptación de políticas a contextos locales y la implementación de proyectos piloto evaluables son etapas fundamentales para mejorar la efectividad de la ley. Finalmente, se propone mejorar la gobernanza y la colaboración interministerial para asegurar que esta institucionalidad se integre y complemente con la gestión de la Ley Marco de Cambio Climático y los instrumentos para la planificación territorial.
- La implementación de la Ley 21.600 en los próximos tres años representa un importante desafío institucional. Este proceso complejo puede verse fuertemente influenciado por las dificultades asociadas al traspaso de competencias, personal, bienes y áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) hacia el SBAP. En este sentido, la implementación no debe perder de vista la urgencia de establecer los mecanismos y estrategias que permitan una conservación efectiva de nuestra biodiversidad antes del año 2030.