La crisis eléctrica de 1998-1999: Evitable

La crisis eléctrica que ocurrió en Chile central en 1998 y 1999 desató una gran polémica y generó un clamor por modificar el marco regulatorio de la industria. Se ha afirmado que en Chile no deberían ocurrir restricciones de consumo y que, por lo tanto, la crisis muestra que las empresas no invirtieron lo suficiente. Adicionalmente, se ha sostenido que los reguladores no tenían atribuciones suficientes. Esto demostraría que el mercado no funciona en este sector, siendo indispensable aumentar las facultades discrecionales de los reguladores.
Este diagnóstico es equivocado. En primer lugar, la sustantiva variabilidad hidrológica a la que está sujeto Chile central hace inevitable que en algunos años se deba restringir el consumo. Mantener capacidad de reserva suficiente para hacer frente a cualquier sequía, por severa que sea, no tiene sentido económico y no le conviene al país.
En segundo lugar, a pesar de la sequía extrema y de la falla prolongada de la central Nehuenco, estimaciones conservadoras indican que la crisis y los déficit de abastecimiento que la acompañaron (450 GWh en total repartidos en 81 días) podrían haberse evitado con holgura si la regulación vigente se hubiera aplicado adecuadamente. Por lo tanto, la crisis no se debió a inversión insuficiente.
En tercer lugar, un examen cuidadoso de la actuación de los reguladores muestra que tenían atribuciones para intervenir, pero no las usaron. Esta omisión fue importante porque el sistema de precios actualmente vigente requiere de la intervención acertada de los reguladores. Los reguladores no zanjaron oportunamente las disputas en el Centro de Despacho Económico de Carga, no aplicaron el mecanismo de compensaciones a usuarios regulados cuando y como correspondía y el Ejecutivo pospuso los decretos de racionamiento mucho más allá de lo prudente.
Todo lo anterior implica que no se puede afirmar que el mercado no funcionó. Antes bien, el problema fue que la regulación está estructurada de manera que el mercado no puede funcionar sin que intervengan los reguladores.
El sello de un mercado libre son los precios flexibles que reflejan adecuadamente la escasez relativa de los recursos y los contratos entre privados que señalan claramente cómo repartir los riesgos. Este no es el caso de la generación eléctrica. La flexibilidad de precios se sustituye por la intervención de los reguladores. Por lo tanto, la crisis no fue la prueba de fuego del mercado libre sino de la capacidad de los reguladores de hacer cumplir la ley vigente.
La lección de la crisis es que la intervención de reguladores no es buen sustituto de la flexibilidad de precios y los contratos privados. Es una ilusión creer que futuras crisis se evitarán aumentando las facultades discrecionales de los reguladores. Por el contrario, la regulación debería modificarse para disminuir la necesidad de intervención regulatoria, introducir precios flexibles que reflejen adecuadamente la escasez relativa de los recursos, dejar que los contratos entre privados señalen claramente cómo repartir los riesgos e introducir mecanismos privados de resolución de conflictos. El proyecto de ley de la CNE recientemente divulgado va en la dirección contraria.

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