Si bien 97% de la población chilena cuenta con previsión en salud (principalmente seguros), el gasto «de bolsillo» o lo que no es cubierto por dichos esquemas es alto en comparación con el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (33,4%). La protección financiera parece insuficiente: sólo un tercio de la población señala sentirse confiada o muy confiada de que podrá costear la atención que necesita si se enferma de gravedad y cada vez más personas señalan contar con seguros de salud voluntarios. La obligatoriedad de contratar un seguro de salud no parece ser suficiente para lograr protección adecuada.
Si bien la realidad descrita ha motivado el desarrollo de propuestas de cambio, hasta ahora ninguna se ha concretado, a pesar de haber algún grado de acuerdo respecto de avanzar hacia un esquema de seguros sociales o competencia regulada en el corto plazo. De todas maneras, dichas proposiciones adolecen de algunos problemas, como el no integrar los dos componentes del esquema de seguros actual, no permitir la libre afiliación para todos y la incorporación de copagos similares a los actuales.
En este documento se propone integrar los dos componentes del esquema de seguros actual. Se plantea construir sobre lo existente (en cuanto a permitir múltiples aseguradoras, mantener las fuentes de financiamiento, entre otros), así como una implementación gradual, para otorgar sustentabilidad en el tiempo. Los objetivos son avanzar, por una parte, en la asequibilidad (capacidad de pago) de las personas, respetando sus preferencias (libertad de elección) y, por otra parte, en calidad y eficiencia, a través de mejor información, más transparencia y una regulación que evite comportamientos inadecuados y establezca igualdad de condiciones de participación.
En el esquema propuesto cada persona elige su asegurador y plan de salud. El contenido de dicho plan es estandarizado, en relación con los servicios incluidos y el estándar mínimo de éstos. Toda institución aseguradora que acepte participar deberá ofrecer el plan de salud mencionado y aceptar a todos los beneficiarios y tendrá libertad para determinar las primas (con límites). Para asegurar asequibilidad, se plantea la asignación a cada persona de subsidios a ajustados por su riesgo de salud, que funcionarían como abono para pagar las primas. Los subsidios provendrían de un fondo de compensación por riesgo financiado con contribuciones salariales e impuestos generales (estos últimos principalmente para sustituir los aportes de quienes no trabajan, como los menores, y de aquellos de bajos ingresos).
Ello requiere de un marco regulatorio apropiado que evite comportamientos anticompetitivos y proporcione herramientas que permitan la eficiencia y calidad, tanto para aseguradores y proveedores de salud, así como para usuarios: libre afiliación, información de calidad, transparencia, distribución adecuada de riesgo financiero entre «pagadores» y «compradores», libertad para contratar, supervisión efectiva de calidad, entre otros.
La propuesta se hace cargo entonces de los problemas de asequibilidad, de falta de acceso, de selección por riesgo, de crecimiento del gasto, entre otros. La posibilidad de elección combinada con subsidios ajustados por riesgo y la estandarización del contenido del plan permite que incluso las personas de alto riesgo puedan elegir su plan de salud, fomenta la competencia por calidad y precio, así como la reducción de costos y evita los incentivos a la selección de personas según su riesgo en salud.
