La política indígena es también un área donde abundan las promesas incumplidas. Un ejemplo paradigmático: desde 1990, en los discursos presidenciales anuales, todos los presidentes han anunciado el reconocimiento constitucional de los pueblos, y éste sigue sin materializarse.
«Una invitación al encuentro desde la experiencia personal y no desde los roles». «Una modalidad de trabajo que no busca cosechar soluciones sino sembrar esperanzas». Llamados de los asistentes a que «el conflicto no se arreglaría con la razón, sino con el corazón».
Así ha sido descrito por los organizadores y asistentes el encuentro 3xi desarrollado recientemente por un conjunto de organizaciones privadas en La Araucanía, poco después del permiso concedido al machi Celestino Córdova.
En las últimas semanas los ataques incendiarios en el sur han disminuido. Junto con ello, a partir de lo que se ha conocido por la prensa sobre el encuentro privado 3xi, y en especial por el acercamiento personal entre autoridades tradicionales de ciertos grupos mapuche y empresarios forestales, se ha creado una sensación ambiente de éxito.
Que la sociedad civil organice este tipo de encuentros es loable, por cierto. Y que se produzcan acercamientos personales entre actores es valioso. El llamado conflicto mapuche tiene, por supuesto, múltiples dimensiones, y por lo mismo, la promoción del diálogo siempre debe celebrarse. Además, en política los símbolos son importantes y pueden aportar a romper el status quo.
Pero en una sociedad moderna en que los lazos personales pierden preponderancia en lo público, cabe preguntarse cómo transitar hacia confianzas que se basen en instituciones y no en los particularismos de personas individuales. Porque son las instituciones las que perduran en el tiempo y trascienden autoridades, gobiernos, y personas con nombre y apellido.
Desde el regreso a la democracia, los distintos gobiernos han creado cinco comisiones asesoras y se han lanzado nueve planes especiales en materia indígena o específicamente para La Araucanía. En general todos los planes han incluido propuestas respecto de reformas constitucionales y políticas, institucionalidad, políticas sociales, desarrollo productivo y tierras. Ello demuestra que la política indígena es y debe ser multisectorial.
Y si bien, en general, entre dichos planes no existen grandes distancias, suelen concebirse como una lista de supermercado, con los consecuentes riesgos de la multisectorialidad: dispersión, falta de coherencia y de coordinación, ausencia de una estrategia de largo plazo y de un organismo responsable de ella.
Algunos ejemplos. Para el año 2015, el 73% de las personas que se autoidentificaban como mapuches residían en zonas urbanas. La población mapuche ya no se concentra en La Araucanía (23,2%) sino en la Región Metropolitana (32,8%). Sin embargo, la gran mayoría de las políticas públicas tienen un marcado sesgo ruralista.
Un segundo caso y más dramático son las lenguas indígenas. Según la encuesta «Los mapuche rurales y urbanos hoy» 2016 del Centro de Estudios Públicos, el pueblo mapuche considera hablar el mapuzugun como la característica más importante para definir una persona mapuche y para mantener viva la cultura. Entre los años 2006 y 2016, el número de personas mapuche que afirma no hablar ni entender la lengua creció de 56 a 67%. La proporción de hablantes ha disminuido tanto en zonas rurales como en urbanas. Y lo más preocupante es que la creciente precariedad de la lengua ha sucedido mientras existen políticas públicas de la CONADI, de JUNJI e INTEGRA y del Ministerio de Educación que buscan su recuperación y revitalización.
La política indígena es también un área donde abundan las promesas incumplidas. Un ejemplo paradigmático: desde 1990, en los discursos presidenciales anuales, todos los presidentes han anunciado el reconocimiento constitucional de los pueblos, y éste sigue sin materializarse. Un segundo caso es la nueva institucionalidad indígena, que se ha anunciado desde el gobierno del ex Presidente Lagos, y está a la espera de ser aprobada en el Congreso para establecer un Ministerio y de Consejos de Pueblos y un Consejo Nacional de los Pueblos. Instituciones que avanzarían en la línea de las confianzas institucionales y de una institucionalidad responsable.
El Gobierno se comprometió a presentar a fin de mes su plan para La Araucanía. Será el décimo plan en materia indígena que se presentará desde 1990. La sensación ambiente después del encuentro 3xi probablemente contribuirá a que sea bien recibido. Sin embargo, vale la pena contener el entusiasmo. Porque en una historia de constantes desencuentros y expectativas incumplidas, se debe analizar cómo ese plan permitirá crear confianzas, ya no entre personas particulares, sino entre los pueblos y el Estado.
