Los movimientos sociales están ahí para recordarle al Estado desigualdades injustificadas, discriminaciones recurrentes y puntos ciegos en su estrategia de desarrollo. Si la nueva Constitución los estatiza, esta capacidad se perderá.
El informe al Pleno de la Comisión de Sistema Político propone que partidos políticos y movimientos sociales sean dos formas equivalentes de organización política. Según la norma, ambos podrán presentar un programa político, tener registro de adherentes a cargo de Servel y constituirse en distintos niveles territoriales. Al contrario de lo que parece, esta norma implica un profundo riesgo para la organización democrática, pues al integrar a los movimientos sociales a la estructura del Estado, se debilita su independencia y capacidad crítica, la misma que es crucial para romper con el statu quo e ir en contra de intereses preestablecidos. En simple, más que remediar lo que sus propulsores buscan, la norma terminaría por empeorar la participación ciudadana.
Puesto que se conforman por la adhesión voluntaria e inorgánica de las personas a una causa común, los movimientos sociales cumplen una función esencial en las democracias modernas. Ellos llaman la atención a problemas que se experimentan en la vida cotidiana y que son consecuencia de acciones del Estado o agentes privados. Gracias a su posición externa a la estructura de partidos, los movimientos sociales son independientes de anclajes doctrinarios y cálculos electorales. Esto les confiere una gran libertad de acción para perseguir sus objetivos de forma autónoma, organizar su acción colectiva, e interpelar a estructuras políticas y sociales.
Hoy no habría paridad de género sin movimiento feminista, tampoco acción global contra el cambio climático sin movimiento ecologista y, por cierto, no habría reconocimiento de pueblos originarios sin movimiento indígena. Los movimientos sociales están ahí para recordarle al Estado desigualdades injustificadas, discriminaciones recurrentes y puntos ciegos en su estrategia de desarrollo. Si la nueva Constitución los estatiza, esta capacidad se perderá.
Las consecuencias de esta estrategia son altamente riesgosas para una democracia moderna. Primero, se provocaría una división entre movimientos formales e informales. Ellos se escindirían, pues muchas personas que adhieren a sus causas no estarán dispuestas a participar en estructuras políticas y seguirán con el activismo por cuenta propia. Esto, finalmente, debilitará al movimiento. Segundo, al formalizarlos políticamente, se cerrará aquella porosidad de las fronteras del movimiento que permite la adhesión espontánea de un público latente e ideológicamente transversal. Como en una empresa, ahora los adherentes tendrán membresía formal. Y tercero, además del incentivo a una fragmentación política que dificulta la búsqueda de acuerdos, en el largo plazo se puede producir una unidad entre Estado y movimientos sociales que capture la capacidad crítica de estos para interpelar a poderes formales y fácticos.
Con esta construcción de hegemonía pierden el movimiento y los partidos. Los primeros dejan de tener su anclaje en la experiencia cotidiana y los segundos perderán su vínculo con el mundo social. Se trata de roles distintos, no homologables. En el siglo XX hay casos que muestran lo lejos que puede llevar esta unidad de Estado y movimiento. Los más conocidos son el fascismo alemán, el peronismo argentino y el “socialismo real” soviético.
Los convencionales debieran considerar que sin la independencia de los movimientos no estaríamos en el proceso constituyente actual. Eliminarla pone en riesgo la posibilidad de potenciar la sociedad civil y de entregar herramientas a las comunidades para participar y resolver problemas locales en conjunto y sin dependencia de decisiones centralizadas. En vez de poner al Estado al servicio de las personas, lo que plantea la norma más parece un lobbismo institucionalizado.
