La política nacional es compleja y en ella no es fácil avanzar. Esto siempre ha sido así en algún grado. Pero hoy, con una ciudadanía que demanda cada vez más y que carece de paciencia, se hace más problemático.
Hay indicios de que, en el Chile de hoy, los políticos locales y, en particular, los alcaldes juegan con ventaja. Una reciente encuesta de la Fundación P!ensa, en la Región de Valparaíso, sugiere que, respecto del Congreso y del Gobierno, los municipios gozan de más confianza, mayor conocimiento y mejor evaluación. En suma, son un escenario privilegiado para hacer política.
¿Es este un fenómeno nuevo? Difícil saberlo bien, pero hay razones que pueden explicar una predilección por lo local y varias de ellas son hoy más fuertes que antes.
Primero, la política nacional se ha desprestigiado. Los escándalos de financiamiento de la política y una población más informada y exigente aumentaron la percepción de corrupción. Esto afectó a todas las instituciones, pero no de forma pareja. Las encuestas CEP muestran que en 2002 las municipalidades eran percibidas como más corruptas que los ministerios y que el Congreso, justo al revés de lo que sucede en 2017 (la percepción de mucha corrupción pasó de 30 a 45% en las municipalidades, de 21 a 47% en los ministerios y de 25 a 60% en el Congreso). Es decir, la credibilidad relativa de las municipalidades dio un salto importante.
Al mismo tiempo, la identificación con los partidos políticos ha caído sostenidamente desde el retorno a la democracia. A principios de los 90, en torno al 80% se identificaba con algún partido; hoy es apenas el 19%, y ello pese a haber mayor oferta. En tanto, solo 6% confía en los partidos (CEP 1990-2019). Esto favorece a la política municipal, pues mientras los partidos juegan un rol fuerte en el Congreso y en el Gobierno, los alcaldes pueden mantener distancia e incluso coquetear con el personalismo.
Segundo, la política nacional es compleja y en ella no es fácil avanzar. Esto siempre ha sido así en algún grado. Pero hoy, con una ciudadanía que demanda cada vez más y que carece de paciencia, se hace más problemático.
Las primeras cuatro prioridades que la gente declara para los alcaldes son básicamente las mismas que declara para el Gobierno: delincuencia, salud/consultorios, educación y corrupción (solo faltan las pensiones, y por motivos entendibles). Pero en las prioridades para los alcaldes, siguen aspectos muy concretos, como basura y limpieza, mantención de veredas y calles, iluminación, áreas verdes (CEP, 2016). A los municipios pueden faltarles recursos para esas tareas, pero al menos lo que hay que hacer es claro. Y tangible. No sucede lo mismo con el resto de las prioridades para el Gobierno, como empleo, drogas o desigualdad, en las que hay tantas posiciones como políticos y cuyos resultados, si algo, tardan en llegar.
Por otra parte, mientras el Gobierno necesita aprobar sus proyectos en el Congreso, donde la norma es que carezca de mayorías (la excepción desde 1990 fue Bachelet II), el alcalde tiene menos contrapesos institucionales. Así, es más fácil para un alcalde que para el Gobierno hacer propuestas que le importen a la gente e implementarlas rápido.
Por último, los debates de la política nacional son complicados (pensemos en integración tributaria) y, ya sea por su dificultad intrínseca o por falta de voluntad de las partes, no es fácil llegar a acuerdos. La ciudadanía, que prefiere fuertemente que los políticos privilegien los acuerdos antes que sus propias posiciones (58% versus 25%; CEP, 2017), se ve frustrada y se desentiende; mal que mal, a nadie le faltan asuntos que atender.
En fin, la política nacional está venida a menos, es compleja y avanza más lento de lo deseado. No es casualidad, entonces, que de los ocho personajes mejor evaluados de la última CEP, cuatro sean alcaldes (Lavín, Barriga, Matthei y Sharp), más uno que casi lo es (Ossandón). Por el contrario, entre los ocho peor evaluados, seis son presidentes de partidos… Así las cosas, no sería raro que la próxima presidencial se juegue, al menos en parte, en la cancha municipal.
La pregunta, entonces, es en qué medida los motivos que llevan a una buena evaluación de la política local no son sino propios de esta. ¿Qué pasará cuando un alcalde, ya presidente, deba abordar prioridades que son abstractas y cuya solución no es evidente? ¿Y cuando se enfrente al Congreso, con su debate infructuoso y sus contrapesos? ¿Qué opinará la ciudadanía cuando el alcalde-presidente se vea obligado a gobernar con los deleznables partidos? La era de la política local en el Gobierno puede terminar en gran desencanto.
