Una vez más gana Goliat. Una vez más se impone el cálculo mezquino de los intereses políticos por sobre la justicia.
La semana pasada la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Sename II, que investigó durante un año lo que ha venido sucediendo en esta institución durante los últimos 10 años. Más allá de todos los reparos que pueda tener el informe, el rechazo de la Cámara significa traicionar a los 1.313 niños y adolescentes muertos en los centros dependientes del Sename o en organizaciones colaboradoras y a los cientos o miles de niños víctimas de torturas, maltratos, violaciones y abusos sexuales, los que probablemente siguen ocurriendo.
¿Cuál es la razón para este rechazo? Si el problema es la calidad del informe, ¿por qué entonces no se rechazó en la comisión?, ¿cómo entender que diputados aprueben el informe en la comisión y luego rechacen el mismo informe o se abstengan? ¿Por qué tuvo el Gobierno que ejercer presión para que los diputados lo rechazaran? La razón es sin duda política. El Gobierno, en vez de asumir la responsabilidad política por hechos que traspasan su período, ejerció su poder para proteger sus propios intereses. Los diputados oficialistas, por su parte, en vez de defender los intereses de los niños más desvalidos del país, optaron por defender los intereses del Gobierno. Una vez más gana Goliat. Una vez más se impone el cálculo mezquino de los intereses políticos por sobre la justicia.
¿Por qué tanto asombro, si no ha pasado nada nuevo? Me asombro y me indigno, porque esta vez no estamos hablando de fraude al fisco, ni de financiamiento irregular a la política, ni de cohecho, estamos hablando de vidas humanas, de la vida de miles de niños, de nuestros niños más necesitados. Estamos hablando de la muerte de Lissette Villa, una niña de once años que fue asfixiada hasta la muerte por dos cuidadoras en un centro del Sename. Estamos hablando de niños asesinados, torturados y abusados en instituciones del Estado. De esto estamos hablando.
El rechazo del informe es inaceptable, porque más allá de lo injusto que pueda ser calificar el actuar de Javiera Blanco como negligencia inexcusable o de lo problemático que pueda ser para el Estado de Chile que la Cámara lo acuse de vulnerar de forma grave y sistemática los derechos y la dignidad de los niños, más allá de los intereses particulares de este Gobierno, más allá del aprovechamiento político de la oposición, están los 1.313 niños muertos y los miles de niños maltratados y abusados.
Es triste constatar que la vida de estos niños no importa. ¡Cuánto más importante son la gratuidad, el aborto o las universidades estatales! ¡Cuántos más recursos invierte el Estado en los jóvenes universitarios que en quienes se encuentran en riesgo social! ¡Algo está podrido en Valparaíso!
