Es curioso que en nuestro debate se ponga tanto énfasis en la alta participación privada en educación y se recurra a una comparación con países que tienen casi únicamente provisión estatal. La explicación es muy simple: históricamente nunca han abierto una posibilidad de elección a sus ciudadanos en educación. Difícilmente puede, entonces, encontrarse en esos casos una educación privada relevante, salvo aquella que es financiada por los propios padres, que, al igual que en Chile, tiene una participación minoritaria en dicha provisión. Que hayan optado por ese camino es legítimo, sobre todo porque la posibilidad de elección en educación nunca fue parte del debate que los constituyó como nación. Por cierto, en muchos de esos países en los últimos años el debate respecto de esta posibilidad ha cobrado fuerza e incluso algunos han adoptado cambios institucionales para permitirlo. El caso más emblemático es Suecia.
Otros, en cambio, han avanzado desde muy temprano en el desarrollo de su sistema educativo a la posibilidad de elegir entre distintos proveedores públicos y privados. Aquellos países que han optado por este camino entienden que todas las opciones son legítimas, siempre que cumplan con los requisitos que establece la legislación. Dos casos son emblemáticos, aunque no únicos, en el mundo desarrollado: Holanda y Bélgica. En esos países la participación privada en educación llega a 69 y 54 por ciento, respectivamente. El financiamiento para todos los proveedores se da en estos casos en iguales condiciones. Es interesante que Holanda reporte en la publicación “Education at a Glance”, de la OCDE, que toda su educación es pública. Desde luego no significa que ella sea estatal, sino que entiende que tanto la estatal como la privada comparten esa naturaleza.
Por su historia, Chile pertenece a esta categoría de países. Desde el siglo 19 que hay financiamiento público a educación privada y, por ejemplo, en la Ley de Instrucción Primaria de 1920 se consagra que a la educación privada gratuita se la financiará con una subvención por estudiante y por asistencia. No es la dictadura militar, entonces, la que creó esta forma de financiamiento, sino que la hizo extensiva a la educación estatal y le dio un carácter estable. Si se quiere, el modelo de financiamiento de la educación escolar se acercó más al de las naciones recién mencionadas. Pero a pesar de la precariedad original en el financiamiento público de la educación privada, antes de la reforma de 1980-1, su participación en la provisión escolar alcanzó, entre 1920 y 1980, proporciones que variaron entre 25 y 30 por ciento, y algunos años casi al 35 por ciento. Ahora, en esta dimensión estamos entre Holanda y Bélgica, es decir, en línea con lo que cabe esperar en un país donde los padres pueden elegir el establecimiento al que envían a sus hijos.
Estos números tampoco son tan distintos de los que se observan en otros países que, por medio de financiamiento público, posibilitan una oferta más diversa de establecimientos. En educación secundaria —quizás más apropiada para evaluar elección por movilidad de los estudiantes, aunque las diferencias con educación primaria son menores— se observan países o regiones como Taiwán, Australia, Irlanda y Hong Kong con participaciones privadas de 36, 40, 66 y 93 por ciento, respectivamente. Por cierto, se podría argumentar que Chile no solo tiene proveedores privados, sino que también con fines de lucro, pero ello tampoco es un fenómeno único de nuestra nación. La lista de países es amplia, incluyendo a Suecia. En algunos la participación es modesta, y en otros, aun más relevante que en Chile, donde un tercio de los estudiantes estaría matriculado en establecimientos con estos fines.
Se cuestiona también el aporte que puede hacer este “modelo” de elección entre distintos proveedores a una educación de más calidad. La evidencia, aunque mixta, es porfiada en que tiene un enorme potencial, sobre todo si el valor del financiamiento por estudiante corresponde efectivamente al costo de educar. Un estudio reciente (Christopher Neilson, “Targeted Vouchers, Competition Among Schools, and the Academic Achievement of Poor Students”, Universidad de Yale) es contundente en mostrar cómo la subvención escolar preferencial apoyada en la posibilidad de elección de colegios contribuyó recientemente en Chile a aumentar la calidad de la educación de los estudiantes más vulnerables y a reducir las brechas con los estudiantes de mayor nivel socioeconómico.
Es muy importante que se debata en educación, pero ojalá los acentos se pusieran en las dimensiones correctas.
