La encuesta CEP de julio-agosto 2012 consultó: «En su opinión, ¿cuál debería ser la principal forma en que el Estado apoye a las personas en situación de pobreza?». El 78% de los entrevistados contestó: «A través de programas que mejoren capacidades (educación y capacitación)», y sólo 18% prefirió la alternativa «A través de transferencias de dinero (bonos)». El 4% no contestó la pregunta. Estos resultados ilustran con claridad la visión del chileno respecto de las políticas sociales -prefiere que le enseñen a pescar a que le entreguen pescado- y contribuyen al listado de razones técnicas que llevan a oponerse al asistencialismo.
Lo anterior explica la creciente preocupación por el establecimiento de una política discrecional de entrega de bonos iniciada ya hace algunos años. Ella contrasta con la seriedad de nuestra institucionalidad en materias económicas. Los bonos distorsionan las expectativas y desincentivan el esfuerzo. Alivian la situación de las familias en el cortísimo plazo, en desmedro del objetivo de terminar con la vulnerabilidad en el largo. Los más vulnerables no dejarán de serlo por recibir transferencias de vez en cuando, como tampoco serán más populares quienes las promuevan. Así lo demuestran las cifras de la encuesta CEP, que no permiten establecer una relación estadística precisa entre la aprobación presidencial y la entrega de bonos.
Los costos de esta política son, además, altos. Solo en el último año de la administración de la ex Presidenta Bachelet se entregaron bonos por un total de 500 millones de dólares, y los tres bonos entregados en lo que va de la administración del Presidente Piñera han significado un costo superior a los 650 millones de dólares. Para poner estas cifras en perspectiva, dos datos: el costo anual del Ingreso Ético Familiar es cercano a los 420 millones de dólares, y terminar con los campamentos en Chile se estima costaría un poco más de 500 millones de dólares.
Así, quedan pocas dudas de que la política de bonos responde más a las necesidades de los políticos y menos a las de las políticas -¿ha notado la increíble velocidad de su promulgación en el Congreso?-. Esto es evidente al escuchar las razones de quienes los justifican. Si no es la necesidad de compensar alzas en los precios de los combustibles o alimentos, el impacto negativo de una crisis internacional, o las complicaciones propias de marzo, es la necesidad de premiar a la población por el buen desempeño de la economía.
Los fondos destinados al último bono podrían haber sido utilizados para desarrollar programas sociales de fomento al empleo o para perfeccionar el Ingreso Ético Familiar, particularmente en lo relativo a sus transferencias condicionadas. Pero en el contexto actual, el tema parece ser otro. Si aún no le ha tocado bono, tenga paciencia. Quizás la próxima vez usted sea el afortunado.
