En 2017, la economía chilena completó un período de cuatro años con un crecimiento promedio bajo el 2% anual, el peor resultado para un cuatrienio desde la primera mitad de los ochentas. A este menor crecimiento contribuyeron tanto factores externos como internos.
En la parte externa, el fin del superciclo del cobre y el bajo crecimiento mundial del período 2013-2016 conformaron un shock negativo que terminó reduciendo la inversión, las exportaciones y el ingreso nacional. En el frente interno, por su parte, el cuestionamiento continuo a la economía de mercado -el único modelo conocido que permite el progreso- y un conjunto de reformas con problemas de foco, diseño e implementación crearon un ambiente poco propicio para el emprendimiento y la inversión, terminando por afectar las expectativas económicas y el crecimiento. De hecho, la inversión se contrajo en cada uno de los últimos cuatro años, ¡el peor registro en los últimos cien años!
Afortunadamente, este cuadro está cambiando. Todo apunta a que estaríamos entrando a un ciclo más favorable que debiera reimpulsar el crecimiento en Chile. En el frente externo, la economía global está experimentando una expansión amplia y sincronizada, que abarca a países avanzados y emergentes, y de magnitud mayor a la anticipada. Destaca también que en los países avanzados, a pesar de la pronunciada caída en las tasas de desempleo y la práctica desaparición de las brechas de capacidad, los aumentos salariales y las inflaciones esperadas y efectivas se mantienen bajas.
Entre los países emergentes, China e India crecen sobre el 6,5% anual, mientras que Rusia, Argentina y Brasil salieron de sus recesiones. Como resultado, se estima que el crecimiento mundial habría alcanzado un 3,7% el 2017 (dos veces y media el crecimiento de Chile en ese año) y que llegaría a un rango del 3,8 al 4% este año. Cifras optimistas si se comparan con el desempeño de la economía mundial en 2016 (3,2%) y con la tasa promedio del período 2013-2016 (3,4%).
En gran parte como resultado del alto dinamismo de la economía mundial y particularmente de China, el principal demandante mundial de productos primarios, los precios de estos productos se han incrementado en forma importante en el último año, destacando el cobre y la celulosa de fibra corta, que aumentaron un 30,1% y un 23,6%, respectivamente, durante 2017.
Con todo, el entorno externo presenta importantes riesgos tanto económicos como geopolíticos. En lo económico, la inflación de Estados Unidos y de la Zona Euro puede comenzar a despertar con alzas más allá de lo proyectado llevando a sus bancos centrales a subir las tasas más de lo esperado. Este riesgo se ha exacerbado con la reciente reforma fiscal de Estados Unidos, que tendrá efectos expansivos en la demanda en momentos en que la economía se encuentra en pleno empleo.
Por el lado geopolítico, están siempre presentes los problemas en el Medio Oriente y en la Península de Corea, a los cuales se agregan los potenciales conflictos globales asociados a las actitudes nacionalistas, mercantilistas y proteccionistas del gobierno de Trump, en momentos en que el Presidente Xi Jinping consolida su poder y China aumenta su presencia global.
En el frente interno, las condiciones también son más auspiciosas para el crecimiento. En la elección presidencial triunfó, con una diferencia importante e inesperada, el candidato que tenía como foco de su programa crear condiciones más propicias para el emprendimiento, la inversión y el crecimiento. Esto debiera llevar en el corto plazo a una mejora de expectativas que junto con condiciones macro ordenadas -inflación baja e inferior a la meta del Banco Central, finanzas públicas todavía robustas a pesar de la peligrosa dinámica que tomó la deuda pública en los últimos años y que requerirá de una reducción gradual del déficit estructural, déficit en cuenta corriente bajo, cargas de deuda de empresas y familias manejables, y sistema financiero sólido- y un mercado laboral débil y un producto por debajo del potencial, conforman un cuadro propicio para retomar el crecimiento.
Como resultado, están dadas las condiciones para que el crecimiento tome más fuerza en 2018 y bastante más empuje en 2019-2021, lo que contribuiría a una sólida creación de empleos privados y a la desaparición gradual de la brecha de capacidad.
Pero para sostener una tasa de crecimiento por sobre el 4% anual o más por un horizonte temporal más largo serán necesarias acciones encaminadas a estimular el crecimiento potencial. A este tema ya me he referido con detalle en columnas anteriores, pero a modo de resumen es necesario trabajar en tres frentes. Primero, remover obstáculos al ahorro y a la inversión. Segundo, dada la caída en la tasa de crecimiento sostenible de la fuerza laboral -por la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población-, son necesarias también reformas orientadas a facilitar el empleo de los jóvenes y mujeres con bajo nivel de calificación y de los adultos mayores. Tercero, facilitar los aumentos de la productividad, removiendo obstáculos a la formación de capital humano, a las transferencias de tecnología y al ajuste de las empresas.
Para movernos en esta dirección va a ser necesario introducir también ajustes de las reformas recientes que incluyan: (1) una simplificación del sistema tributario, reduciendo su costo de administración y de cumplimiento y el sesgo contra el ahorro y la inversión del sistema actual; (2) reenfocar la reforma educacional, haciéndose cargo de una vez por todas del problema de calidad de la educación pública temprana, básica y media, que es la principal causa de las desigualdades de oportunidades y un gran limitante del crecimiento del capital humano y del crecimiento potencial; (3) en la parte laboral, será necesario clarificar la extensión de los servicios mínimos y preparar a los trabajadores para el siglo XXI, haciéndose cargo de la revolución en la economía digital y la robótica, promoviendo arreglos laborales que privilegien la capacitación y la adaptabilidad. Esto último es fundamental para proteger los empleos, facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores y promover aumentos de productividad.
Para dar un salto en la inversión, la nueva administración tendrá que enfocarse también en mejorar la institucionalidad de aprobación de grandes proyectos -para reducir la incertidumbre de los inversionistas y el largo desfase entre la preparación de un proyecto, sus distintas instancias de aprobación y su ejecución-, acelerar las concesiones para hacerse cargo de las carencias en infraestructura que restringen la inversión y afectan la competitividad, enfrentar la reforma del Estado para hacerlo capaz de satisfacer en forma eficiente y eficaz las demandas de los ciudadanos, especialmente de las clases medias. No hay que olvidar también que no basta tener una economía de mercado, esta tiene que ser competitiva y las regulaciones deben ser eficientes. En competencia y regulación es necesario reforzar la competencia en los mercados de bienes y servicios y hay que seguir avanzando en proteger los derechos de los consumidores: En regulación, es necesario reducir la complejidad de los procedimientos administrativos para los negocios y simplificar las regulaciones sectoriales (OCDE, 2017).
En cuanto a progreso social, es necesario hacerse cargo del problema de la delincuencia, de las bajas pensiones y de la importante diferencia en el acceso a la salud según quintiles de ingreso y distribución geográfica que muestran los distintos estudios de opinión. En pensiones, cualquier especialista imparcial tiene claro que lo medular es aumentar la contribución obligatoria, incorporar a los trabajadores independientes al sistema general, reducir las lagunas previsionales, y que transferencias intra o intergeneracionales para apuntalar las pensiones de grupos que no sean capaces de acumular un fondo que les permita generar una pensión digna se deben financiar con ingresos generales de la nación y no con impuestos al trabajo.
Para enfrentar el problema de salud, que es una tarea de las más difíciles, se requiere avanzar en mejorar la gestión del sistema estatal de salud (incluido en la reforma del Estado mencionada más arriba y a la cual ya me referí en mi columna del mes pasado), perfeccionar los sistemas de seguros de salud e invertir en infraestructura en el sector.
Con todo, las condiciones para enfrentar estos ajustes en las políticas internas son propicias. Lo que se requiere ahora es avanzar en acuerdos políticos para articular este tipo de reformas y así retomar un camino de progreso con mayor igualdad de oportunidades.
