Estamos ad portas de la discusión presupuestaria en un momento político y económico complejo. El Caso Convenios ha puesto el foco en el debate sobre el uso de los recursos públicos que bien conviene aprovechar para avanzar hacia una asignación más eficiente, sin restringir el actuar de la sociedad civil.
Se acerca la discusión del presupuesto fiscal para el año 2024, donde se define el destino de gastos por un monto cercano a un cuarto del PIB nacional. ¿Cuánto crecerá respecto del 2023? Esa es la pregunta que más se repite en la discusión pública por estos días. Justamente hoy trascendió que aumentará por sobre 2%, una tasa mayor que el 0,7% del año pasado. A pesar de que este nivel es menor al promedio histórico, existen riesgos relevantes de contención de la deuda del gobierno que deberán ser sopesados en la discusión. Especialmente considerando el deterioro que se observa en las finanzas públicas en lo que va del año. Sin embargo, igual de importante que el debate sobre cuánto crecerá el erario, es el debate del uso de los recursos y cuál será su distribución.
Desde la ciudadanía existe un fuerte cuestionamiento a cómo se utilizan los dineros públicos. Esto se refleja en que menos de un 15% de los chilenos cree, sostenidamente, que el Estado gasta correctamente los recursos fiscales (Encuesta CEP 2015; Espacio Público IPSOS 2022). Más allá de los últimos y graves acontecimientos de traspaso irregular de dineros a algunas fundaciones, el problema de la eficiencia de nuestro gasto público se arrastra por años. Los últimos informes de la DIPRES levantan una vez más la alerta de los serios problemas de ejecución del presupuesto, que terminan generando grandes desembolsos a fines de año, con graves riesgos en ineficiencia y calidad. También vuelven a confirmar el serio problema de resultados y altos gastos administrativos que exhiben nuestros programas sociales.
El erario puede jugar un rol relevante en potenciar la capacidad productiva del país a través de una mayor inversión. Factor clave considerando el escenario actual en que nuestra economía muestra signos de agotamiento en su capacidad de crecer en el mediano plazo. Lamentablemente ya llevamos varios años en que se observa lentitud al momento de ejecutar el gasto de capital, que a julio de este año muestra un 40% de avance versus un 59% del gasto corriente. Los informes señalan diversas razones que estarían explicando esta situación, pero el hecho de que la subejecución sea una constante año tras año hace pensar en que tenemos una deficitaria gestión de proyectos. Un ejemplo preocupante es lo que se observa en educación, en el contexto de la reactivación post pandemia, donde el programa Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública solo ha gastado un 28% de sus recursos a junio.
Pero este año esta subejecución crónica de gastos de capital tiene el potencial de ser aún peor. Dado que a la fecha hemos desembolsado más de lo que debíamos, será necesario apretarse el cinturón en lo que queda del año. El ministro Mario Marcel anunció que se realizará un ajuste fiscal por cerca de US$ 2 mil millones para hacer frente a esta situación, así como a los menores ingresos proyectados. Más allá de que existen dudas respecto de si será suficiente y de la factibilidad de hacer un recorte de esa magnitud en estos cuatro meses, surge la preocupación respecto de dónde se realizará ese ajuste. Lamentablemente es previsible que el gasto de capital sea el principal damnificado dado que el de tipo corriente tiene una alta inercia y es políticamente más difícil de recortar.
Pero también es necesario hincarle el diente al gasto programático. Hace unos días, la DIPRES publicó los resultados de las evaluaciones ex post de este año, incluyendo ocho que no se conocían de la línea de programas gubernamentales. De ellos, solo dos tuvieron resultados de desempeño medio, y el resto se ubica en las categorías baja y mala. Entre estos últimos, dos políticas llevan más de dos décadas de funcionamiento. Esta situación no es nueva y se arrastra por años, lo que evidencia la calidad insatisfactoria de los programas públicos chilenos (Comisión Mejor Gasto 2021).
Nuestro sistema de evaluación y monitoreo de los programas públicos ha experimentado un largo camino de consolidación, así como importantes avances en los últimos años. Destaca especialmente la creación de nuevos espacios de coordinación entre la Subsecretaría de Evaluación Social y la DIPRES y el reciente rol asesor de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Sin embargo, todavía tiene importantes desafíos de cobertura, de definición de consecuencias de sus resultados y vinculación con la Ley de Presupuestos, que genere una mejora efectiva en los programas públicos. En este sentido, fue un signo positivo, aunque tímido, que la presentación del erario 2023 haya incluido una disminución del 5% de los recursos a los programas mal evaluados.
Estamos ad portas de la discusión presupuestaria en un momento político y económico complejo. El Caso Convenios ha puesto el foco en el debate sobre el uso de los recursos públicos que bien conviene aprovechar para avanzar hacia una asignación más eficiente, sin restringir el actuar de la sociedad civil. Se requiere modificar algunas prácticas de gestión presupuestaria que no incentivan la eficiencia del gasto y que además afectan la capacidad productiva del país. Junto con ello, se necesita que los valiosos insumos preparados por nuestro sistema de evaluación sean adecuadamente utilizados en la discusión presupuestaria y que tengan un impacto relevante en la mejora de nuestros programas sociales. Romper esta inercia de años no es fácil, pero este nuevo proceso tiene la particularidad de que la ciudadanía está cansada de ver cómo se malgastan los recursos que ellos mismos aportan. La crisis actual puede darnos una ventana de oportunidad para al fin avanzar en una mayor eficiencia del gasto fiscal.
