Señor Director:
En las próximas semanas entra en su etapa decisiva de tramitación en el Congreso Nacional, la llamada «Ley de Fármacos», que entre muchos otros aspectos pretende garantizar el acceso y la calidad de los medicamentos a la población y además mejorar las condiciones de competencia en este complejo mercado. En el proyecto hay varios puntos que la favorecen sustancialmente:
1. Obliga a los médicos a prescribir los fármacos por el nombre genérico de los medicamentos.
2. Las farmacias estarán obligadas a cambiar un medicamento de marca por otro bioequivalente, siempre que sea un producto con bioequivalencia certificada por el ISP, y en la medida que el paciente así lo requiera.
3. Permitirá la venta de los medicamentos en dosis unitarias, es decir el usuario podrá comprar solo lo que necesita y esté prescrito en la receta médica.
4. Permitirá la venta de medicamentos que no requieran de receta médica en góndolas de farmacias y en locales comerciales que no sean farmacias.
5. Prohibirá los incentivos económicos a los dependientes de farmacias para que ofrezcan un determinado medicamento.
Todo ello constituye una verdadera revolución en el mercado de los fármacos, que además de mejorar la accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos y de evitar incentivos perversos, dará mayor poder de decisión y elección a la población, lo que indudablemente redundará en un mejor servicio y en sustanciales rebajas en los costos para los usuarios. Conviene tener presente que los remedios representan casi la mitad del gasto de las familias en salud, y mucho más tratándose de adultos mayores o de enfermos crónicos.
La tramitación del proyecto de ley, que ya lleva casi dos años en el Congreso, ha sido sumamente dificultosa, a pesar de sus indudables beneficios para la población. Tengo confianza que los parlamentarios votarán en conciencia, en especial aquellos que creen que más competencia y transparencia siempre trae beneficios a los usuarios. Un rechazo a uno o más aspectos de los arriba mencionados solo traerá más desprestigio para la actividad política y la sensación que las «malas prácticas» prevalecen sobre el bien común y además aumentará la insatisfacción del público para con las empresas del sector.
Promover la transparencia y la competencia es la mejor forma de justificar socialmente la actividad privada. No vaya a ser que el «statu quo» en el mercado de medicamentos haga que predominen voces que exijan un laboratorio estatal y una cadena de farmacias estatal.
Eliodoro Matte L.
