Chile es el sexto país de la OCDE con un mayor porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. De acuerdo al informe «Education at a Glance 2014», los denominados «NINIs» ascendían en 2011 a 22,3% de los jóvenes entre 15 y 29 años. Esta cifra es casi siete puntos más que el promedio y nos deja junto a países tan heterogéneos como Turquía, Italia, España, Irlanda y México. Ahora bien, esta heterogeneidad esconde un patrón muy decidor: en Italia, España e Irlanda el grueso de los «NINIs» corresponde a jóvenes desempleados, pero que sí integran la fuerza laboral. Jóvenes que no estudian, pero que buscan empleo y cuya situación tendría más que ver con los efectos de la crisis que con otras circunstancias. Algo distinto ocurre en Chile, México y Turquía, donde en promedio 20 puntos del 24% de «NINIs» corresponde a jóvenes inactivos. En otras palabras: no estudian ni trabajan y ni quieren o no pueden hacerlo.
Para enfrentar esto se ha debatido sobre flexibilización de la jornada y se ha impulsado la capacitación de jóvenes y los contratos de aprendices. Sin embargo, ya sea por falta de priorización o por ausencia de acciones complementarias en otros planos, la proporción de «NINIs» parece no ceder. En efecto, desde Casen 2006 los «NINIs» oscilan en torno a 22%, con un alza en 2009 que fue producto de un aumento del componente desempleo (lo que hoy vemos en Italia, España e Irlanda), mientras que el componente inactividad se ha mantenido estable en torno a 17%. Dicho esto, vale la pena preguntarse sobre el efecto que puedan tener en este fenómeno otros factores como, por ejemplo, la concentración de jóvenes vulnerables en barrios segregados.
En este contexto, distintos estudios han graficado la correlación territorial que existiría entre los conjuntos segregados de vivienda social y otros elementos como la violencia intrafamiliar o precisamente con la incidencia de los «NINIs». En 2011, por ejemplo, el Minvu mostraba cómo más de la mitad de los condominios de vivienda social desarrollados en Santiago coincidían en áreas donde la inactividad juvenil superaba el 50%. Lo grave es que estos problemas surgen, al menos en parte, precisamente de la «solución habitacional» a la que estas familias accedieron a través del Estado. En los casos en que las viviendas se concentraron generando vastas zonas homogéneamente pobres, con elevados grados de hacinamiento y sin una adecuada provisión de infraestructura (ni local ni de conectividad), no debiera sorprendernos que emerjan correlaciones espaciales entre variables que a priori parecieran no estar directamente relacionadas.
Incluso, desde esta perspectiva parece esperable que la inactividad pueda estar relacionada con habitar áreas donde no abunden los referentes, los casos de éxito, las oportunidades, y donde no pocas veces confluyen la inseguridad, la marginación e incluso la desesperanza.
El diagnóstico respecto de lo que estaría ocurriendo en la periferia segregada no es nuevo. Por lo pronto, ya en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet el Minvu declaraba reorientar el énfasis del eje de la cantidad al de la calidad y la integración.
En este contexto, junto a los esfuerzos por perfeccionar los programas de subsidios, a la fecha se ha implementado una serie de iniciativas tendientes a revertir los efectos de la concentración acumulada de hogares vulnerables en zonas segregadas. Entre estas, el Programa de Recuperación de Barrios, el de Recuperación de Condominios Sociales «Segunda Oportunidad», los subsidios de Protección del Patrimonio Familiar, y otros cuya implementación no ha sido suficientemente articulada.
Difícilmente veremos descender la proporción de «NINIs» en ausencia de una debida coordinación entre las iniciativas y en la medida en que estas apunten solo al capital físico, y no complementariamente al capital social y humano. Junto con esto, tanto o más importante es que estas acciones sectoriales se formulen e implementen integradamente con otras iniciativas que empujan (o debieran empujar) otros ministerios, como son los programas de seguridad, la conformación de la red de transporte, los programas de capacitación y el apoyo a establecimientos educacionales, entre otros.
Poco avanzaremos mientras no aprendamos a trabajar este problema con una mirada intersectorial integrada y donde las acciones se coordinen oportunamente con los vecinos y las organizaciones locales. En el intertanto, seguiremos acumulando buenas intenciones, en general tímidas y casi siempre insuficientes e inefectivas. El día en que logremos avanzar hacia un enfoque centrado en el territorio, con políticas concebidas e implementadas de manera conjunta, nuestras chances de integrar a estos jóvenes marginados crecerán sustancialmente.
