Hace ya más de 10 años el Presidente Lagos nos decía que “en Chile las instituciones funcionan”. Usamos esa frase con orgullo durante mucho tiempo. Año tras año seguimos atentamente los distintos indicadores que nos ubican en un lugar privilegiado dentro del contexto Latinoamericano. Andrés Velasco, como ministro de Hacienda, impulsó que Chile entrara al selecto club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y a comienzos del gobierno de Piñera, esa iniciativa se hizo realidad. Hoy somos el único país sudamericano que pertenece a la OCDE.
La verdad es que Chile -el país aburrido, el mateo del barrio- tiene buenas razones para sentirse orgulloso. Pero también hay buenas razones para preocuparse. Nuestra institucionalidad está presentando claros signos de fatiga. Por ello no es casual que Chile vaya cayendo, lenta y gradualmente, en el índice de competitividad del World Economic Forum (WEF). Aunque seguimos siendo el país con el mejor índice en Latinoamérica, en los últimos 10 años hemos descendido de un destacado lugar 22 en el año 2004, al lugar 34 el año pasado. Y la competitividad, claro está, se relaciona con nuestra institucionalidad.
Tal vez es en el sector energético donde esta fatiga institucional se ha manifestado con mayor claridad. El caso de HidroAysén es el mejor ejemplo de que algo anda mal. Ciertamente, HidroAysén partió desarrollándose sin prestar mucha atención a lo que estaba sucediendo en Chile. Primó una mirada ingenieril que ignoraba el nuevo contexto del país. Con la llegada de Daniel Fernández, las cosas cambiaron. Pero pese a todos los esfuerzos -drástica reducción del área inundada, una nueva línea de transmisión con menor impacto y una relación más cercana con la región- ya era tarde. La campaña “Patagonia sin Represas” fue imbatible. Y también engañosa. Sólo recuerde que hasta las Torres del Paine aparecieron contaminadas por las torres de alta tensión.
Después de que el gobierno del Presidente Piñera dilatara el Consejo de Ministros y dejara la pelota dando bote, esta semana el Comité de Ministros finalmente le puso la lápida al proyecto. Y lo peor, o lo más triste, es que nadie esperaba otro desenlace. Este proyecto ya estaba muerto. Pero su muerte no obedeció a razones técnicas o jurídicas. Fue un funeral político.
Suele argumentarse que nuestro sector eléctrico se encuentra muy concentrado. De hecho, hay tres grandes empresas generadoras en Chile: Endesa, Gener y Colbún. Pero no podemos olvidar la experiencia de quiénes han intentado entrar a competir en esta industria. La multinacional francesa Suez lo intentó con Barrancones. Bastaron un par de llamadas para botar ese proyecto, dañando, de paso, nuestra frágil institucionalidad. El gigante alemán E.ON no tuvo mejor suerte con Castilla. Esta vez fue la Corte Suprema quien decretó que no cumplía a cabalidad con la ley. Y SN Power, una empresa Noruega que también intentó entrar en Chile, tampoco logró sacar adelante su central hidroeléctrica Maqueo. Se toparon con comunidades mapuches y el famoso convenio 169 de la OIT. Por si fuera poco, el gerente de este proyecto fue baleado al llegar a su casa. Al final, ni los vikingos pudieron entrar a nuestra “fértil provincia señalada”.
Frente a esta realidad, imagínese lo que piensan los ejecutivos franceses, alemanes o noruegos respecto de la posibilidad de invertir en proyectos de energía en Chile. No debe sorprendernos que hayan optado por invertir en otros países de la región. Ya sea por la amenaza de grupos ambientalistas, por trabas burocráticas o, en definitiva, por la incertidumbre judicial que generan los proyectos energéticos, el contexto para los inversionistas es desalentador.
Y a todo esto, hay que agregarle la incertidumbre política. La verdad es que sin el apoyo de la autoridad un gran proyecto energético no tiene viabilidad en Chile.
Basta mirar un poco hacia atrás. ¿Cree usted que hubiera sido posible la construcción de Ralco sin el apoyo decidido y explícito del Presidente Frei? Y vaya que fue importante ese respaldo. Sin Ralco, quizá estaríamos bailando otra cueca. Una cueca más oscura, por cierto.
El ministro Pacheco ha propuesto una ambiciosa agenda energética. Ha recibido apoyo transversal, ya que todos sabemos que este tema no da para más.
Pero desgraciadamente el problema es más profundo. Nuestro anquilosamiento institucional no sólo afecta a la industria eléctrica. Sucede algo similar con la minería. Y, en general, con cualquier proyecto de envergadura. Como si las grandes inversiones fueran la encarnación diabólica del lucro, surgen sorpresivas barreras de entrada para los grandes proyectos. De hecho, torpedear y entorpecer las grandes inversiones se ha convertido, para una serie de hábiles abogados oportunistas, en un negocio muy lucrativo. En definitiva, parece que Chile ya no es un destino atractivo para grandes inversiones. Hay demasiados riesgos. Y poca certeza.
Bajo el gobierno del Presidente Lagos se lanzó una importante reforma del Estado. Nos dio un gran impulso. Pero si Chile ha seguido creciendo, no podemos decir lo mismo de su institucionalidad. Incluso una gran iniciativa como la Alta Dirección Pública, ya presenta serias deficiencias. Todo esto da para reflexionar respecto de nuestro entramado institucional. Más aún ahora, cuando se discuten grandes reformas. La ansiedad política por aprobar nuevos proyectos de ley, el afán de legislar sin transar, no nos permite ver el bosque. Esa nube de sueños y promesas no nos deja ver que nuestra institucionalidad ya no da el ancho. Ni siquiera para prender la luz.
