Thomas Hobbes publica en el año 1651 una de las contribuciones más importantes para el pensamiento político moderno: El Leviatán. El libro se inicia con una figura llena de simbolismos que representa la imagen de ese monstruo bíblico que es, precisamente, el Leviatán. En la parte superior de esta imagen aparece una cita en latín, extraída del Libro de Job. Dice: “No hay potestad sobre la tierra que se le compare”. Hoy es bastante común utilizar la metáfora del Leviatán para referirse al Estado. Refleja su poder.
Sin el Leviatán estaríamos, según Hobbes, en un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos. En ese estado brutal, sin derechos ni deberes, ni siquiera la vida estaría garantizada. Este es el origen del contrato social: los ciudadanos se ponen de acuerdo para formar el Estado, garantizándose así la paz y el desarrollo. Por esta razón, el cuerpo del Leviatán está conformado por pequeños puntos que, mirados con atención, son los ciudadanos que miran hacia el Leviatán.
El contrato social requiere de un Estado que en esa época se confundía con el gobierno. En las democracias representativas modernas, esa tenue línea que dividía al Estado del gobierno es mucho más clara. Y mientras más clara esté, mejor para el desarrollo de un país.
No debemos olvidar esta diferencia fundamental entre gobierno y Estado. La Presidenta Michelle Bachelet es su discurso del cierre de Enade planteó: “Porque yo siempre escucho solamente lo que el Estado tiene que hacer, y está muy bien, nosotros como Estado haremos todo lo que tenemos que hacer”. Imagino que fue un error involuntario fruto de una improvisación después del inapropiado discurso de Alfredo Ovalle. El gobierno no es el Estado. El Estado es de todos los chilenos.
Esta distinción entre gobierno y Estado nos permite entender que el Estado funciona mejor cuando la independencia del gobierno de turno es mayor. De hecho ¿qué instituciones funcionan bien? Creo que existe consenso en que el Banco Central es un buen ejemplo. En este esquema se elige un consejo independiente y autónomo. Su desempeño es independiente del gobierno de turno y de los ciclos políticos. Sus objetivos son claros.
Y otra institución que tiene un consejo autónomo e independiente es la Alta Dirección Pública. Los resultados están a la vista. Fíjese que antes de su creación, en Chile se designaban a dedo 267 cargos por cada millón de habitantes. Ese sí que era un festín para el cuoteo político. Desde que entró a funcionar la Alta Dirección Pública, sólo se eligen entre 55 y 100 cargos por millón de habitantes. Pero aún nos queda camino por recorrer: Gordon Brown pudo nombrar directamente a 53 asesores sólo un por millón de habitantes.
¿Qué nos impide utilizar el modelo del Banco Central o de la Alta Dirección Pública en otras reparticiones públicas como podrían ser, por ejemplo, el MOP, Educación, Salud o Dirección del Trabajo? Imagine una especie de directorio autónomo e independiente con una misión clara. Es una fórmula que requiere acuerdos, digna de explorarse. De hecho parte del éxito de Irlanda se debe a un acuerdo de este tipo.
Ambos casos -Banco Central y Alta Dirección Pública- tienen algo en común: transparencia y accountability. Estos bienes escasos se convierten en bienes necesarios en una sociedad civil cada vez más exigente como la nuestra. Y otro gran activo es que, en un país donde la política se desprestigia, estos enclaves independientes y autónomos producirían un efecto de amortiguadores políticos.
Las empresas públicas, como parte del Estado, también son de todos los chilenos. ¿No le parece a usted que antes de enviar un proyecto de ley de gobiernos corporativos para las empresas privadas, el gobierno debería dar el ejemplo con la administración de nuestras empresas públicas? Pero en Enade hubo algunas noticias para celebrar. El ministro Velasco se comprometió a que en diciembre el Sistema de Empresas Públicas (SEP), que hoy es un organismo político, sería independiente y autónomo.
Es más, la Presidenta Bachelet planteó que las “empresas (públicas) son de todos los chilenos y las chilenas, entonces, la gestión tiene que ser muy rigurosa y con un máximo de transparencia”. Ya es hora de que empecemos a preocuparnos de nuestras empresas públicas. No sólo las empresas bajo la tutela del SEP deberían estar en el foco de nuestra preocupación. Codelco y Enap, por nombrar las más importantes, deberían iniciar un proceso de apertura ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Leonidas Montes es Profesor de Economía, Universidad Adolfo Ibáñez. Miembro del Consejo Directivo del CEP.
