Hoy es políticamente incorrecto defender la competencia. El malestar social se interpreta como contra las leyes de mercado. En la clase política, la balanza entre más Estado o más mercado ha sido inclinada hacia la izquierda. Pero muchas de las quejas contra el modelo -concepto ambiguo, que se presta para todo- no son atribuibles a los principios de mercado. Le doy un ejemplo.
Al salir del aeropuerto de Santiago, luego de pasar por los controles y antes de salir de la zona de seguridad, uno se encuentra con varios servicios de taxis oficiales. Están todos juntos, uno al lado del otro, en posición privilegiada para captar la atención de los pasajeros. La configuración hace pensar que la competencia por los clientes es fiera y que los precios y el servicio deberían así reflejarlo. Pero no es así. Basta consultar para darse cuenta de que algo anda mal: -«¿Cuánto sale un taxi a Providencia?». -«18 mil pesos», me responde la persona a cargo del primer mesón. – «¿No es un poco caro?», inquiero. -«Bueno, si no le gusta, pregunte al lado», me ladra.
Siguiendo la amable sugerencia, paso al siguiente mesón, recibiendo una tarifa de 17 mil pesos. La diferencia sugiere que la competencia no es tal. Le hago la consulta al nuevo encargado. Me responde que los precios entre compañías varían dependiendo de la zona. «Un viaje a Las Condes sale más caro aquí que allá, y viceversa a Providencia». La respuesta me deja aún más perplejo. ¿No son los costos marginales de un viaje a Providencia idénticos entre compañías? Las dudas me llevaron a desechar las ofertas y buscar otras alternativas.
Por suerte, al cruzar las puertas para salir del terminal, me encuentro con un mercado activo de taxistas, ávidos de negociar precios. El ambiente es un poco caótico y puede sorprender al turista, pero los beneficios de la competencia son evidentes. El viaje me sale 12 mil pesos en un taxi «no oficial».
¿Dónde esta el problema? ¿Habrá abusado el mercado de quien pagó 18 mil pesos? Por supuesto que no. Fue el diseño de la autoridad el equivocado. Las diferencias en el precio de los taxis sugieren que la licitación no priorizó al pasajero. Además, existe un evidente problema de fiscalización que perjudica a los taxis oficiales. ¿Serán sus rentas tan altas que no tienen incentivos para exigir mejoras?
Ante esto, algunos promoverán la acción del Estado: ¿Quizás una línea de taxis estatal? O, mejor aún, ¡la estatización de los taxis!
Evidentemente, esa visión es inapropiada. No se requiere más sino mejor Estado. Es necesario permitir que las fuerzas del mercado operen bajo una institucionalidad adecuada. Una fila única de taxis, bien diseñada, en la que la competencia sea leal y transparente, es una mejor solución y así se ha propuesto. El siguiente paso es una estación de Metro al aeropuerto. Pero le apuesto que el lobby para que esto no ocurra será grande, pues, cual virus, la falta de competencia busca replicarse en el tiempo. He ahí el problema.
