Es positivo que los candidatos expresen preocupación por las finanzas públicas; sin embargo, poco sirve comprometer austeridad si ni siquiera somos capaces de cumplir nuestras propias metas.
La reciente aprobación de la Ley de Presupuestos de 2026 ha reactivado el debate fiscal, especialmente en un contexto electoral donde proliferan las promesas de recortes y de disciplina.
Es positivo que los candidatos expresen preocupación por las finanzas públicas; sin embargo, poco sirve comprometer austeridad si ni siquiera somos capaces de cumplir nuestras propias metas. Y esto es especialmente relevante porque Chile no opera bajo programas del Fondo Monetario Internacional ni de organismos externos: nuestras metas fiscales son autoimpuestas, descansan en la autocontención del propio Estado, y, aun así, se han incumplido en innumerables ocasiones.
Los datos recientes no ayudan a revertir esta percepción. Hasta octubre, los ingresos fiscales acumulan una expansión anual de 4,8%, muy por debajo del 6,8% proyectado para fin de año por la Dirección de Presupuestos. En paralelo, el gasto ejecutado hasta octubre creció un 3,6% real, superando el 2,6% previsto. Con esta combinación, la meta de un balance fiscal de -2,0% fijada en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre se aleja y dificulta su cumplimiento: hoy distintas estimaciones apuntan a un déficit del orden del 2,5%.
El problema, es que no es un hecho aislado. Desde 2001, Chile ha cumplido sus metas fiscales solo en quince ocasiones. Es decir, en un tercio de los últimos 24 años hemos gastado sistemáticamente más de lo que ingresa. Es esperable cierta desviación en momentos excepcionales —como crisis económicas o la reciente pandemia—, pero su repetición en períodos normales evidencia una falta de consistencia en la política fiscal y un deterioro paulatino del compromiso con las reglas.
La deuda pública también pone en evidencia la fragilidad del compromiso fiscal. Hoy se ubica en 42,4% del PIB, acercándose al umbral prudente de 45% y, según las cifras más recientes, con riesgo de superar ese límite. Si bien este nivel sigue siendo moderado en comparación internacional (países como Reino Unido o Estados Unidos superan el 100%), lo verdaderamente preocupante no es la foto, sino la trayectoria: la deuda ha mantenido una tendencia ascendente durante más de una década.
Lo paradójico es que existen caminos claros para corregir el rumbo. En un estudio que realizamos en el CEP, identificamos 20 líneas de acción que permitirían generar ahorros significativos. Solo las medidas de carácter administrativo (es decir, aquellas que no requieren al Congreso) permitirían reducir el gasto en cerca de US$1.700 millones, equivalentes al 0,5% del PIB. Los insumos están ahí; el diagnóstico también.
Lo complejo, como siempre, es la economía política del ajuste fiscal. Pero si hay un momento para hacerlo es precisamente este. Oficialismo y oposición coinciden, por primera vez en mucho tiempo, en la necesidad de “apretarse el cinturón”. Es una ventana de oportunidad poco común.
Dicho de otra forma, podemos seguir discutiendo reglas, metas y compromisos, pero nada de ello tendrá sentido mientras no demostremos, en la práctica, que somos capaces de cumplir lo que nosotros mismos definimos. Hoy, más que nuevas promesas, lo que se requiere es consistencia.
