Al asumir en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera le pidió al entonces presidente del Colegio de Abogados incorporarse como asesor al equipo jurídico encargado de la defensa de Chile ante La Haya. A tres semanas del inicio de los alegatos orales, Enrique Barros analiza por primera vez públicamente las posiciones en pugna y el trabajo realizado por dos gobiernos.
Equipo Reportajes de El Mercurio.
«El canciller Moreno me llamó porque él y el Presidente estimaban que era necesario agregar la opinión de un abogado que tuviera experiencia en litigación y arbitraje, porque gran parte del equipo chileno, teniendo grandes calificaciones técnicas, carecía de esa experiencia. Estábamos demasiado entregados a los abogados extranjeros en esas capacidades. Entonces me encerré en Chiloé durante casi dos semanas con todos los antecedentes. Primero me concentré en intentar predecir por qué caminos podría argumentar Perú su caso. Y luego participé intensamente en el trabajo de la dúplica».
Así recuerda Enrique Barros, ex presidente del Colegio de Abogados y reconocido académico del derecho, su llegada al caso en el que estará puesta la atención del país durante las próximas semanas, especialmente a partir del 3 de diciembre, cuando comience la crucial fase oral del juicio que se inició con la demanda por el límite marítimo presentada por Perú.
Barros fue prácticamente dejando de lado el resto de sus actividades para terminar concentrándose en el juicio en La Haya. El jueves regresó de París, donde se reunió con los abogados internacionales que alegarán ante la Corte, y esa misma tarde se reunió con «El Mercurio». La última semana de noviembre viajará a Holanda para estar presente en el tribunal durante las dos semanas en que se realizarán las exposiciones de ambos países, antes de que se emita el fallo, durante el primer trimestre de 2012.
-A tres semanas del inicio de la fase oral de los alegatos en el Tribunal de La Haya no es mucha la información concreta que conoce la opinión pública respecto de las posiciones de ambos países. ¿A qué se debe esta situación?
-Los argumentos específicos de los cuatro escritos de las partes no pueden ser divulgados hasta el inicio de los alegatos. Hasta entonces se mantienen en reserva. Por eso, sólo se puede hacer referencia a los aspectos centrales y a antecedentes públicos de la controversia, pero no a los argumentos en particular, ni a los antecedentes de hecho aportados por las partes, que son especialmente abundantes en el caso de Chile.
-¿No sería razonable que se conozca un poco más del asunto para que la opinión pública no se encuentre con sorpresas?
-Es conveniente conocer los aspectos esenciales de la disputa. Incluso en medios interesados hay desinformación. De hecho, existe una asimetría entre la enorme atención mediática que se ha dado al caso en Perú y la que ha recibido en Chile.
-¿En qué sentido se ha dado esta asimetría?
-La información sobre el caso en Perú es muy extensa. La propia cancillería peruana divulgó tempranamente los argumentos centrales de su posición en reseñas públicas del caso. De hecho, Manuel Rodríguez Cuadros, el ministro de RR.EE., cuando Perú decidió políticamente plantear un litigio bajo el gobierno del Presidente Toledo, ha escrito recientemente un libro en que expone y defiende circunstanciadamente la posición de su país.
-¿Hay riesgos en esta asimetría informativa?
-El fallo del Tribunal afectará las expectativas, especialmente en Perú, donde las propias autoridades han creado la idea de que el fallo les resultará favorable. Alguien está equivocado. Aún más, encuestas señalan que la mayoría de los peruanos cree que si Chile no tiene éxito no respetará el fallo, a pesar de las declaraciones reiteradas del Presidente Piñera, del Canciller Moreno y de parlamentarios chilenos que han seguido de cerca el conflicto. Por fortuna se ha desarrollado una actividad binacional bien intensa para que las buenas y beneficiosas relaciones políticas y económicas continúen con independencia del fallo.
-¿Qué reacción tendrá Chile frente al fallo?
-Tengo la certeza de que Chile observará el fallo, cualquiera sea, porque es un país respetuoso del derecho internacional. Chile sólo ha impugnado la competencia de la Corte para pronunciarse sobre materias relacionadas con el límite terrestre, porque todo lo que se relaciona con esa materia está sujeto a la jurisdicción pactada en el Tratado de 1929.
Un «conflicto construido» por nacionalistas peruanos
-¿Cuál es la percepción personal a la que ha llegado sobre el tema?
-Creo que la delimitación por el paralelo no debió generar diferencia alguna. Se trata de un conflicto construido por un grupo de académicos y diplomáticos nacionalistas peruanos que logró piso político hace sólo algunos años. Sin embargo, se trata de una controversia que debe resolver un tribunal, de modo que la decisión incluye por definición cierta incertidumbre.
-Usted habla de un «conflicto construido». ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del caso?
-La controversia ha sido creada por Perú. La no objeción de la jurisdicción de la Corte por razones jurídicas y estratégicas no significa que Chile reconozca que haya una controversia de límites marítimos que tenga fundamentos plausibles.
-En publicaciones de prensa peruanas se intenta remontar el origen de la controversia a los conflictos bélicos del siglo XIX. Aunque esa historia puede tener una influencia psicológica en la gestación del caso, la disputa es de naturaleza estrictamente jurídica, en el entendimiento que la propia Corte tiene de su función.
-Para Chile no existiría controversia, ya que lo que reclama Perú está resuelto en los tratados limítrofes de 1952 y 1954…
-Se trata de una cuestión que a nadie en Perú se le ocurrió plantear en los primeros 30 años de vigencia de los acuerdos. De hecho, tres ex presidentes de la Corte, incluido el también ex Presidente del Perú y de la propia Corte José Luis Bustamante y Rivero, que firmó la Declaración de 1947, tuvieron claro que el límite marítimo, siguiendo la línea del paralelo, había sido declarado y acordado en 1947, 1952 y 1954.
-¿Por qué, entonces, surge esta controversia que termina en La Haya?
-Los argumentos tienen su origen en una doctrina que tres décadas después de convenidos y aplicados los acuerdos, primero los consideró inconvenientes, luego instó a su renegociación y finalmente, con idas y venidas, buscó razones para impugnar lo acordado.
-¿Qué es lo que esta doctrina peruana «revisa»?
-Los argumentos no siguen una línea argumental única, ni siquiera coherente. Se ha dicho, por ejemplo, que las declaraciones de 1947 no serían coincidentes, porque sólo la peruana hace referencia explícita al paralelo geográfico para determinar su zona de soberanía y jurisdicción marítimas; sin embargo, las declaraciones son concordantes, se siguen en pocas semanas una de la otra y son actos unilaterales que comprometen la fe de quienes los realizaron.
-También se ha señalado que la Declaración de Santiago de 1952 tendría un carácter puramente político y no jurídico; sin embargo, el Perú ejerció desde temprano jurisdicción con fundamento en esa declaración. Por ejemplo, embargó en 1956 una flota pesquera de Onassis que operaba a 100 millas marinas de la costa. El propio ex canciller Rodríguez Cuadros reconoce en su libro reciente que son tratados.
-Se trataría, según se reitera públicamente, de acuerdos pesqueros y transitorios, pero las declaraciones y tratados no hacen referencia a estas restricciones.
-Se discute que el texto del artículo IV de la Declaración de Santiago de 1952 establezca un límite general de las zonas marítimas, porque sólo se referiría a las islas, a pesar de que su sentido queda claro del propio texto del acuerdo, de su contexto, de las minutas suscritas por las partes en forma contemporánea a los acuerdos, especialmente los de 1954 y 1968.
-La parte peruana puede negar el carácter de tratado de límites de la Declaración de Santiago de 1952, pero luego, en 1954, hubo un nuevo acuerdo. ¿No es suficiente para resolver el asunto?
-En definitiva, los argumentos son dispares y muchas veces contradictorios. Tienen en común la búsqueda de razones para decir que los acuerdos y declaraciones son algo distinto de lo que realmente son. Y cuando es difícil encontrar argumentos, entonces se dice que se trata de un error. Es lo que algunos autores dicen del Acuerdo de 1954, que expresamente señala que las partes han acordado un límite en el paralelo. También se habría incurrido en un error en un Decreto Supremo peruano de 1955 que ordena que la cartografía peruana considere los límites marítimos por el paralelo que separa las respectivas zonas marítimas.
-¿Cómo logró esta nueva doctrina peruana imponerse en ese país hasta convertirse en una demanda ante La Haya?
-Esta doctrina careció de apoyo político en Perú hasta la década del 2000, en que algunos de esos mismos autores y diplomáticos asumieron responsabilidades políticas. De hecho, en 1999 el canciller peruano había declarado, con ocasión del acta de ejecución del Tratado de 1929, que ningún otro problema pendiente existía entre Chile y Perú.
El caso: lo central y lo accesorio
-En concreto, ¿qué es lo que reclamará Perú ante La Haya en los alegatos?
-La demanda peruana comprende tres cuestiones diferentes. La principal es la existencia de un acuerdo de delimitación por la línea del paralelo; la segunda es accesoria a la principal y se refiere al punto desde el cual corre la frontera marítima; la tercera reclama una zona que la comunidad internacional ha considerado siempre como altamar y que Perú reclama como parte de su zona marítima (ver mapa).
-¿Cómo describiría la disputa principal?
-El caso central es de delimitación marítima. Chile, Perú y Ecuador convinieron en 1952 y 1954 que su límite marítimo correría por el paralelo que pasa por el punto en que la frontera terrestre llega al mar. Perú discute la existencia de un tratado general sobre delimitación marítima que corra por la línea del paralelo geográfico. La impugnación de los acuerdos de límites marítimos es el antecedente que Perú utiliza para pedir, a falta de tales tratados, que sea la Corte quien determine el límite de acuerdo con un criterio de equidistancia. Esta disputa se refiere a un espacio marítimo de aproximadamente 38.000 km2.
-Perú cuestiona también el rol del Hito 1 de la frontera…
-Este es un punto accesorio al central. Perú ha puesto también en discusión el punto desde el cual debe medirse el límite marítimo, sea el paralelo o la línea que fije la Corte. Los dos países han acordado que su frontera marítima tiene por punto de referencia el Hito 1, construido a orilla de mar, de acuerdo con el tratado de límites terrestres de 1929. Sin embargo, autores peruanos han argumentado que la frontera marítima no comenzaría en ese Hito 1, sino unos 200 metros hacia el sur oeste.
-El tercer asunto es el llamado «triángulo exterior»…
-Así es, Perú reclama un espacio de mar que queda fuera de la zona económica chilena (triángulo exterior). No es propiamente una demanda contra Chile, porque Chile no plantea pretensión de jurisdicción sobre ese espacio. Sin embargo, Chile ha objetado esa petición peruana y solicita que esa área siga siendo considerada alta mar. De hecho, en la medida que Chile no reclama derechos en esa área, la contraparte del Perú en esa petición no es Chile, sino toda la comunidad internacional.
-Por tanto, el tema crucial para Chile es que se reconozca el paralelo como el límite marítimo. ¿En qué argumentos se basa la posición chilena?
-Es conocido que la posición chilena invoca el respeto de los tratados internacionales. El límite marítimo está acordado en la Declaración de Santiago de 1952, un tratado internacional en que participaron Chile, Ecuador y Perú, y fue expresamente reconocido en un tratado de 1954, que además se convino que fuera parte integrante del acuerdo de 1952. Luego todo esto fue ratificado y complementado en 1968-1969, cuando altas autoridades de ambos países acordaron demarcar y materializar en el Hito 1 la línea del paralelo que divide las respectivas zonas marítimas.
-¿Y qué importancia tiene lo que ha ocurrido durante los últimos 50 años?
-Chile, Ecuador y Perú fueron consistentes en su práctica de reconocimiento de ese acuerdo por medio siglo. A lo más hubo algún acto diplomático aislado, como lo reconoce el ex canciller Rodríguez Cuadros. Chile no alega que sus títulos jurídicos emanen de esa práctica larga y consistente, como ha sido insinuado por autores peruanos, sino que la práctica es un elemento importante de interpretación de los tratados según el artículo 31 la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
-¿Y cuál ha sido la postura de la Corte de La Haya con respecto a controversias en materia de tratados?
-Este es un caso de derecho de tratados. Y es un caso importante en ese respecto, por lo que la Corte tendrá cuidado en los criterios de decisión. Pienso que los precedentes de la Corte sobre el concepto e interpretación de los tratados son en esencia concordantes con el concepto de tratado en que Chile funda su defensa.
Un procedimiento «burdo»
-¿Qué tan relevante es para Chile la posición de Ecuador frente a este caso?
-Ecuador ha sostenido consistentemente por 60 años la misma posición que Chile: el límite marítimo fue establecido por los tratados de 1952 y 1954. Las minutas de 1952 y 1954 incluso muestran que Ecuador fue explícito en solicitar que se aclarara formalmente que las zonas marítimas eran exclusivas y que estaban delimitadas por la línea del paralelo. Los delegados de los tres países estuvieron explícitamente de acuerdo en que efectivamente las líneas de los paralelos definían las fronteras marítimas.
-¿Y cómo ha actuado Ecuador durante el tiempo en que se ha desarrollado este juicio en La Haya?
-Ecuador ha tenido una posición constante y sin variaciones en el tiempo. En 2010 promulgó una carta náutica que se basa expresamente en los tratados de 1952 y 1954. Luego advirtió a Perú que si esa carta náutica no era aceptada intervendría en el juicio. A continuación, Ecuador ha realizado un intercambio de notas con Perú, en que Perú reconoce sin reservas la delimitación establecida en esa carta náutica. Desde la perspectiva ecuatoriana, el intercambio de notas no significa un cambio de la situación anterior. El Presidente Correa ha declarado a este diario que la fuente de los títulos marítimos de Ecuador son los tratados de 1952 y 1954.
-¿Y qué dirá Perú sobre el «factor Ecuador»?
-Es probable que Perú alegue ante la Corte que el acuerdo con Ecuador fue necesario porque no había acuerdos de límites vigentes. Sin embargo, es bien evidente que el reconocimiento de la carta náutica ecuatoriana, basada en los acuerdos de 1952 y 1954, ha estado dirigido a evitar que Ecuador se hiciera parte inminentemente en el juicio. Lo cierto es que Perú ha creado un hecho nuevo, en medio del juicio, para evitar que Ecuador se hiciera parte compartiendo con Chile la misma tesis jurídica. En mi opinión, el procedimiento es tan burdo que carece de poder de convicción y juega en contra de Perú, en especial porque Ecuador ya había anunciado su interés de hacerse parte del juicio.
El sustento moral de la posición chilena
-¿Cuál es la estrategia central de Perú en este caso?
-Este es un juicio en cierto sentido muy curioso. El demandante es Perú y Chile debiera simplemente defenderse. Pero la cuestión cambia si se atiende a lo que argumenta el Perú, cuya táctica fue anticipada por los autores y consiste en ‘deconstruir’ cada documento y cada actuación con algún argumento que permita privarlos de su sentido natural, extrayéndolos de su contexto, y cuando ello no es posible, argumentando simplemente que se trató de un error. Al negar la existencia de tratados de límites marítimos, se ha dejado a Chile la carga de probar que existe un acuerdo amplio de límites marítimos que rige desde hace 60 años.
-¿Y cuál es la línea de la defensa chilena frente a la estrategia peruana?
-La posición chilena consiste públicamente en que los límites marítimos han sido definidos mediante tratado hace 60 años. Detrás de la posición chilena hay un sustento moral que siempre me ha parecido relevante: los tratados rigen en razón del valor vinculante de las promesas; los tratados han permitido a Perú desarrollar una industria pesquera que llegó a ser la segunda a nivel mundial; a su vez, los acuerdos reconocidos por 60 años han dado origen a un estado de cosas, que se basa en la confianza de que lo convenido en el pasado también regirá en el futuro. Personas, autoridades y empresas han actuado en la confianza de la estabilidad de los límites marítimos: ha habido desplazamiento de población, se han otorgado derechos de pesca, ciudades como Iquique y Arica se han poblado y desarrollado.
-Es decir, además de los argumentos jurídicos, existen en su opinión situaciones de contexto que van más allá del mero respeto a los tratados…
– La posición chilena es que tratados de antigua data no solamente plantean una cuestión jurídica fundamental, como es el respeto a los tratados, sino una realidad sociológica y política. En otras palabras, pacta sunt servanda , el principio de observancia de los tratados y acuerdos, es un principio jurídico que no sólo tiene un fundamento formal, en el valor de la promesa, sino también se basa en el principio jurídico y moral de la confianza en que lo acordado no será puesto en duda.
-¿Puede Chile tener éxito en el juicio en La Haya?
-La palabra ‘éxito’ es equívoca. Perú se ha dado maña para impugnar el statu quo. Desde esa perspectiva, por cierto que Chile sólo tiene riesgo de perder, porque un fallo adverso respecto del límite convenido, significaría un cambio respecto de la zona marítima que Chile ha poseído como propia por más de 60 años. A la inversa, como con algún cinismo señala el embajador Rodríguez Cuadros en su libro reciente, Perú nada tiene que perder en el juicio, que no sea una dolorosa expectativa frustrada. Sin embargo, debemos entender que una vez creada por Perú la controversia, la situación ha cambiado. Chile ha sido llevado a un juicio que jurídicamente no podía evitar, en que puede tener éxito o fracasar.
-Su afirmación podría interpretarse por algunos como pesimista…
-En lo absoluto. Ocurre que si se mira la situación litigiosa en que nos encontramos, se abre por definición el riesgo de ganar o perder. Eso no quiere decir que esté pesimista. Se ha hecho un gran trabajo en Chile bajo dos gobiernos sucesivos que han entendido el juicio como un problema de Estado. Pero autores peruanos se esforzaron por años en construir un caso y también tiene excelentes abogados. Mi optimismo se basa simplemente en que pienso que Chile tiene la razón.
Los últimospreparativos antes de los alegatos:
«Ha sido muy importante en esta fase el liderazgo del canciller Moreno y la experiencia y prudencia de los agentes»
-¿Cómo ha funcionado la defensa de Chile, considerando que hubo un cambio de gobierno desde que comenzó el juicio?
-El equipo es esencialmente el mismo que venía trabajando desde los orígenes del caso y que fue constituido bajo el gobierno de la entonces Presidenta Bachelet. Aunque cambió la conducción política con el nuevo gobierno, no existen discontinuidades. El caso ha sido tratado como un asunto de Estado durante dos gobiernos diferentes. De hecho, los tres agentes siguen siendo los mismos: Alberto van Klaveren, agente principal, experto en relaciones internacionales, muy lúcido y prudente; María Teresa Infante, internacionalista de conocimientos inagotables en materias de límites chilenos, y Juan Martabit, embajador ante los Países Bajos, quien se encarga de seguir el caso en La Haya. Ellos son formalmente los representantes del Estado de Chile.
-¿Qué cambios se han producido entre uno y otro gobierno?
-Los únicos cambios han sido mi incorporación como asesor y la de Luigi Condorelli, como abogado internacionalista. Más recientemente, Andrés Jana, con valiosa experiencia en litigación internacional y a quien me unen vínculos desde que fuera mi ayudante en la Universidad de Chile, y Samuel Wordsworth, un excelente litigante e internacionalista británico.
-¿Cómo debe entenderse su incorporación al equipo?
-Al discutir con el ministro Alfredo Moreno la forma en que me incorporaría al trabajo, ambos tuvimos claro que mi rol era de asesor jurídico y que el propósito no era introducir un nuevo agente. La idea fue agregar la opinión de un abogado y profesor universitario chileno con experiencia en litigación y arbitraje.
-¿Cuál ha sido el rol del ministro Alfredo Moreno en el caso?
-Los agentes son la cara de Chile y los responsables de la conducción del caso ante la Corte. De hecho, los alegatos chilenos se iniciarán con una presentación del caso por el agente. El Gobierno, a su vez, es el responsable de las relaciones internacionales. Por eso, la dirección superior del trabajo, desde un punto de vista político, corresponde al ministro de RR.EE., quien ha estado encima de cada etapa y ha realizado un muy significativo aporte a las presentaciones con sus excepcionales talentos analíticos y prácticos. El Presidente de la República ha estado informado de la marcha del asunto, y como responsable final de la relaciones internacionales ha adoptado las decisiones políticas fundamentales. No conozco un caso en que participe gente de talentos tan complementarios. Por ejemplo, Ximena Fuentes, una internacionalista joven excepcional, doctorada en Oxford, y un antiguo director de límites de infinita sensatez, como Luis Winter, quien además sufrió en lo personal un grave accidente en la zona fronteriza. Se puede tener la confianza de que el asunto ha sido llevado con todas las capacidades y dedicación que se le podían destinar.
-¿En qué etapa concreta está el trabajo ahora, a tres semanas de los alegatos?
-Los borradores de los alegatos han sido preparados por los abogados internacionales, luego de dos reuniones preparatorias con el equipo chileno en meses anteriores. Antes de las reuniones de París del 5 y 6 de noviembre, el ministro y los agentes estuvieron encerrados durante tres largos días con algunos asesores legales chilenos, revisando los borradores y definiendo la estrategia de la etapa oral. Así se llegó con la tarea adelantada a la reunión de esta semana con los abogados internacionales. El objetivo es que los alegatos se adecuen a la manera de mirar las materias de cada uno de los abogados que argumentarán. Pero el equipo chileno ha tenido la voz cantante en la definición del camino que se seguirá, para lo cual han sido muy importantes en esta fase el liderazgo del canciller Moreno y la experiencia y prudencia de los agentes.
