Es imperativo modernizar el Estado en aras de prevenir estos corruptos modus operandi y evitar que los más necesitados sean quienes paguen las consecuencias.
El plan: desviar más de $400 millones de recursos públicos y transferirlos a una fundación desconocida llamada Democracia Viva. Un grupo de militantes del partido oficialista Revolución Democrática (RD) necesitaba establecer una base de operaciones antes de que su gobierno iniciara. Actuaron con rapidez y crearon la fundación “Democracia Viva”. Sin perder tiempo, la registraron en su propia comuna sin moverse de su escritorio, en un domicilio de propiedad de un militante de RD, y que resultó ser una fachada fantasma descubierta durante un allanamiento policial. Para registrarla rápidamente, optaron por la Municipalidad de Ñuñoa, cuya alcaldesa coincidentemente también pertenece a RD. Esto, apenas semanas antes que asumiera el Presidente Boric.
Siguiente paso: obtener recursos. El director de la fundación, militante activo de RD, era además pareja de la expresidenta del partido y actualmente diputada por Antofagasta. El seremi de Vivienda de esa región, también militante RD, había ocupado previamente el cargo de jefe de gabinete de la mencionada diputada. No había lugar a dudas, Antofagasta y el sector vivienda se convirtieron en su objetivo principal. Con la proliferación de campamentos debido a la ola migratoria, parecía la elección perfecta para llevar a cabo sus planes.
Modus operandi: la entidad carecía de experiencia previa en el tema de campamentos, ya que se había enfocado en el activismo político relacionado con el plebiscito constitucional pasado. La única manera de asegurar una suma considerable de dinero fue a través de un trato directo de la seremi con la fundación Democracia Viva, de manera arbitraria y discrecional, sin ningún proceso de licitación y con escasa transparencia.
Aún existían barreras que sortear. Debían evitar la revisión de la Contraloría, por lo que fraccionaron los pagos. Y para hacer la operación más rentable, no se exigieron boletas de garantía ni se firmaron contratos sujetos a penalidades por incumplimiento. En su lugar, se estableció un contrato con tareas vagamente especificadas en los campamentos de la región. Además, como se descubrió recientemente, necesitaban tener infiltrados para dar seguimiento a los contratos. Funcionarios de la Seremi también fueron contratados por Democracia Viva. Eran juez y parte. Hasta ahora, solo se ha rendido el 3% de los montos.
El modus operandi ha sido un éxito total. En marzo de este año, se modificaron los estatutos de la fundación para permitir que el presidente pudiera mover el dinero sin consultar al directorio. La fundación se ha catapultado al Top 10 en menos de 15 meses, siendo capaz de captar la misma cantidad de fondos que entidades que llevan décadas de trabajo.
La revelación de esta oscura maquinaria ha sacudido la confianza ciudadana. La Fiscalía tiene en sus manos el caso, con acusaciones que van desde fraude al Fisco hasta tráfico de influencias. A pesar de los intentos desesperados por justificar estas acciones, el Presidente de la República ha respondido con una determinación implacable, jurando que no importa quién caiga, se hará justicia. El daño ya está hecho, sobretodo con aquellos moralmente superiores.
Es fundamental esclarecer este hecho -y otros que vendrán- para restaurar la confianza y proteger nuestras instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil cuya labor es fundamental para el desarrollo social. Es imperativo modernizar el Estado en aras de prevenir estos corruptos modus operandi y evitar que los más necesitados sean quienes paguen las consecuencias. Es hora de establecer una comisión transversal, audaz en su enfoque y propositiva en sus medidas, que promueva la competencia, la transparencia y la trazabilidad en la gestión de los recursos públicos. Ha llegado el momento de hacer de estos principios la norma inquebrantable, transformando esta crisis en una oportunidad.
