La afrenta contra el pluralismo democrático por parte de los convencionales no pareciera ser anecdótica, sino una práctica regular.
El cuestionamiento a la legitimidad de origen de la actual Constitución fue de las principales razones que se utilizaron para justificar la necesidad de un nuevo texto. Se tiende a sostener que la falta de deliberación y participación que hubo en su elaboración habría implicado dicha ilegitimidad, que no pudo ser subsanada con el paso del tiempo, a pesar de sus reformas. La lección es que el proceso deliberativo es tan relevante como su resultado. Sin embargo, en las últimas semanas se han encendido varias luces de alerta frente a la pérdida de confianza en la Convención. Esta caída, más que tener su origen en campañas de descalificación, ha sido provocada por situaciones generadas por las mayorías imperantes, que con su actuar han ido socavando la legitimidad que la nueva Constitución requiere.
La afrenta contra el pluralismo democrático por parte de los convencionales no pareciera ser anecdótica, sino una práctica regular. Primero, una norma provisoria de funcionamiento de la Convención prohibía arbitrariamente a organizaciones de la sociedad civil participar de audiencias, por el mero hecho de representar un legítimo interés, algo consustancial a todo aquel que participa de dichas instancias. Luego, en la discusión del reglamento definitivo, se trató la regla de votación de 2/3 para consensuar los contenidos del futuro texto, por mayoría simple y no por quórum especial como exige la Constitución vigente. Y no bastando aquello, se estaría concurriendo a la argucia de los plebiscitos dirimentes cuando no sea posible alcanzar los 2/3.
Lamentablemente este “resquicio legal” se extendió al reglamento de ética, donde se instaló un artículo que, más que delimitar con precisión las faltas a la ética, busca silenciar expresiones y cercenar el pluralismo mediante una definición de negacionismo como: “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique” en torno a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y, aberrantemente, se iguala e incorpora lo sucedido en octubre del 2019. Además, se incluye la compleja situación de los pueblos indígenas incluso desde antes de la existencia del Estado -desde la colonización europea- abarcando así un lapso de 500 años. ¿Cuánto detalle debe tener una expresión para ser negacionismo y no mera ignorancia? O, “¿quién vio jamás que la verdad se llevase la peor parte en un encuentro libre y abierto?” (Milton J.). Tal como planteó John Stuart Mill: “No dejar conocer una opinión, porque se está seguro de su falsedad, es como afirmar que la propia certeza es absoluta”. Estas certezas, que se buscan imponer, son contrarias a la democracia liberal, pues censurar una opinión verdadera no nos permitiría deja atrás un error y, si es falsa, desecharíamos la oportunidad de tener una visión más nítida de la sociedad.
Aún queda la discusión sustantiva acerca de las normas que serán plasmadas en la Carta Magna. Tenemos la oportunidad de contar con una “casa de todos”, pero claramente, atentar contra las reglas y la libertad de expresión -condición indispensable de cualquier otra forma de libertad- son un proyectil al proceso constitucional y, en consecuencia, de su eventual legitimidad.
