Los compromisos adquiridos en lo más reciente ponen a las finanzas públicas en una situación de tensión hacia adelante, que debe corregirse antes de que la actual amenaza se transforme en un problema de mayor proporción.
No, pero está mal. Requiere de cuidados intensivos y una revitalización.
Los cuatro pilares
Cuando decimos que la economía chilena es macroeconómicamente sana, por lo general nos referimos a los que se han denominado como sus cuatro pilares fundamentales. Primero, un Banco Central independiente, con una meta de inflación en un contexto de tipo de cambio flexible. Segundo, una política fiscal basada en una regla que garantice la solvencia fiscal a mediano plazo. Tercero, la apertura de la economía al comercio y a los flujos de capitales, y cuarto, una regulación y supervisión adecuada del mercado financiero. Por lo tanto, cuando se constatan problemas en el cumplimiento de la regla fiscal estamos hablando nada menos que de uno de los pilares de la economía.
Un poco de historia
Chile tiene algún tipo de regla fiscal desde mediados de los años 80, cuando se instauró el Fondo de Compensación de Cobre. El mecanismo básicamente decía que a partir de cierto precio del cobre hacia arriba se ahorraban los excesos de ingresos, que se usaban cuando el precio bajaba de cierto nivel. Los 90 fueron años de altos superávits fiscales (1,4% del PIB en promedio por año). La responsabilidad fiscal más el alto crecimiento hicieron que la deuda del gobierno central bajara de un 44% del PIB en 1990, a un 13% del PIB en 1999. Sin embargo, producto de la crisis asiática que afectó la economía nacional, hubo un déficit fiscal ese año y las cifras deficitarias se prolongaron por cinco años. A principios de los 2000, durante el gobierno del Presidente Lagos, se decide implementar una regla fiscal que no sólo incluiría al cobre, sino la totalidad de los ingresos fiscales. Esto significó un avance relevante en cuanto se formalizó, perfeccionó y definió la forma que tendría la política fiscal, que se basaba, en términos muy simples, en que se ahorraría durante los períodos de vacas gordas y se usarían dichos ahorros en los de vacas flacas. Al hacer los ajustes del cobre y del ciclo se llega a lo que se denomina balance cíclicamente ajustado (BCA). Uno de los aspectos a destacar de este avance institucional es que los parámetros claves que determinan los ingresos cíclicamente ajustados -el precio del cobre y la diferencia entre el PIB efectivo y el potencial- los determinan comités independientes y no el propio gobierno. Ello reduce el espacio para un mal histórico de los gobiernos en América Latina, esto es el ser excesivamente optimistas en lo fiscal con los consecuentes costos que ello acarrea a la larga.
La meta inicial fue de un superávit del BCA de 1% del PIB, lo que se cumplió hasta que la crisis financiera global se tradujo en una recesión en 2009 y ese año se tuvo un déficit de 3,1% del PIB (ya en 2008 se había pasado a un déficit de 1% del PIB). El gobierno del Presidente Piñera se propuso bajar el déficit en dos puntos del PIB durante su mandato, lo que se logró con holgura en cuanto en 2013 cayó a 0,5% del PIB. La actual administración se propuso inicialmente llevarlo a cero, lo que no se cumplirá, ya que se proyecta un déficit en el BCA de alrededor de 1,7% del PIB este año (más adelante se cambió la meta y la forma de cálculo). Más aún, los elevados déficits efectivos (en torno a 2,4% promedio por año) han hecho subir la deuda pública neta en alrededor de 10 puntos del PIB. Peor todavía, los compromisos adquiridos en lo más reciente ponen a las finanzas públicas en una situación de tensión hacia adelante, que debe corregirse antes de que la actual amenaza se transforme en un problema de mayor proporción. La reciente baja en la clasificación de riesgo del país es una advertencia en este sentido.
¿Qué hacer?
En primer lugar, se requiere de un fuerte compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal y, en particular, con la regla. Esto debe partir con el Presupuesto que se presentará a fines de mes a la nación, que lo hará la actual administración y tendrá sus efectos bajo el nuevo gobierno. En segundo lugar, no resulta razonable que cuando la regla no se cumple, o cuando se cambian formas de cálculo y parámetros, no exista una instancia formal de análisis. En rigor, esa es la labor del Consejo Fiscal Asesor, pero éste no tiene la institucionalidad adecuada. Se debe fortalecer dicha institucionalidad, darle un carácter más independiente, que presente sus conclusiones al Congreso al menos una vez al año y que tenga las herramientas y potestades para hacer análisis sobre la evolución de las cifras fiscales, sobre eventuales cambios de parámetros o formas de cálculo, sobre las proyecciones de mediano plazo, entre otros. Estimo que también es importante simplificar y transparentar más el cálculo del BCA. En la práctica, no es fácil replicarlo por instancias independientes. Por último, en un ámbito de acción más amplio, no puedo dejar de mencionar la necesidad de una reforma del Estado que permita un uso más eficiente de los recursos públicos, pero esto último da para otra columna.
