Un sorprendente 40% de los notarios tiene lazos familiares con figuras prominentes del Poder Judicial y del Congreso, tejiendo una red de favores que, irónicamente, erosiona la confianza en aquellos encargados de garantizar la misma fe pública.
En un país donde un millón de personas está sin trabajo y los ingresos promedio no son nada frente a los 14 millones mensuales que un notario puede llegar a ganar (unos 14.700 dólares), sorprende que la abogada María Elena Leiva, con apenas tres años de experiencia profesional, sea la “única elegible” para un codiciado puesto notarial.
Sin embargo, este aparente asombro se desvanece al descubrir que es hermana del diputado del Partido Socialista Raúl Leiva y que su tío, hermana y sobrino también ejercen como notarios, dejando al descubierto un nepotismo y una endogamia descarados que afligen al sistema notarial chileno. Un sorprendente 40% de los notarios tiene lazos familiares con figuras prominentes del Poder Judicial y del Congreso (América Transparente, 2020), tejiendo una red de favores que, irónicamente, erosiona la confianza en aquellos encargados de garantizar la misma fe pública. La justicia, lejos de ser ciega, parece guiarse por el árbol genealógico.
¿Un solo candidato en un sistema supuestamente meritocrático y transparente? Algo huele mal y desde hace ya demasiado tiempo. Es cosa de revisar los variados esfuerzos legislativos infructuosos que no han llegado a puerto en las últimas décadas. De hecho, el último intento, un proyecto de ley aún en trámite, se basa en un lapidario informe de 2018 de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el cual dejó al descubierto que abolir las ganancias monopólicas requerirían de una profunda reforma al sistema notarial, sin medias tintas.
Ante la opacidad de los concursos para los cargos de notarios llevado a cabo por la Corte de Apelaciones, la iniciativa busca inyectar meritocracia a los nombramientos con parámetros objetivos y transparentes de selección. A ello se sumarían nuevas indicaciones del ministro de Justicia, para utilizar la Alta Dirección Pública y así excluir al Poder Judicial del proceso, evitando la mano negra en la conformación de ternas. Pero esto solo tendrá efectos si aplica a todas las notarías existentes. De lo contrario, habrá que esperar hasta que María Elena Leiva cumpla los 75 años y otros cuantos más vitalicios.
El problema no termina en el nombramiento, más bien comienza: las notarías cobran precios que superan hasta 11,6 veces el máximo permitido, discriminando incluso entre clientes de una misma notaría. Esto ocurre ante la indiferencia del ente fiscalizador –Poder Judicial– y sin aprovechar los avances tecnológicos que permitirían no solo una mejor fiscalización, sino una reducción de costos de hasta el 96% si estos servicios se realizan en línea (FNE, 2018).
Chile tiene apenas 1,66 notarías por cada 100 mil habitantes, una cifra baja en comparación internacional (Agostini, 2023). Es esencial abrir la competencia, eliminando el límite al número de notarías y la restricción geográfica, para así mejorar urgentemente la cobertura y calidad del servicio notarial. El proyecto en cuestión introduce la resistida figura de los fedatarios, concebidos como nuevos ministros de fe encargados de las funciones más rutinarias. En el fondo, el objetivo es regularizar y ampliar la labor de los asistentes de mesón que actualmente gestionan parte del 83% de los trámites que no tienen contacto con el notario, sin requerir pericia jurídica significativa. Estos asistentes actúan como pseudo notarios, aumentando los ingresos del jefe. Más competencia con más actores baja los precios.
Hemos visto ciertos progresos, ya que se han logrado simplificar algunos de los más de 200 trámites que nuestra legislación obliga a notarizar. Aunque el camino es extenso y seguirá la resistencia del lobby y la captura regulatoria, la necesidad de una reforma profunda es imperativa frente a un sistema notarial ineficiente, poco innovador y de costos exorbitantes que no podemos seguir tolerando.
