En 2010 un nuevo gobierno deberá negociar las condiciones laborales que regirán a los docentes que se desempeñan en la educación estatal. Es una oportunidad para evaluar cambios al Estatuto Docente que permitan equilibrar mejor los legítimos intereses de los maestros con los de los estudiantes y sus familias. La estructura de remuneraciones de los profesores del sector municipal se ha vuelto extraordinariamente compleja y no tiene un vínculo claro con el aprendizaje de los alumnos. En una proporción significativa las remuneraciones de nuestros profesores están relacionadas con su experiencia y no con su desempeño en el aula.
El gobierno ha presentado un borrador de nueva carrera docente, cuyos aspectos medulares ha discutido con una comisión del Colegio de Profesores, que permite iniciar una discusión provechosa sobre las características que debería tener una nueva carrera docente. Hay que celebrar, en primer lugar, que se abra la discusión con un documento concreto en la mejor tradición anglosajona de los así llamados green y white papers.
En segundo lugar, hay varios aspectos positivos en la propuesta. Entre éstos cabe mencionar la pérdida de importancia de la experiencia en la definición de las remuneraciones, el mayor peso del mérito, sobre todo al inicio de la profesión, y la más elevada recompensa a ese mérito que está en línea con lo que se observa en países con sistemas educativos efectivos.
Asimismo, la propuesta reconoce de manera mucho más explícita que el actual estatuto la importancia del director en la gestión de un establecimiento educativo y permite, en el caso de docentes excepcionales, que ellos suban más rápidamente en la carrera y, por tanto, alcancen remuneraciones más elevadas que el actual modelo. Hay otros dos aspectos adicionales valiosos: reconoce que este esfuerzo debe ir acompañado de una renovación de las carreras de pedagogía e incentivos poderosos para que jóvenes de altas habilidades ingresen a ellas. Esto es lo que en última instancia justifica las mayores remuneraciones sugeridas en la propuesta, aunque pueden ser insuficientes para atraer a esos jóvenes.
Pero la propuesta también tiene debilidades. Por ejemplo, valida el actual sistema de evaluación docente como indicador de mérito. Para ello ofrece evidencia muy débil y no queda claro que los docentes evaluados como competentes y destacados, contribuyen efectivamente al aprendizaje de sus estudiantes. Si no fuese así, se requiere otro instrumento más apropiado, de lo contrario se elevarán las remuneraciones sin conseguir los efectos deseados.
Es probable que esto requiera de mayor información desde el establecimiento. Por ello es preocupante que la nueva carrera, tal como está pensada, no deje espacio para la gestión local de las condiciones laborales de los docentes. Permitir aquello es indispensable si se quieren elevar las exigencias de los sostenedores, contempladas en la LGE, y potenciar liderazgos directivos. En el mismo sentido, es imprescindible que los establecimientos puedan desvincular a docentes que no cumplen las exigencias de los directivos. Es una posibilidad que existe en casi todos los países que cuenta con una carrera docente.
Hay, entonces, planteamientos interesantes. Pero falta validar un marco apropiado para definir mérito y asegurar mayores posibilidades a los sostenedores estatales, municipios u otros que emerjan en el futuro, de gestionar sus establecimientos efectivamente. Mientras tanto, sería inconveniente extender, como sugiere el documento, la carrera docente a la educación particular subvencionada.
