El prestigio y la confianza en la política han sufrido un enorme daño, producto de escándalos por abusos de poder e infracciones a la ley en que se han visto envueltos algunos miembros del sector privado y autoridades. Para un país que valora su democracia y que aspira al desarrollo y la justicia, ello es especialmente grave. Para superar esta realidad debemos dejar que nuestras instituciones fiscalizadoras y judiciales continúen investigando los hechos, juzgándolos con rigurosidad y aplicando las sanciones que correspondan.
Sin embargo, ello no basta. Debemos revisar nuestras instituciones para ver dónde ellas fallan, con el fin de que no se repitan los hechos que dañan la confianza ciudadana en los asuntos públicos. Los firmantes de esta carta en el pasado hemos participado en el diseño y la implementación de reformas legales e institucionales que enmarcadas en «la agenda de probidad y transparencia» han permitido avances institucionales que han perfeccionado nuestra democracia. En ese sentido, deseamos colaborar planteando algunas reflexiones en torno a una nueva agenda de reformas.
Nuestra democracia ha funcionado en diversas dimensiones muy satisfactoriamente. En gran medida ello es consecuencia de la capacidad de nuestros partidos y líderes políticos. En momentos en que están cuestionados es importante reconocerlo. Pero esta realidad también es mérito de nuestros ciudadanos. Por eso es tan grave el creciente divorcio que se ha producido entre estos y los representantes. La población desconfía del poder y espera, por consiguiente, que sus autoridades y dirigentes se sometan a un marco institucional exigente que garantice un buen desempeño y que desviaciones de las reglas acordadas signifiquen sanciones ejemplificadoras.
No obstante los avances, no cabe duda que las instituciones y disposiciones existentes en Chile son insuficientes y debe actuarse en consecuencia. Así, por ejemplo, las sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones que regulan el financiamiento de las campañas políticas son inexistentes. El proyecto de ley enviado hace poco al Congreso sobre financiamiento de los partidos sufre el mismo problema. La entrega de recursos públicos, que finalmente son de todos los chilenos, debería obligar a exigencias precisas a los receptores y a sanciones ejemplares en caso de incumplimiento de esas exigencias, una de las cuales podría ser la pérdida del cargo de elección popular. Al mismo tiempo, las reglas de financiamiento de la política deben aspirar a anular las posibilidades de corrupción y extorsión. Por cierto, el financiamiento político debe diseñarse de tal modo que no inhiba la competencia y facilite la gobernabilidad.
También hay que proteger adecuadamente al Estado de la posibilidad de tráfico de influencias y, en general, de captura para el beneficio de privados antes que del interés público. La precariedad de los funcionarios públicos en cargos relevantes que involucran asignaciones de contrato o aplicaciones legales y regulatorias que benefician o perjudican a terceros es elevada. Se requiere, entre otros, de un perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública que vaya asemejando nuestra administración pública a los servicios civiles que existen en países como Gran Bretaña, Canadá, Australia o Nueva Zelandia.
Muchos nombramientos en cargos relevantes en nuestro país aún son extremadamente dependientes del gobierno de turno. En el caso de decisiones relevantes como asignaciones contractuales o modificaciones regulatorias que puedan significar pérdidas o creación de valor en sociedades privadas, es importante que ellas sean ratificadas por comités directivos o supervisores con independencia. Estos perfeccionamientos hay que considerarlos en todos los entes reguladores.
Se requiere también modernizar las obligaciones de declaración de interés y patrimonio. Asimismo, regular mejor las normas de conflictos de interés en el servicio público, entre otros, ampliando su cobertura. En el Congreso hay un proyecto pendiente en esta materia, que ya fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que debería retomarse con urgencia. En igual sentido, hay que mejorar la institucionalidad para evitar la «puerta giratoria».
Es necesario perfeccionar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia y la normativa general de esa legislación a la luz de la experiencia recogida por su aplicación. Hay que reformar la Ley de Partidos Políticos aplicándoles la normativa de la legislación de transparencia y probidad (Ley 20.285). Además, dado el rol fundamental que ha cumplido la Contraloría, consideramos necesario continuar con su modernización.
En suma, se trata de hacer nuevas reformas cuyo norte sea promover las virtudes públicas que la ciudadanía les exige a sus dirigentes políticos para que en todas las circunstancias antepongan el bien común al interés particular. Valoramos las recientes declaraciones de la Presidenta de la República y otras autoridades del Gobierno y las de los principales dirigentes de nuestros partidos, en este sentido. Una convocatoria amplia de temas, expertos y visiones, en el marco de las mejores tradiciones republicanas para alcanzar acuerdos, es lo que el país necesita con urgencia.
