Solo si nos tomamos en serio la enorme tarea de mitigación, reparación, acompañamiento y puesta al día de la formación de las nuevas generaciones afectadas por este verdadero terremoto educacional, estaremos en el camino correcto.
La conversación sobre educación ha cambiado. En la década anterior estuvimos preocupados principalmente de los aspectos institucionales, administrativos y legislativos del sistema educacional, pero a partir del 2020 hay un giro de las preocupaciones hacia los aprendizajes de los estudiantes y los logros del proceso educativo, entre otros temas.
A raíz del prolongado impacto de la pandemia, la conversación sobre educación —en los hogares y la esfera pública— ha cambiado dramáticamente. Si durante la década anterior estuvimos preocupados principalmente por los aspectos institucionales, administrativos y legislativos de nuestro sistema educacional, a partir del 2020 observamos un giro de las preocupaciones hacia el aprendizaje de las y los infantes, niños y jóvenes, los métodos y medios pedagógicos, las prioridades curriculares y los logros del proceso educativo.
Efectivamente, la década educacional pasada fue intensamente político-legislativa. Comenzó a aplicarse la Ley General de Educación (LEGE) aprobada en 2009. Esta creó una nueva gobernanza escolar, redujo el ciclo básico en dos años, garantizó el acceso gratuito al prekínder y kínder, definió principios para el sistema y objetivos curriculares, e instauró una agencia para evaluar los resultados del aprendizaje.
Además, se hallaban en fase inicial de implementación la Ley de Inclusión Escolar y la ley que puso en marcha la desmunicipalización. Aquella introdujo la admisión sin selección a los colegios, eliminó el financiamiento compartido y prohibió el lucro en establecimientos con aportes del Estado. La otra creó los Servicios Locales de Educación Pública. Adicionalmente, al final de la década, se aprobó una nueva Ley de Educación Superior, que otorgó un papel más activo al Gobierno en la supervisión y control de este sistema y consagró la gratuidad del acceso para los estudiantes provenientes del 60% de la población de menores recursos. Asimismo, se dictó una ley especial que beneficia a las universidades del Estado.
Esta cantidad de reformas se hizo mientras ocurrían dos fenómenos en la educación chilena. Por un lado, los resultados escolares, que habían mejorado durante la primera década del siglo, mostraron un relativo estancamiento mientras nos dedicábamos a reformar la política, la administración y la operación del sistema. Por otra parte, la educación se tornó un campo de batallas ideológicas, con manifestaciones, tomas de colegios y universidades, protestas y confrontaciones a lo largo de la década que culminó en octubre de 2019.
¿Existe alguna relación entre la abultada agenda de transformaciones institucionales de la educación, la agitación político-social que la acompañó y el estancamiento de los logros del aprendizaje? Es probable que así sea.
Los propios gobiernos de esa década reconocen que, más allá de buenas intenciones y retórica, no se preocuparon de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados; o sea, de haber dado la espalda a la sala de clases. En efecto, se concentraron en lo que se llamó las reglas del juego; dicho metafóricamente, en el financiamiento de los jugadores, el papel de los árbitros, el estatuto jurídico de los clubes, la identidad de los hinchas, el valor de las entradas, la violencia en los estadios y, en general, de los diversos aspectos del envoltorio externo del sistema, desatendiendo la calidad y los resultados del juego.
Efectivamente, se descuidaron la planificación fina y la evaluación del trabajo docente; la selección de estrategias y métodos adecuados de enseñanza; el uso de las nuevas tecnologías y redes; el clima interno de las escuelas y su tono afectivo y socioemocional; el liderazgo de los directores y su equipo; la relación con las familias y el constante apoyo a los estudiantes de hogares con un menor capital económico, social y cultural.
La pandemia y sus múltiples réplicas, un verdadero terremoto educacional y social, terminó por imponernos, forzosamente, estos últimos tópicos como principal preocupación. De las reglas del juego tuvimos que girar hacia el juego mismo y hacia los miles de microcosmos que constituyen los colegios de Chile. Y así nos fuimos envolviendo en lo que ocurre al interior de cada uno de esos pequeños mundos, y no solo en su atmósfera exterior. Los debates sobre la presencialidad son un ejemplo: por qué, cómo, cuándo, dónde, cuánta presencialidad y su complemento, la virtualidad, se transformó en preocupación prioritaria. Lo mismo sucede con las discusiones sobre aprendizajes autónomos, nuevos roles del profesor, priorización curricular. Y, sobre todo, los devastadores efectos que sobre las jóvenes generaciones han tenido el prolongado confinamiento y las continuas interrupciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
¿Qué sucederá en los años venideros?
El riesgo de recaer en las inercias de ayer, creyendo encontrar allí de nuevo un sostén de normalidad, es evidente. El propio proceso político—con su ciclo constitucional, parlamentario, presidencial y plebiscitario—podría retrotraernos fácilmente a una discusión ideológica sobre proveedores y su régimen mixto, sus disfuncionalidades y déficits, alejándonos de lo que debería ser nuestro foco de atención: el aprendizaje de conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para ser un pueblo educado a la altura de las exigencias del siglo XXI.
Solo si nos tomamos en serio la enorme tarea de mitigación, reparación, acompañamiento y puesta al día de la formación de las nuevas generaciones afectadas por este verdadero terremoto educacional, estaremos en el camino correcto. Pues solo a partir de ahí —y no mediante un nuevo ciclo de soluciones (mágicas) de carácter jurídico-administrativas— podemos reencontrarnos con la sala de clases y las prácticas de aprendizaje, única base posible para mejorar la calidad de nuestra educación.
En efecto, nos permitiría poner al centro del debate educacional de la sociedad los tópicos propiamente formativos y pedagógicos; esto es, de orientación ética, contenidos curriculares, modalidades de evaluación, clima cultural y cultivo de valores y conductas democráticas propios de una comunidad que se afana por resolver sus conflictos en paz.
