Para nadie es desconocida la importancia que tiene un profesor en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y la baja valoración social que tiene la profesión docente en nuestro país. Por eso sorprende y desilusiona que la Comisión de Educación haya rechazado la idea de legislar el proyecto que busca fortalecer la profesión docente.
Este hecho resulta aún menos comprensible, cuando recordamos que la calidad de la educación fue la bandera de lucha de la oposición el año pasado y que todos los miembros de la Comisión de Educación firmaron una propuesta de modificaciones al proyecto que fue ratificada por la nueva ministra de Educación. Con estos antecedentes en mano, cuesta creer que la abstención de los diputados de la oposición, así como la de algunos del oficialismo, responda a la idea de que en nuestro país no se requiere mejorar la formación de los profesores y sus condiciones laborales. Más bien parece ser una decisión oportunista frente al bajo apoyo popular del gobierno que delata falta de compromiso con los verdaderos problemas y desafíos del país.
El actual proyecto de ley tiene por objeto mejorar las oportunidades de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Para ello resulta fundamental mejorar la calidad de la docencia, atrayendo a jóvenes destacados y con vocación a esta profesión, reteniendo a los docentes de buen desempeño en el aula y mejorando las condiciones laborales.
Para materializar estos fines se propone elevar las exigencias para entrar a estudiar pedagogía, así como también a las instituciones formadoras; se crea un sistema de mentorías a los docentes que se inician en el ejercicio profesional para acompañarlos durante su primer año; se construye una carrera docente con distintos escalafones que reconoce el desarrollo profesional; el monto de la remuneración se aumenta considerablemente en los primeros años del ejercicio laboral y a lo largo de la carrera se va aumentando según el nivel de desarrollo que alcance el docente y los años de antigüedad; se crea una asignación para todos los docentes que trabajan en escuelas vulnerables y se aumentan significativamente las horas de los docentes para preparar sus clases. Cabe además mencionar que la nueva carrera docente beneficiará a todos los docentes y educadoras de párvulo que se desempeñan en establecimientos que reciben aportes del Estado, incluidas las educadoras que trabajan en jardines infantiles.
Las líneas generales del proyecto apuntan en la dirección correcta, aun cuando hay aspectos que deben ser subsanados en la tramitación parlamentaria si queremos efectivamente que los recursos invertidos en este proyecto tengan impacto en el aprendizaje de nuestros niños. Hay al menos cuatro aspectos que son claves de abordar: 1) elevar las exigencias de la profesión docente, 2) descentralizar la carrera docente, entregando más autonomía a los directores; 3) aumentar la remuneración vinculada a mérito e 4) incrementar de forma significativa la asignación para trabajar en escuelas vulnerables a los docentes de buen desempeño.
Si no elevamos las exigencias de la profesión docente, será imposible restablecer su prestigio. El actual proyecto propone únicamente dos evaluaciones obligatorias en toda la carrera profesional de un docente, número que fue reducido a uno por el acuerdo entre los diputados y el Ministerio de Educación. El estándar exigido para aprobar esta evaluación es bajísimo, pues se puede aprobar no habiendo respondido ninguna de las preguntas de conocimiento disciplinario, o bien con la penúltima calificación en el instrumento que evalúa desempeño en el aula. Por último, los docentes que no logren aprobar esta prueba, y así acceder al nivel avanzado, pueden seguir haciendo clases. Estas bajas exigencias dan una señal equivocada, pues nos dice que basta con un mínimo para ser un buen docente y que la profesión docente no es relevante, ya que incluso quienes no tengan ese mínimo pueden continuar dentro del aula.
Otro aspecto dice relación con la falta de flexibilidad para adaptar la carrera docente a las diferentes comunidades educativas, considerando sus proyectos educativos, contexto geográfico, cultural y socioeconómico. Las evaluaciones consideradas en el proyecto de ley, tanto para avanzar en la carrera docente como la de evaluación de desempeño, dependen del Ministerio de Educación y no consideran las evaluaciones realizadas por el equipo directivo de los establecimientos.
La evidencia internacional es clara en señalar la importancia de instalar capacidades al interior del establecimiento y de entregar autonomía a los directores para que puedan liderar sus proyectos educativos. Nada de eso hay en este proyecto; por el contrario, los directores se transforman en meros administradores de recursos, obstaculizando su liderazgo pedagógico. Perfectamente podía avanzarse hacia un mejor equilibrio combinando evaluaciones que dependan del nivel central con las que dependan de la comunidad educativa.
El proyecto aumenta considerablemente las remuneraciones al inicio del ejercicio profesional, pero luego la dispersión que existe para los diferentes escalafones no es significativa, especialmente entre el primer nivel (inicial) y el avanzado. El factor que más influye en el incremento de las remuneraciones sigue siendo la experiencia en vez del mérito o buen desempeño. Por ejemplo, mientras la remuneración de un profesor en el nivel inicial aumenta un 69% por años de experiencia, sólo aumenta un 16% por mérito si logra acceder al nivel avanzado. El problema de esta medida es que se privilegia a los docentes de bajo desempeño con buenas remuneraciones, pero se perjudica a los docentes de buen desempeño. El mensaje implícito no es menor, pues lo que se está diciendo es que el desempeño del docente en la práctica no es muy relevante, sobre todo cuando existe tan poca flexibilidad para despedir a los malos docentes.
Por último, resulta fundamental cambiar la distribución de profesores, atrayendo a los mejores docentes a trabajar a las escuelas más vulnerables. Las asignaciones que contempla el proyecto de ley son demasiado bajas. Un profesor en el nivel inicial con dos años de experiencia recibiría un aumento de $15.000 al mes por una jornada de trabajo de 44 horas, monto que no alcanza si quiera para cubrir los gastos de locomoción.
Estas medidas parecieran contar con el apoyo ciudadano. Según la encuesta CEP del 2011, el 80% de los entrevistados estaba de acuerdo con que la remuneración de los docentes se vinculara a mérito, el 66% creía que los directores deberían poder despedir a los profesores si no se desempeñan adecuadamente, y el 63% que éstos debían poder seleccionar a sus profesores. Estos resultados no son muy distintos a los que se encontraron en una encuesta realizada por el Ministerio de Educación el 2012. En ella el 60% de los estudiantes de pedagogía y el 65% de los docentes encuestados estaban de acuerdo con que los sueldos se vincularan a desempeño.
Es de esperar que en la próxima votación en la sala nuestros parlamentarios no sean capturados por una fracción del colegio de profesores, que persigue un interés particular, o por el oportunismo que ofrece el actual debilitamiento del gobierno, sino que sepan atender a los intereses de los millones de niños y de las futuras generaciones que se verían beneficiados con el fortalecimiento de la profesión docente.
