El nuevo Gobierno enfrenta un escenario macroeconómico y externo desafiante: una economía en plena desaceleración, un problema pendiente de empleo y los efectos de la guerra en Ucrania.
La economía global está enfrentando un segundo gran shock en solo dos años. Al shock inicial de la pandemia del covid-19, que sigue con nosotros con la aparición de una variante de Ómicron —que ya es la principal causante de contagios en el mundo—, se agrega ahora el shock de la invasión rusa a Ucrania. Esto sucede cuando la mayor parte del mundo, excepto China, había aprendido a convivir con el virus, levantaban restricciones a la movilidad y avanzaban en su recuperación.
El principal y más lamentable costo de la invasión será en vidas humanas. Pero también tendrá efectos económicos importantes. De partida, aunque Rusia y Ucrania son relativamente pequeños en términos del PIB mundial (menos del 2%), ambos países son importantes exportadores de alimentos, energía y materias primas. Las alzas de precios de estos bienes, unida a los efectos de las represalias de Occidente y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto bélico, impactarán al crecimiento global y a la inflación.
En esta línea, la OCDE recientemente estimó que, con el impacto que ya ha tenido en los precios de alimentos, energía y otras materias primas y en los mercados financieros, los efectos probables serían un menor crecimiento global de un punto porcentual (1,5 puntos porcentuales menos para la Unión Europea) y una mayor inflación global de 2,5 puntos porcentuales para el primer año de conflicto. Los países emergentes y en desarrollo experimentarán los efectos de un shock en sus términos de intercambio, menor crecimiento global, apreciación del dólar y un deterioro en las condiciones financieras globales.
Una complicación adicional es que los efectos inflacionarios de este shock golpean al mundo cuando muchos países tenían inflaciones altas y crecientes. Para evitar que sigan subiendo, estos países tendrán que aumentar las tasas, justo cuando su crecimiento se esté reduciendo. Esto es exactamente lo que ha estado haciendo la FED, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de una serie de otros países.
La economía global enfrenta, además, importantes riesgos. El principal es que el conflicto bélico se agudice y termine deteriorando significativamente las relaciones de Occidente con Rusia y especialmente con China, la cual está mucho más integrada a la economía global y a las cadenas globales de suministro que Rusia. Otro riesgo es que la FED implemente agresivas alzas de tasas para contener la inflación, generando grandes efectos en los mercados financieros internacionales. Otro riesgo, aunque de probabilidad más baja, pero con importantes consecuencias, sería que Rusia termine utilizando armas químicas e incluso nucleares.
Este shock golpea a Chile justo cuando la actividad ya se había recuperado del impacto del estallido social y de la violencia asociada, y la pandemia. En efecto, en el cuarto trimestre del 2021, el PIB superó al del cuarto trimestre del 2019 (pre-pandemia) en 11,9% y al pre estallido social en 7,6%. Hacia el tercer trimestre del 2021, la economía chilena mostraba claras señales de sobrecalentamiento: el déficit en cuenta corriente superaba el 9% del PIB, el déficit fiscal se empinaba sobre el 8% del PIB y el estructural sobre el 11%, la inflación anual superaba el 7% y las expectativas de inflación a dos años se alejaban del 3%. Para controlar la inflación y ajustar la cuenta corriente —necesario para prevenir una eventual crisis macroeconómica—, el país había iniciado un ajuste, mediante la aprobación de un presupuesto que reduce significativamente los gastos de emergencia incurridos durante la pandemia y un proceso de alzas de tasas iniciado a partir de julio del año pasado. Esta combinación de políticas está contribuyendo a reducir el sobrecalentamiento. De hecho, la demanda por bienes finales se está contrayendo y el exceso del producto sobre su nivel potencial se está reduciendo. Esto va a llevar a una reducción de la inflación y del déficit en cuenta corriente más adelante.
El Informe de Política Monetaria (IPoM) de esta semana proyecta que estas políticas y el nuevo escenario externo reducirían el déficit en cuenta corriente del 6,6% del PIB alcanzado el 2021 a un 4,7% este año y a un superávit del 0,7% el 2023. En cuanto a la inflación, el IPoM proyecta que llegaría a 5,6% anual en diciembre de este año, y 2,9% en diciembre del próximo. El crecimiento, en tanto, se ubicaría en el rango del 1,0 al 2,0% este año y del -0,25 al 0,75% el próximo. Por último, se proyecta que el consumo privado y la inversión se contraerían este año y el próximo.
Estas proyecciones suponen que la guerra iniciada por Rusia no pasa a mayores, que no hay retiros adicionales de ahorros previsionales, que se cumple el presupuesto fiscal de este año y que se reducen los déficits estructurales de los próximos años.
Restablecer la estabilidad macroeconómica es fundamental para protegernos de una eventual crisis macro-financiera, para proteger a los más pobres y para facilitar el crecimiento sostenible. Lamentablemente, la Cámara de Diputados sigue dando muestras de populismo y de no querer cooperar con el ajuste macroeconómico tras aprobar, por amplia mayoría, la admisibilidad de legislar un quinto retiro de ahorros previsionales. De aprobarse esta iniciativa, se agudizarían nuevamente los desequilibrios macroeconómicos, justo cuando estamos enfrentando otro gran shock externo. La cuenta la pagarían los más pobres —porque la inflación volvería a acelerarse—, la clase media —porque las tasas hipotecarias volverían a subir—, y el país como un todo —por el aumento de la fragilidad macroeconómica—.
Así, el nuevo Gobierno enfrenta un escenario macroeconómico y externo desafiante: una economía en plena desaceleración, un problema pendiente de empleo y los efectos de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el Gobierno tendrá que atender también los problemas más inmediatos que afectan a la población y que siguen apareciendo como sus principales preocupaciones en las encuestas de opinión, como son la delincuencia y el orden público, la inmigración y la violencia en la macrozona sur.
Pero eso no es todo. La tasa de crecimiento tendencial de Chile se ha reducido también significativamente en la última década, lo que hace difícil aumentar en forma sostenible el gasto público para financiar carencias de bienes públicos y prestaciones sociales y reduce el potencial recaudatorio de cualquier reforma tributaria.
Ante esta situación, la Convención Constitucional tiene la gran responsabilidad de preparar una propuesta de Constitución, que no termine debilitando aún más la institucionalidad del país y que se enfaticen las perspectivas de crecimiento sostenible del país por las razones antes descritas. Sin crecimiento, con debida protección del medio ambiente, no es mucho lo que se puede avanzar en satisfacer las demandas de la población. Las tareas del nuevo gobierno y de la Convención Constitucional en esta materia y en este contexto son fundamentales.
