En momentos en que se vuelve a discutir sobre la continuidad del proceso constituyente, pareciera crucial revisar qué aspectos funcionaron y fallaron en la elaboración de la PNC. La participación ciudadana como método para canalizar demandas representativas de las regiones, requiere ser escrutada para no quedar al debe.
De haberse aprobado la Propuesta de Nueva Constitución de 2022 (PNC), dentro de un año desde su entrada en vigencia debían convocarse consultas vinculantes con el objeto de ratificar la creación de dos nuevas Regiones Autónomas, Aconcagua y Chiloé. En el caso de Aconcagua, su constitución como región puede rastrearse en una consulta ciudadana realizada en las comunas de Los Andes, Petorca y San Felipe el año 2019, resultando en un masivo apoyo a la misma (93,6%). En el plebiscito de 4 de septiembre la opción Rechazo triunfó en Ancud (67,93%), Castro (62,53%) y Quellón (72,35%), tres de las principales comunas que habrían formado parte de la región de Chiloé propuesta. En el caso de Aconcagua, la misma opción triunfó en Los Andes (60,21%), Petorca (56,11%) y San Felipe (60,25%). Estos resultados llaman la atención considerando que la disposición transitoria que ordenaba la realización de dichas consultas respondía a una iniciativa popular constituyente, un mecanismo de participación inédito en Chile, proponiendo la creación de ambas regiones.
Si bien la propuesta constitucional del segundo gobierno de Michelle Bachelet estuvo antecedida por una etapa de participación ciudadana (ej. encuentros locales y cabildos provinciales y regionales), la elaboración de (PNC) fue dadivosa en instancias participativas. La Ley de Presupuestos para 2021 asignó 500 millones de pesos para “actividades de participación ciudadana y difusión” a la Convención Constitucional (CC) y esta última realizó algunas reasignaciones para su consecución. La participación ciudadana se concretó tanto en su etapa provisoria, dedicada a la dictación de reglamentos, como durante la etapa deliberativa, abocada a la discusión y votación de iniciativas de norma constitucional. Entre estas últimas se encuentran las iniciativas populares de norma.
¿Cuál fue la presencia de las regiones en materia de iniciativas populares?
Para que éstas fueran tramitadas en forma equivalente a las iniciativas presentadas por convencionales debían reunir 15.000 firmas provenientes de, al menos, cuatro regiones distintas. Cabe hacer dos precisiones. Primero, la residencia en el extranjero se contabilizaba como otra región más (su participación ascendió a 0,9%). Y segundo, al momento de adherir a una iniciativa popular la fijación de domicilio no quedaba sometida a control alguno sobre la efectividad de esa declaración. Con todo, según señala el sitio de la CC, en la tramitación de esta clase de propuestas de norma constitucional todas las regiones estuvieron presentes, aunque lideradas por la Metropolitana (47%), seguida por Valparaíso (10%) y luego Biobío (8,7%). Parece una imagen decimonónica de la distribución geográfica del poder en el país.
Si revisamos iniciativas populares con un sello regional, cabría preguntarse si el mayor o menor grado de adhesiones provenientes de la Región Metropolitana (RM) cobró algún efecto en la deliberación constituyente. El artículo 37.4 PNC ordenaba la creación en cada región de al menos una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, con plena autonomía académica, económica y administrativa. Este mandato constitucional emergió de una iniciativa popular (Boletín 47-3) suscrita por residentes de la RM (9.524), seguida por Valparaíso (1.297) y luego por Los Lagos (753). Dos iniciativas populares relativas a la protección de manifestaciones artísticas, culturales y recreativas provenientes de las costumbres y tradiciones del país (Boletines 36-7 y 52-7) contaron con 3.743 y 5.257 adhesiones de la RM (seguidas por 3.004 de Ñuble y 1.942 de O’Higgins, y 2.757 Maule y 2.706 O’Higgins), respectivamente. Ninguna alcanzó el quórum de 2/3 para ser incorporadas en la PNC. ¿Datos anecdóticos o sintomáticos de algo más profundo?
En momentos en que se vuelve a discutir sobre la continuidad del proceso constituyente, pareciera crucial revisar qué aspectos funcionaron y fallaron en la elaboración de la PNC. La participación ciudadana como método para canalizar demandas representativas de las regiones, requiere ser escrutada para no quedar al debe.
