La fábula es de Esopo. Los montes anuncian que darán a luz. Con síntomas enormes, terribles, que asustan a quienes los presencian. Llega el parto y sale un ratón diminuto. Es inevitable acordarse de esta fábula a propósito del proyecto de Constitución presentado por la Presidenta Bachelet cayendo el telón.
Los síntomas de ese parto fueron grandes, sonoros, temibles para algunos. El programa con que la Presidenta ganó en 2013 los anunciaba. Luego, el proceso de ELAs y cabildos en 2016. Un proyecto algo críptico presentado en 2017 para cambiar el mecanismo de reforma constitucional. Y, por fin, un proyecto de nueva Constitución hace pocos días.
La recepción del proyecto en el mundo político fue fría, más bien gélida. El recién nacido parecía no tener padres que lo defendieran, ni parientes que lo reconocieran. Algunas voces se han levantado desde el PS y la DC, pero solo después que el ministro Chadwick dijo que le pondría lápida. Más que una defensa del proyecto, fue una crítica al gobierno. No es de extrañar. El proceso de la expresidenta pareció excluir por diseño a los partidos políticos. Los de su coalición nunca se involucraron de verdad en la participación ciudadana de 2016. Y parece que aún menos en la redacción del proyecto. En esto el proceso chileno tiene algo de dos experiencias comparadas distintas, ambas negativas.
Una es la de Islandia. Como hace poco lo recordaban los profesores Jorge Contesse y Sergio Verdugo, ese proceso, para muchos un ejemplo de participación ciudadana, terminó en nada por prescindir de los partidos.
La otra es latinoamericana. Varios procesos constituyentes en la región han sido impulsados por el Poder Ejecutivo, presidencias, omitiéndose los parlamentos y partidos, apelando directamente a la ciudadanía. De ellos han resultado constituciones severamente presidencialistas, con congresos disminuidos y manipulables. Es cierto que la realidad democrática chilena es distinta a la de esos países, y que la Presidenta Bachelet envió finalmente su proyecto al Congreso. Pero no deja de llamar la atención el modo en que los partidos fueron ignorados, la apelación a la ciudadanía, el porfiado presidencialismo que persiste en el proyecto, y una propuesta insólita: si en el futuro se quiere dictar una nueva Constitución, no será el Congreso el encargado, sino una Convención Constitucional. ¿Por qué?
La Constitución de 1833 fue producto de una Convención Constitucional. Pero el proyecto que ella acordó se fue al Congreso para su aprobación. Hoy, en cambio, se propone que vaya al Presidente para que convoque a plebiscito. De nuevo: poder unipersonal, apelación directa a la ciudadanía y Congreso disminuido. La tríada de una democracia débil.
Con todo, al menos hoy sabemos en qué consiste el constitucionalismo de Bachelet. Reproduce bastante su programa de 2013 y mucho de la Constitución vigente. Entre lo novedoso hay unas muy discutibles propuestas de Estado plurinacional y de judicialización de los derechos sociales. Otras, en cambio, son valiosas, como la reducción de los quórum legislativos y de la competencia preventiva del TC. Nada, desgraciadamente, sobre el régimen político. ¿Parto de los montes? El tiempo dirá cuán diminuto fue el ratón.
