Reparar la deuda del Estado con este grupo no pasa por darles una sobrerrepresentación. La falta de precisión en el repetido término “plurinacionalidad”, ha llevado a un desconocimiento de su sentido y alcance.
Existe un desafío urgente de entregar un mayor reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, pero la discusión “se ha pasado varios pueblos”. Si bien la historia de la Constitución evidencia una total ausencia del tema indígena en sus textos expresos -lo último se remonta a 1822, en donde se les dedica un solo artículo-, el debate de su inclusión en la nueva Carta Fundamental se ha llevado a un extremo que nos aleja del objetivo de alcanzar un “nuevo pacto” con visión de futuro, que abrace la diversidad y multiculturalidad, y refleje una integración real en la organización social y política del país.
Reparar la deuda del Estado con este grupo no pasa por darles una sobrerrepresentación. La falta de precisión en el repetido término “plurinacionalidad”, ha llevado a un desconocimiento de su sentido y alcance. Tanto así, que el 11% de los escaños reservados de pueblos indígenas ha adquirido en realidad un protagonismo expansivo. Ejemplo de esto es la creación de la comisión de Participación Indígena como unidad independiente; se les reservó cupos en las Vicepresidencias Adjuntas; e incluso se les permitió contratar asesores sin títulos profesionales o técnicos “por razones de carácter cultural o ancestral”.
Lo anterior es muy relevante si se considera que, como era de suponer, se han presentado en el Pleno abundantes normas vinculadas a los pueblos originarios. Estas consignan excepciones que muchas veces se traducen en desmesurados privilegios frente al resto de la ciudadanía. Ya hay más de una decena de ellas que han llegado al borrador, relacionadas a peticiones de etnias nativas que van desde la propia definición de nación y autonomía territorial, a una especial consideración en materia de derechos, entre otras.
Si lo expuesto hasta ahora no lo convence, retomemos la reciente aprobación del “Pluralismo Jurídico”, que supone que en un mismo territorio existan diferentes sistemas de justicia. Esta apuesta ha dejado un mar de dudas al no consensuar ámbitos de acción. Por ejemplo, algunos piensan que los actos de narcotráfico en La Araucanía serían jurisdicción de un lonco, y otros que excluye la justicia penal, mientras que otros asumen que la última instancia sería la Corte Suprema, y no una paralela. Lo único claro hasta aquí es que no todos seríamos iguales ante la ley. No está mal permitir legalmente diferencias razonables entre quienes son objetivamente “distintos” (ejemplos hay miles, no solo los pueblos originarios), pero aquello no es lo mismo que separar por completo el sistema.
Ya en la recta final del proceso se debiesen construir confianzas entre los convencionales, y también con aquellos que tendrán la última palabra: la ciudadanía. Hay que evitar que pensamientos como el “estábamos aquí antes de la colonización”, nos distancie más de los que nos une. Incluso la opinión pública, como lo refleja la reciente Cadem, ha dado un fuerte portazo a muchas de las iniciativas mencionadas. Claro que hay que comprender los errores, injusticias y abusos cometidos por el Estado, pero con la mirada puesta en intentar repararlos a través de ese “nuevo pacto” de unión que dio origen al cambio constitucional.
