La PGU representa una mejora significativa del actual sistema de pensiones, un fomento al trabajo formal y con financiamiento robusto.
Hace algunos días, el gobierno anunció su propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual viene a reemplazar el actual Pilar Solidario que cubre hasta el 60% más vulnerable de la población. Esta propuesta atiende las demandas por una pensión universal, pero lo hace de una forma responsable en lo fiscal y apunta a robustecer el pilar solidario del sistema previsional chileno. Así, este proyecto tiene algunos aspectos muy destacables.
Primero, amplía la cobertura y el monto del pilar base del sistema de pensiones, algo que va en línea con lo realizado por varios países OCDE, como muestra su reciente informe Pensions at a Glance 2021. En el corto plazo, esta medida ayudará a mejorar la calidad de vida de muchos pensionados y trabajadores de mayor edad, no obstante, esta propuesta también será de especial relevancia en el mediano plazo, debido a los efectos negativos que potencialmente tendrán los retiros de los fondos de pensiones sobre las futuras pensiones. De hecho, a septiembre de este año, un 15% de los afiliados mayores de 50 años tiene saldo cero en su cuenta de capitalización individual (calculado en base a datos de la Superintendencia de Pensiones), lo que los hace altamente susceptibles a beneficiarse del Pilar Solidario y, potencialmente, la PGU.
En segundo lugar, el proyecto contempla importantes incentivos al trabajo formal y a las cotizaciones, ya que entrega el mismo monto al 80% más vulnerable de las personas sin reducirse con el ingreso propio, lo cual premia a quienes han construido una pensión autofinanciada, incentivando la cotización. Además, se recompensa el trabajo en la vejez, lo cual, aunque suene duro, es de suma importancia en un país que envejece como Chile. Desafortunadamente, el Pilar Solidario actual quita parte de esos incentivos.
Por último, mucho se ha discutido sobre la necesidad de mayor solidaridad en el sistema de pensiones, un punto en el que parece haber consenso. No obstante, existen grandes diferencias sobre cómo realizar esta solidaridad, si con impuestos generales o con las cotizaciones de los trabajadores. El actual proyecto opta por la primera vía con recursos provenientes del fin de beneficios tributarios, lo cual le otorga el financiamiento necesario para evitar que los trabajadores lo paguen con sus cotizaciones, algo que, considerando las últimas encuestas, suena muy razonable. De acuerdo a estas mediciones (como la Cadem del 12 de diciembre), más de la mitad de los chilenos prefiere que su cotización adicional vaya a cuentas individuales y se ha establecido la idea de que los fondos son propiedad del trabajador y ellos parecen desear que siga de esa forma.
En conclusión, la PGU representa una mejora significativa del actual sistema de pensiones, un fomento al trabajo formal y con financiamiento robusto. Seguramente habrá aspectos mejorables y negociables, pero es de esperar que ellos se discutan con la celeridad y seriedad debida y pensando en sus beneficiarios.
