Sin duda que se abre una oportunidad de hacer grandes avances en pensiones que no pueden seguir esperando. Pero esto debe ir acompañado de evitar acciones que sean políticamente atractivas, pero que luego generen efectos adversos en las personas.
El Presidente Piñera presentó los primeros lineamientos de lo que será la reforma al sistema de pensiones, ya discutida en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La reforma viene a responder directamente una sentida demanda de la ciudadanía, ya que, según la encuesta CEP, el tema de pensiones se posiciona como la principal problemática a la que el gobierno debería dedicarle esfuerzos.
Previo al proyecto en sí, celebramos el aumento del pilar solidario para aquellos mayores de 80 años en cerca de 55 mil pesos, junto con el incremento paulatino para el resto de los pensionados hasta alcanzar el 50% en 2022. Si bien la medida dista de ser la solución final para quienes reciben pensiones solidarias, sí es una ayuda que involucra un esfuerzo fiscal significativo.
Analizando la propuesta, destacamos el incremento paulatino de la cotización con cargo del empleador, que llegará a un 6%, del cual un 3% se destinará a las cuentas de capitalización individual. Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, la mayor tasa de cotización es un factor vital para mejorar las pensiones futuras. De todas maneras, debido a la situación económica por la que atraviesa el país actualmente, es importante considerar el efecto que esta medida pueda tener en la formalidad del empleo. La gradualidad en que se propone aumentar la tasa es un atenuante, pero los riesgos mencionados no desaparecen por completo.
Otro aspecto que rescatamos es la incorporación de sociedades sin fines de lucro al sistema, lo cual lo dotará no sólo de mayor competencia, sino también dará nuevos aires de legitimidad. No obstante, consideramos contraproducente la separación de los fondos individuales en dos administraciones diferentes, lo que puede burocratizar la experiencia de las personas con el sistema previsional. Una opción razonable es que cualquiera de las instituciones del sistema pueda administrar el 13% que será destinado a las cuentas individuales.
Por otra parte, hay dos aspectos que nos preocupan. Primero, la propuesta que define que las AFP deben devolver parte de las comisiones en caso de que los fondos (exceptuando el A) tengan un rendimiento inferior a un benchmark. En la regulación actual ya existe un mecanismo que alinea los intereses de la administradora con los de los afiliados (el encaje) y también existen requisitos de devolución en caso de que una AFP se aleje considerablemente del resto. Además, este tipo de política incentiva a que las AFP inviertan en activos de retornos conservadores a fin de evitar pérdidas puntuales, lo que, a fin de cuentas, podría generar menores pensiones. La magnitud del efecto dependerá sustancialmente del benchmark aplicado y del tiempo considerado para estimar si el fondo tuvo o no una rentabilidad menor a este. Segundo, la ausencia – hasta el momento – de algunos elementos críticos, como aumentar el porcentaje de la fuerza laboral que cotiza, generar mecanismos que eviten las lagunas previsionales, e incentivar el retraso de la edad de jubilación.
Sin duda que se abre una oportunidad de hacer grandes avances en pensiones que no pueden seguir esperando. Pero esto debe ir acompañado de evitar acciones que sean políticamente atractivas, pero que luego generen efectos adversos en las personas.
