A pesar de que la PGU es un esfuerzo audaz, pues toma postura en el debate entre dos grandes concepciones de la política social -la focalización versus la universalización-, también es regresiva y carece de financiamiento.
Varias carreras presidenciales; encuestas ciudadanas; marchas de por medio; miles de adultos mayores recibiendo malas pensiones bajo un sistema bastante deslegitimado. Aún así no ha habido un plan de reforma integral sobre la mesa; solo parches y mezquindades políticas de por medio. No nos engañemos: la reciente propuesta del Ejecutivo de crear una Pensión Garantizada Universal (PGU) llega tarde y está lejos del cambio integral que necesitamos. Es más bien la posibilidad que vieron de mejorar su legado, pero no resuelve el problema por completo.
Al término de su segundo mandato, Sebastián Piñera no logró cumplir con la transformación del régimen de ahorros previsionales. Prácticamente se centró solo en la discusión del destino del aumento en la tasa de cotización, pues cuando propuso una “ley larga” más completa, esta se desvaneció en cuanto pasó al Senado. Si bien sus esfuerzos por goteo se podrían catalogar en su mayoría como pasos en la “dirección correcta”, están lejos de estar a la altura de una verdadera reforma. Ahora bien, la carga no es exclusiva de la administración saliente, pues su telón de fondo fue la mezquindad de una oposición desleal que se ha negado de forma tajante a entregar esa bandera al Ejecutivo, incluso deteriorando el sistema de ahorro individual y sacrificando las pensiones futuras de todos.
A pesar de que la PGU es un esfuerzo audaz, pues toma postura en el debate entre dos grandes concepciones de la política social -la focalización versus la universalización-, también es regresiva y carece de financiamiento. Llega mejor a las clases medias, resolviendo los dolores de cabeza que trae la segmentación en los sistemas de política social y dejando atrás los leves desincentivos que generan los sistemas de subsidios decrecientes al ahorrar más, genera una alta demanda de recursos fiscales con un importante problema: la debilidad de las estructuras tributarias. Así, carece de financiamiento, ya que no cumple con que los medios contemplados sean permanentes para solventar este gasto permanente. Además, el costo total está subestimado, pues no considera del todo el problema del envejecimiento de nuestra población, lo que hará que esta reforma sea más cara aún. Esto lo vio la oposición y rápidamente la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó una indicación inconstitucional para obtener recursos vía el añejado y controversial impuesto a los “super ricos”.
La oportunidad ahora está en que el presidente electo Gabriel Boric sea capaz de conservar aquella moderación que ha aparentado tener en cuanto a la responsabilidad fiscal, para que políticas sociales como estas no sean solo posibles, sino también sostenibles y bien diseñadas. Esto, especialmente considerando que, en pensiones, aspectos como el aumento en el envejecimiento de la población y los retiros impulsados por sus adherentes hacen que la cuesta se vaya poniendo cada vez más arriba para la tan errada propuesta de un sistema de reparto contributivo que propone el futuro gobierno. ¿En simple? La reforma que necesitamos aún es solo una ilusión.
