«La disputa en torno a este impuesto, que bien puede terminar en tribunales internacionales, puede agotar a la ciudadanía, especialmente si en medio de ella el desempleo sigue subiendo como ha ocurrido en los últimos meses».
El votante chileno es actualmente mucho menos ideológico que en el pasado. En estas circunstancias, tal como ocurre en países más avanzados, los ciudadanos eligen entre las opciones disponibles, en gran medida pensando en el bienestar personal o de sus familiares. Por eso es que, en general, en todas las democracias maduras el debate político gira fundamentalmente en torno a la economía, el empleo, la seguridad ciudadana, la salud y la educación.
Estamos siendo testigos de ese debate en la campaña presidencial estadounidense, donde la mayoría de los analistas estima que la difícil reelección de Bush sólo será posible si se afirma la recuperación económica y demuestra más capacidad que su oponente para garantizarles a los electores la seguridad a la que aspiran. Cada vez más los gobernantes son elegidos en función de su capacidad de generar confianza de un buen manejo en estas áreas. En el desempeño de sus cargos también son evaluados de acuerdo a su habilidad para lidiar con estos temas. Pero, además, se los aprecia por su capacidad para mantener el timón en los momentos difíciles.
Probablemente en una mezcla de estos factores se basa la elevada popularidad que exhibe el gobierno del Presidente Lagos. Una de las áreas donde ha mostrado firmeza es la fiscal. Ha mantenido ordenadas las finanzas públicas durante su gobierno, a pesar de las innumerables presiones. Tampoco, a pesar de un número bastante alto de proyectos que han alterado las normas impositivas, se observará un crecimiento en la carga tributaria al final de su mandato. Quizás entre medio y un punto porcentual del PIB, aun si aprueba el «royalty» minero. El gobierno de Felipe González, tantas veces citado como un modelo por la derecha chilena para nuestra izquierda, subió la carga tributaria durante su gobierno en ocho puntos porcentuales (y en cuatro al final de su primer gobierno). Por eso, el revuelo que a veces causan sus propuestas impositivas parece injustificado. Claro que sin éste, esa carga podría ser varios puntos mayor.
De hecho, por alguna razón u otra, el gobierno de Lagos ha gastado, durante su mandato, muchas municiones presentando proyectos que alteran las normas tributarias. Ninguno de ellos ha supuesto una alteración radical del esquema vigente, pero tampoco parece razonable que el Gobierno ponga constantemente en movimiento los engranajes tributarios. Un proyecto como el del «royalty» aparece a primera vista muy atractivo políticamente. No será fácil encontrar votantes que estén en desacuerdo o manifiesten dudas respecto de la idea de gravar más a la minería o a otras empresas. Pero no por eso las empresas se van a quedar de brazos cruzados. Se lo deben a sus accionistas. Por lo demás, como proporción del PIB, la carga tributaria de las empresas chilenas no es tan baja como sugiere su tasa. Ella alcanza, aun después de excluir la cuprífera estatal, a poco más de 3% del PIB, mientras que en la España que Felipe González dejó en 1996 esa carga no superaba el 2%. Después de todo, había que integrar España a Europa para lo que necesitaba empresas competitivas e inversiones nuevas.
La disputa en torno a este impuesto, que bien puede terminar en tribunales internacionales, puede agotar a la ciudadanía, especialmente si en medio de ella el desempleo sigue subiendo como ha ocurrido en los últimos meses. Poco o nada tiene que ver el «royalty» con esta situación, pero el votante difícilmente le perdonará a la Concertación no poner todo su esfuerzo en consolidar el crecimiento. La población quiere volver a ver una expansión económica vigorosa. Y con razón porque durante los 90 vivió un aumento en sus salarios y en el acceso a bienes y servicios que elevaron significativamente su bienestar. Durante mucho tiempo la Concertación fue considerada la llave de este progreso. Pero ahora la población, cada vez más y en diversas encuestas, ve a la Alianza con una mayor capacidad para generar crecimiento y empleo. La Concertación no tiene la popularidad política del Presidente Lagos – más bien aparece desgastada- y tiene que construirla en 18 meses. Si su compromiso con el crecimiento económico aparece debilitado, a ojos de la ciudadanía tendrá serios problemas, más allá de la o el candidato elegido, para obtener las preferencias de ésta por un cuarto período. Si la Concertación no es capaz de ofrecer un mejor futuro, su suerte en las elecciones presidenciales estará definitivamente echada. Una segunda lectura, entonces, invita a dudar del atractivo político de este proyecto.
