La agricultura goza de beneficios adicionales que otros sectores productivos envidiarían.
Quizás no exista otra reforma política más difícil de llevar adelante que el rediseño de los distritos electorales. Los encargados de llevar adelante una reforma de esta naturaleza son los representantes de la ciudadanía que precisamente han sido elegidos en esos distritos. Un cambio en ellos supone introducir incertidumbres que difícilmente los parlamentarios estén dispuestos a avalar. Ello ocurre en todos los lugares del mundo.
Si se piensa que en la mayoría de los países los distritos electorales fueron diseñados hace muchas décadas, no puede dejar de notarse que ello ocurrió en momentos en que una buena parte de la población vivía en zonas rurales. Éste es un factor central a la hora de explicar la excesiva representación que tienen las zonas agrícolas en los parlamentos de los más diversos países. Una de las principales consecuencias que acarrea este hecho es que no hay otra industria que goce de tantas protecciones y privilegios como la agricultura. Esas distorsiones han constituido tradicionalmente uno de los mayores frenos a un comercio internacional más libre y han generado algunos de los fracasos más evidentes de las reuniones de la Organización Mundial de Comercio.
En Chile la sobrerrepresentación de las zonas agrícolas es también evidente. A pesar que la configuración de los distritos electorales es más reciente, pesó la tradición y, especialmente, el convencimiento de que las zonas rurales eran más cercanas al régimen militar, momento en el que las actuales circunscripciones y distritos electorales vieron la luz. Este fenómeno, al igual que en otros lugares del mundo, se ha dejado sentir con fuerza en la elaboración de las políticas públicas y en la actuación de nuestros representantes.
No sólo gozan algunos cultivos agrícolas de protecciones especiales sino que a través de diversas instancias, la agricultura goza de beneficios adicionales que otros sectores productivos envidiarían. Las bandas de precios son la cara más visible de este proteccionismo y suponen, a través de los aumentos en los precios de productos como el azúcar y el pan, una importante transferencia de los consumidores chilenos hacia la agricultura. En el caso de los más pobres no deja de representar una parte significativa de su presupuesto mensual. Piénsese que el precio del pan es al menos un 20 por ciento más caro que el que existiría en ausencia de bandas.
Nuestros políticos tienen aquí un desafío. No cabe duda que en estas materias la voz de los consumidores es raramente escuchada. Los productores agrícolas tienen no sólo mayores facilidades para organizarse sino que se benefician del apego ancestral que de una forma u otra tenemos todos los seres humanos con la tierra. Nos parece casi natural proteger la agricultura que finalmente es la fuente de nuestros alimentos. Sin embargo, el mundo político haría bien en enviar una señal: que el camino para la agricultura no pasa por mayores grados de proteccionismo. Hay, actualmente, una demanda creciente por nuevas medidas. La semana que termina, el Senado, por unanimidad, aprobó un proyecto de acuerdo para «tomar medidas urgentes frente a la situación que afecta al trigo, maíz, a la industria molinera y a la avícola nacional».
Los productores se han quejado de los impuestos diferenciados con los que el gobierno argentino grava a sus exportaciones, argumentando que éstos, en la práctica, se traducirían en un subsidio a la producción de mezclas de harina y pollo que perjudicaría a los productores nacionales de las industrias mencionadas. El argumento es alambicado, pero no por eso correcto. No cabe duda que se quiere frenar el aumento de competitividad que ha experimentado la industria argentina en el último tiempo y, como es habitual, serían los consumidores, a través de mayores precios, los que pagarían los frenos.
No deja de ser curioso que sean nuestros exitosos productores avícolas, potencialmente tan beneficiados por los acuerdos de libre comercio, una de las organizaciones que lidere esta demanda por medidas urgentes. No cabe duda que han sido efectivos en proteger sus intereses. En el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos las carnes de ave terminaron con un arancel de 25 por ciento, muy por encima del que tenían antes del acuerdo y que se desgravara – convenientemente para ellos pero no para los consumidores- en un período muy largo.
Las distorsiones que durante tanto tiempo impidieron la apertura comercial del país y que frenaron su crecimiento económico no fueron tanto el resultado de una visión socialista atrasada como el resultado de grupos de presión pidiendo las más diversas formas de protección. Es de esperar que el mundo político sea más cuidadoso que estos vientos proteccionistas cuyos daños son mucho más cuantiosos de los que se cree.
