Para avanzar a una verdadera protección en salud, donde el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad no depende de la capacidad de pago, se debe abordar de manera integral y coherente el marco regulatorio.
Avanzar hacia la seguridad social en salud, donde el acceso esté ligado a las necesidades de las personas requiere de una adecuada regulación de los aseguradores de salud, que se haga cargo de todos los aspectos involucrados. Esto no ha ocurrido con las Isapres. El acceso a estas está ligado a la capacidad de pagar el precio de los planes de salud que, hasta hace poco, ha estado asociado a la edad y sexo del afiliado. Además, depende de la declaración de salud, que ha permitido que se excluya a quienes tienen condiciones preexistentes.
A principios de este año se eliminó la diferencia de primas por sexo y en la última semana se anunció la eliminación de algunas condiciones preexistentes de la declaración de salud, lo que implica que quienes tengan esas condiciones, no podrán ser rechazados por las Isapres por esa razón. Estos cambios buscan evitar discriminaciones, pero, aplicados en el marco regulatorio actual, no logran el objetivo de avanzar a un esquema que permita a todos acceder de igual manera a soluciones oportunas y de calidad en salud. Por una parte, igualar los precios de hombres y mujeres incentiva a las Isapres a preferir a los hombres, salvo que se establezcan compensaciones por su afiliación, lo que no ocurre actualmente. Por otra parte, si bien la libre afiliación es pieza clave para un esquema de salud que forme parte de la seguridad social esta se mantiene para todas las situaciones y condiciones no consideradas, ya que se mantiene la declaración de salud. Y el problema de fondo, que el acceso a Isapres depende de la capacidad de pago de cada persona, no se soluciona con ninguna de las dos medidas previas.
Para avanzar a una verdadera protección en salud, donde el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad no depende de la capacidad de pago, se debe abordar de manera integral y coherente el marco regulatorio: (i) la creación de un plan único de salud, en el caso de Chile igual para Fonasa e Isapres, que debe ser amplio y contener, entre otros, medicamentos ambulatorios, acceso a atenciones de salud mental y actividades de prevención y promoción de la salud; (ii) desligar el pago en salud del estado de salud de la persona (actualmente ligado a la edad) y garantizar la libre afiliación (no existe el rechazo de un potencial afiliado); (iii) mancomunación de fondos (Fonasa e Isapres) que representen una proporción relevante de la cotización, para que se pueda entregar más recursos (compensar) a los aseguradores que entreguen cobertura a personas de mayor gasto en salud y con ello asegurar que no habrá incentivos a seleccionar por riesgo.
La discusión política (por una parte, quienes quieren un cambio radical y, por otra, quienes no quieren cambios) ha frenado el avance en algo tan relevante para las personas como la protección en salud. Es tiempo de llegar a acuerdos.
