Chile requiere urgente un acuerdo para aumentar la tasa de cotización, que lleva posponiéndose por más de una década. Sin duda este debe incluir una mayor solidaridad al sistema. Como en toda negociación política, hay que considerar un punto de equilibrio entre las distintas posiciones, pero a la vez escuchando a la ciudadanía y lo que indica la evidencia. De otra forma, si le cargamos la mano a las futuras generaciones, este sistema no será equitativo ni sostenible.
3-2 en 2017, y luego 3-3 en 2019. Pero no estamos hablando de fútbol. Esas fueron las propuestas de aumento de cotización en las últimas dos reformas de pensiones fracasadas de Bachelet II y Piñera II respectivamente. En ambos casos, tres puntos de cotización se destinaban a cuentas individuales y el resto a un fondo colectivo y pago de beneficios. La propuesta original de este gobierno partió con 0-6, donde la totalidad se destina a un sistema intrincado de cuentas nocionales. Ante el escaso apoyo a este esquema, el ejecutivo anticipó que lo modificará, pero hasta la fecha no hay un acuerdo transversal que evite que esta reforma se sume a la historia de fracasos de la última década. El espacio de diálogo que recientemente abrió el ejecutivo con la oposición hace oportuna la pregunta: ¿Cuál es la combinación que requerimos como país y que entrega la necesaria sostenibilidad al sistema en el futuro?
La tensión entre los puntos destinados a cuentas individuales y al pago de beneficios no es fácil de sortear. Sin duda las pensiones actuales son bajas y existen desigualdades de las que necesitamos hacernos cargo, que justifican la existencia de un mecanismo de redistribución solidaria. Pero al mismo tiempo el 10% (más comisiones y seguros) que mensualmente los chilenos ahorramos para nuestra jubilación no es suficiente. Basta ver las tasas de cotización de los sistemas de pensiones que tienen los países desarrollados. La mitad de las naciones de la OCDE exige un 20% o más del salario imponible. El panorama económico futuro con caídas en las tasas de interés tampoco ayuda, donde el crecimiento de los ahorros disminuye y el dinero ahorrado rinde menos al jubilar. Es por esto que cada punto de cotización adicional a los registros individuales cuenta.
Entonces, ¿cuántos puntos porcentuales se requieren para el pago de los mismos beneficios que establece la reforma? A pesar de que el proyecto de ley especifica que la totalidad de la cotización debe ir a cuentas nocionales, las simulaciones indican que se necesitan, en promedio, dos puntos para el pago de los distintos beneficios (DIPRES 2023). Es posible realizar un ejercicio que no implique un endeudamiento permanente, a través de ahorro y deuda en el tiempo, que tome en cuenta que habrá años en que se necesitarán más de dos, y otros en que se requerirán menos. Así, se estima que es factible mantener los mismos beneficios y tasas de reemplazo en un escenario en que entre 2 y 2,5 puntos de cotización se destinen al pago de subsidios y el resto se entere en cuentas de capitalización individual (CEP 2023a). Sin duda, el valor final dependerá de factores externos como las tasas de interés o el margen de endeudamiento que tenga el país, pero está lejos del 4% de la última propuesta del gobierno.
Ahora hinquémosle el diente a esta bolsa de beneficios planteados. La entrega de subsidios utilizando la cotización laboral inexorablemente se traduce en menores pensiones para algunos grupos, por lo que es clave analizar la magnitud de estas compensaciones para que no pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema. Hay cierto consenso respecto de la necesidad de beneficios intrageneracionales, que corrijan especialmente las brechas de género en los futuros pensionados. El complemento por maternidad, por labores de cuidado y la compensación por años de vida son los principales, que se incluyen en la propuesta del gobierno. Sin embargo, más del 90% del pago en beneficios en los próximos 40 años será el financiamiento de una garantía de 0,1 UF por año cotizado que los trabajadores deberán costear a los que ya están jubilados.
El análisis de este último beneficio no puede realizarse sino en conjunto con la Pensión Garantizada Universal (PGU), ambos subsidios intergeneracionales. De todos los grupos afectados por la reforma, son los futuros jubilados con ingresos medio altos los principales perjudicados. Los trabajadores con salarios de $1,3 millones o más al inicio de su vida laboral disminuyen sus futuras pensiones para financiar el beneficio de la garantía y dejan de recibir la PGU, ya que esta no crece en términos reales. Estos son justamente los trabajadores que tienen las menores tasas de reemplazo brutas proyectadas, cercanas al 47% (CEP 2023b). Para asegurar la sostenibilidad en el tiempo del sistema, se hace necesario ajustar los parámetros de la reforma para aminorar el efecto negativo en las futuras generaciones. Esto se puede hacer reduciendo el beneficio de la garantía, ajustando a la baja la redistribución solidaria de cotizaciones, o con alguna otra herramienta afín.
Chile requiere urgente un acuerdo para aumentar la tasa de cotización, que lleva posponiéndose por más de una década. Sin duda este debe incluir una mayor solidaridad al sistema. Constantemente la ministra Jara ha planteado la necesidad de subir las pensiones de los actuales jubilados (y aquellos que lo serán en un futuro próximo) para que se vean beneficiados por la reforma. Pero es clave que ella represente un justo balance que permita una redistribución dentro del sistema y una mejor tasa de reemplazo a los trabajadores más jóvenes que comienzan a cotizar. Como en toda negociación política, hay que considerar un punto de equilibrio entre las distintas posiciones, pero a la vez escuchando a la ciudadanía y lo que indica la evidencia. De otra forma, si le cargamos la mano a las futuras generaciones, este sistema no será equitativo ni sostenible.
