Los resultados del Simce de este año respecto de los niveles de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes no son novedosos. Ellos muestran que hemos consolidado los avances alcanzados en la última década, pero que en los últimos cuatro años no hemos logrado mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes ni en matemáticas, ni en lenguaje, ni en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Al igual que años anteriores, observamos que uno de los factores que más influye en los resultados es el nivel socioeconómico de los niños, existiendo una diferencia en matemáticas de más de 60 puntos entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo y alto en cuarto básico, distancia que aumenta en sexto básico. Los resultados en la prueba de comprensión de lectura de segundo básico nos revelan que estas diferencias producto del origen socioeconómico ya son pronunciadas a los ocho años, lo que debería llevar al Ministerio de Educación y a la Agencia de la Calidad a focalizar sus esfuerzos en la educación inicial.
Con todo, el Simce de este año sí aportó evidencia nueva respecto de los factores internos a la escuela que estarían asociados a resultados de aprendizaje. Estos muestran que los resultados de aprendizaje de los estudiantes estarían correlacionados con el clima de convivencia escolar, la retroalimentación que entregan los docentes, el involucramiento de los padres y el liderazgo directivo.
Considerando estos resultados, cabe preguntarse si las políticas públicas impulsadas por el Gobierno apuntan en esta dirección. No hay duda que la agenda del Gobierno en asuntos relativos a educación es ambiciosa; sin embargo, no tiene en su centro los asuntos antes mencionados. En vez de garantizar cobertura universal y gratuita en educación parvularia para avanzar en equidad, el Gobierno prefirió prometer gratuidad universal en educación superior, donde la cobertura es incluso mayor que la de educación parvularia y a la cual acceden mayoritariamente los jóvenes pertenecientes a las familias de más recursos. La ley de inclusión, por su parte, no incluyó medidas para promover la participación de los padres, tampoco comprometió recursos para que los establecimientos puedan ser inclusivos, atendiendo las necesidades especiales de los estudiantes, y puede afectar de forma negativa el clima escolar al hacer prácticamente imposible la expulsión de alumnos, sin entregar herramientas alternativas para resguardar una sana convivencia al interior de la escuela.
Por su parte, el proyecto de ley de carrera docente, que tiene por objeto fortalecer la profesión docente, y con ello impactar en el desarrollo integral de nuestros niños, tiene el grave defecto de no considerar a las comunidades educativas y debilitar el rol del equipo directivo, contraviniendo las propias recomendaciones de la Agencia de la Calidad.
Para mejorar las oportunidades a nuestros niños se debe avanzar en cobertura y calidad en educación parvularia y subsanar las falencias del proyecto de carrera docente, el cual debiese empoderar a los equipos directivos para que ejerzan sus funciones con liderazgo.
