La Dipres acaba de anunciar que, producto de las medidas económicas adoptadas por la pandemia, para el año 2020 el déficit efectivo será 8,0% del PIB y el déficit estructural 3,5% del PIB. Con esto se espera que la Deuda Bruta alcance un 32,7% del PIB este año.
El paquete fiscal para enfrentar el Covid-19 alcanza ya los US$ 17.105 millones (6,9% del PIB), los cuales se financiarán recurriendo a los fondos y activos del tesoro público, y a un mayor endeudamiento. Sin embargo, algunos políticos y economistas insisten en que este estímulo fiscal todavía es insuficiente y que: “No es el momento para reglas fiscales. Chile tiene espacio para endeudarse”. Esto es entendible, dada la incertidumbre, y no se puede descartar que sean necesarias otras medidas. Pero, ¿cuánto espacio fiscal tiene el país para seguir implementando otros planes?
Con frecuencia se señala una relación deuda/PIB del 60% como límite prudencial para los países desarrollados, lo que sugiere que cruzar ese límite amenazará su sostenibilidad fiscal. Este 60% es uno de los criterios de convergencia de la zona Euro. Para las economías emergentes, como la chilena, el 40% es la relación deuda/PIB que no debería ser sobrepasada a largo plazo (IMF, 2002; 2010). Existe una tendencia a tratar estos puntos de referencia como “óptimos” en el sentido que cruzar estos límites supone una amenaza para la sostenibilidad de la deuda. Esto es coherente con el modelo macroeconómico mundial del FMI, que asigna un doble papel a la política fiscal: 1) suavizar los ciclos económicos a corto plazo; 2) cumplir los objetivos de sostenibilidad de la deuda a largo plazo.
Sin embargo, estos umbrales no son una barrera absoluta e inmutable, tampoco deben interpretarse como el nivel óptimo de deuda pública. Dos factores clave que afectan la solvencia son la respuesta del saldo presupuestario neto de los pagos de intereses de la deuda ante el aumento de las deudas y la posibilidad de que se produzcan perturbaciones adversas. Se asume que cuando la deuda es muy grande, puede ser difícil generar un saldo que sea suficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal, y que las perturbaciones pueden empujar a los países más allá de su límite de deuda. Así, se aconseja mantenerse muy por debajo del límite en aras de la prudencia.
La Dipres acaba de anunciar que, producto de las medidas económicas adoptadas por la pandemia, para el año 2020 el déficit efectivo será 8,0% del PIB y el déficit estructural 3,5% del PIB. Con esto se espera que la Deuda Bruta alcance un 32,7% del PIB este año. En enero, la Dipres proyectaba una deuda pública de 38,1% del PIB hacia 2024, de seguro, dado los nuevos anuncios, esta cifra superará el 40% del PIB en dicha fecha. Esto nos acerca a un umbral que incrementa en forma importante el pago de intereses y con ello, la probabilidad de entrar en una crisis de deuda. Un estudio de Clapes-UC ya habla de una deuda de 41,4% del PIB en 2024 y un pago de intereses de US$ 4.500 millones, esto frente a los US$ 2.500 millones que cancelaremos este año por intereses. En consecuencia, es claro que el espacio fiscal de Chile para seguir endeudándose se ha ido cerrando de manera importante, y que es tiempo de empezar a buscar otros instrumentos que apoyen y complementen las medidas económicas del gobierno para enfrentar a la crisis.
