No es este el único golpe que ha recibido el Instituto Nacional. Va a tener que renunciar, para satisfacer enmiendas legales, a sus propios criterios de selección de estudiantes…
El Instituto Nacional no recibió la subvención por excelencia para el período 2016-17. Es la primera vez, desde la creación de este beneficio, que ocurre esta situación. Sus receptores son los docentes y, en una menor proporción, los asistentes de la educación. Para los primeros, la asignación puede ser equivalente, aproximadamente, a un sueldo número 13. Son varios los indicadores, no únicamente el resultado en el Simce, como a veces se cree, que se utilizan para seleccionar a los planteles merecedores de este beneficio. Sin embargo, como estos se comparan entre grupos homogéneos, una caída relevante en las pruebas puede explicar la pérdida de la subvención por excelencia. Los estudiantes dicen haber boicoteado ese examen, lo que bien puede explicar la situación vivida por este tradicional liceo de Santiago.
Una razón de prudencia recomendaba seguir permitiendo la existencia de estos liceos, al igual que una información amplia sobre los desempeños de nuestros planteles escolares en el Simce.
Esta acción extrema se originó en el que, a su vez, parece un cuestionamiento exagerado a las pruebas estandarizadas vigentes en nuestro sistema escolar y a una divulgación amplia de sus resultados. Por supuesto, ellas, como muchas políticas educacionales, no solo tienen beneficios, sino también algunos costos. Pero estos últimos se han sobredimensionado. Así, esta situación no dejaría de ser una anécdota -por cierto, no para los docentes y asistentes de la educación de ese liceo- si no fuese porque las consecuencias para nuestro panorama educacional la superan. En efecto, la disponibilidad de la información sobre el Simce para la opinión pública se ha diluido. Las comparaciones entre establecimientos prácticamente han desaparecido, y el análisis por dependencia de los planteles se detiene solo en las brechas, evitando comunicar los promedios Simce. Asimismo, se pone énfasis en un control por nivel socioeconómico bien discutible que impide informar sobre la evolución en el tiempo de esas brechas.
La información más completa se reserva para los expertos, porque -el argumento se expresa más o menos de esta forma- la opinión pública puede malinterpretar fácilmente los resultados y por esta vía estigmatizar algunos planteles o grupos de estudiantes. Esta asimetría en el trato de la información no es bienvenida; incluso suele existir también con los representantes de la ciudadanía. Se dirá que hay unos pocos países en los que esta asimetría existe (sin confesar que está en retirada), o mejor todavía, que otros países no tienen pruebas estandarizadas o, de existir, se rinden al final de sus ciclos escolares. Se olvida, sin embargo, que hay muchos que las han establecido, particularmente si los resultados en pruebas internacionales en los últimos años han sido poco satisfactorios. Uno de los últimos países en sumarse a esta tendencia, aunque tímidamente, ha sido Alemania. La paradoja es que es muy posible que sin la existencia de la información que han generado las pruebas estandarizadas, el debate que Chile ha tenido en educación habría sido posiblemente menos intenso.
No es este el único golpe que ha recibido el Instituto Nacional. Va a tener que renunciar, para satisfacer enmiendas legales, a sus propios criterios de selección de estudiantes. Si esta medida se aprobó, es porque hay quienes no ven otro mérito en este liceo que no sea la selección de sus estudiantes. Es decir, creen que ellos obtendrían en otros planteles aproximadamente los mismos resultados. Hay evidencia en otras latitudes, y también en Chile, que podría ayudar a sostener esta posición. Pero a menudo, sobre todo en Chile, se analizan exámenes con ninguna consecuencia para los estudiantes. Por eso, más interesante es el estudio de Bucarey, Jorquera, Muñoz y Urzúa (Estudios Públicos, 2014), que sugiere un desempeño de los estudiantes del Instituto Nacional en la PSU por encima del que obtendrían en otros establecimientos. Así, más bien, se confirma el aporte de este emblemático liceo. Debe agregarse que la Universidad de Chile selecciona apenas un cuarto de sus estudiantes desde la educación estatal y un poco más de la mitad de ellos proviene de cinco liceos, siendo el principal el Instituto Nacional. Entonces, el riesgo que se corre al desalentar esta experiencia y otras similares es elevado.
No faltarán quienes piensan que la dilución de este u otros «magnetos» producirá algunas ganancias por medio de la elevación de los aprendizajes de los establecimientos que retienen a esos jóvenes que, de otra manera, se concentrarían en ellos. Parecen confiar en que estos producirían un «efecto compañero» sobre los jóvenes que se habrían quedado sin acceder a los liceos emblemáticos. Sin embargo, se olvidan de que este efecto no solo es muy difícil de medir, sino que también resulta esquivo de encontrar en una parte significativa de la literatura más reciente. Además, cabe suponer que algún desaliento en el esfuerzo educacional se producirá en los estudiantes y sus familias, que veían en estos liceos selectivos, aparentemente con razón, una fuente de progreso.
Por estas y otras razones es difícil entender el camino legislado. Una razón de prudencia recomendaba seguir permitiendo la existencia de estos liceos, al igual que una información amplia sobre los desempeños de nuestros planteles escolares en el Simce.
