Hemos sido testigos de un gobierno que entrega un conjunto de planteamientos que confunde la discusión y que seguramente crea en la opinión pública la sensación de que hay poca voluntad de avanzar hacia un Estado que dé garantías de un buen uso de los recursos públicos.
Es difícil imaginarse la política sin refriegas esporádicas. Son parte de la condición humana, pero por cierto la menos estimulante. Por supuesto, estas refriegas generalmente no ocurren en el vacío. Tienen alguna relación con realidades que está viviendo el país. Por eso es que de ellas pueden surgir agendas o, al menos, desafíos de interés para el país. Por cierto, esta posibilidad no es independiente de la manera en que ocurran los eventos. No cabe duda de que la oposición vio en los contratos del Ministerio de Obras Públicas y de Codelco una oportunidad de beneficiarse políticamente. Creo que ni el opositor más duro se atrevería a negar aquello. La Concertación está ciertamente en su derecho de levantar este punto. Pero el mundo se mueve por pequeñeces, y aun así pueden lograrse reformas que sean de interés público. Sin ir más lejos, algo tan importante como el voto femenino en nuestro país es, finalmente, el resultado de un interés electoral particular.
No pretendo sostener que las reformas que podrían desprenderse de la refriega política a la que hemos asistido en las últimas semanas tenga la trascendencia de aquélla. Sólo que las motivaciones políticas que haya tenido la oposición no invalidan la necesidad de reformar las instituciones públicas o las prácticas contractuales del Estado. Por eso es que sorprende la complacencia concertacionista. No cabe duda de que el Estado chileno es de una calidad superior al que existe en la región, e incluso en países más desarrollados. Así lo atestiguan diversos indicadores producidos por instituciones tan distintas como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. Pero de una vez por todas debemos reconocer que estos indicadores son muy agregados y que en los detalles se define el futuro de nuestro desarrollo.
Estamos superando recién los seis mil dólares de ingreso per cápita, y seguir avanzando requiere de reformas profundas. Los gobiernos tienen que mostrar disposición a llevarlas adelante. En cambio, hemos sido testigos de un gobierno que en lugar de invitar a una agenda de cambios se ampara en disquisiciones insólitas sobre legalidad y ética, que renuncia a estudiar cada problema en su propio mérito, que equipara los intereses de un grupo de particulares -los dueños de una empresa privada- con los de la ciudadanía entera, que plantea sin fundamento que la imagen del país o de su empresa más emblemática se debilitará irremediablemente. En fin, un conjunto de planteamientos que confunde la discusión y que seguramente crea en la opinión pública la sensación de que hay poca voluntad de avanzar hacia un Estado que dé garantías de un buen uso de los recursos públicos.
Es obvio que avanzar en esta dirección no significa que las denuncias efectuadas por la oposición sean ciertas, sino que sólo reconocer que las buenas instituciones son invenciones de la prudencia que elevan los costos para los que asumen el gobierno de usar los recursos públicos en su propio beneficio. Y, por cierto, los elevan independientemente de su color político. Que la Concertación tiene en esta materia una deuda pendiente con la ciudadanía lo revela la lentitud con la que ha avanzado el nombramiento de los altos directivos públicos. A pesar de que existe un compromiso para nombrar durante el gobierno actual 48 de estos directivos en otros tantos servicios públicos a través de concurso -producto de los acuerdos legislativos alcanzados como consecuencia del caso MOP-GATE-, a la fecha el grado de avance es inferior al 20 por ciento, y será imposible cumplir este acuerdo antes de marzo.
Se sabía en ese momento que éste era un acuerdo exigente y políticamente doloroso, pero también reflejaba la voluntad de la Concertación de comprometerse efectivamente con la transparencia y el término de los cuoteos políticos. Es legítimo ahora preguntarse por la real voluntad de esta coalición de llevar adelante las reformas que signifiquen pasar a un estado de desarrollo superior. Una prueba de esa falta de voluntad, tal como informara la Revista del Campo de este diario, es que después de tres meses de presentada una terna para la Dirección del SAG a través de los nuevos procedimientos establecidos en la legislación, aún no se produce su nombramiento. Por supuesto se ofrecen argumentos que justifican la demora, pero antes que nada hay una renuencia a dejar de lado el cuoteo político. La Concertación deja así dudas importantes respecto de su compromiso con un Estado moderno. El apasionado debate de los últimos días deja inevitablemente esa impresión.
