Si se dejan pasar los ‘momentos constitucionales’, la energía cívica pierde su ímpetu y las constituciones resultantes pueden ser vistas como alejadas construcciones de élite.
Ante los estragos que la pandemia está causando en el país, se multiplican las voces que sugieren la necesidad de (volver a) aplazar las elecciones. Muchos de estos llamados se originan en el ámbito de la salud pública, donde se ha sufrido intensamente la calamidad en que nos encontramos inmersos.
Los asiste la razón, además, en un aspecto central: en última instancia, las consideraciones de salud pública serán fundamentales en la decisión de aplazar o no el proceso electoral. Además, la experiencia internacional es ambigua. Más de cien países han realizado elecciones sin inconvenientes, pero otros muchos las han postergado por precaución.
Esta sugerencia nos presenta un dilema: ¿debemos privilegiar los apremios de la salud pública por sobre las exigencias de nuestra vida democrática? Como seguramente el Gobierno deberá responder a esta pregunta en los próximos días, conviene considerar el potencial deslegitimador que un cambio electoral podría suponer para nuestra discusión constitucional, para que los costos de esta decisión puedan ser correctamente sopesados.
La pandemia sorprendió a Chile atravesando una profunda crisis política. Los meses que precedieron a la irrupción del coronavirus estuvieron marcados por un inédito cuestionamiento al sistema político. Como respuesta, la clase política casi en su totalidad logró proporcionar una salida institucional: dejar el destino del pueblo chileno en sus propias manos. Este es, en efecto, el intento más radical para tratar de relegitimar el sistema político jamás intentado en la historia chilena.
Por evidente que nos resulte a esta altura, no debemos obviar este antecedente. Volver a postergar las elecciones implicaría realizarlas casi dos años después de aquel octubre. Ello, por ejemplo, supondría encarecer considerablemente el esfuerzo de quienes compiten por integrar la Convención y lo hace de modo desigual, al perjudicar especialmente a los candidatos independientes. Supondría también para las autoridades un gran esfuerzo de tener que socializar otro cambio más al itinerario constitucional entre una población crecientemente apática.
El riesgo de este retraso para la legitimidad del proceso debe entonces ser sopesado con cuidado. Eventos como el estallido social y sus consecuencias políticas reciben el nombre de “momentos constitucionales”. Son períodos de una movilización social extraordinaria, en los cuales la atención ciudadana está dedicada a los asuntos públicos. Estos momentos deben ser aprovechados oportunamente y traducidos en acuerdos consagrados en textos constitucionales. Transcurrido este proceso, la ciudadanía puede volver a la política cotidiana sobre la base sólida que le provee esta nueva legitimidad. Si se dejan pasar, como ocurrió en Polonia luego de la gesta heroica de Solidaridad, la energía cívica pierde su ímpetu y las constituciones resultantes pueden ser vistas como alejadas construcciones de élite. Si se siguen aplazando las elecciones e introduciendo cambios, este riesgo aumenta, al punto de tal vez volver irrelevante nuestra discusión constitucional.
Ante lo abstracto de nuestra advertencia, habrá quienes opongan lo concreto de los contagios y fallecimientos. Sin embargo, sería un error concebir la legitimidad institucional como algo divorciado de las necesidades de salud pública. Todavía restan muchos meses de pandemia y, durante este tiempo, es imprescindible que la población continúe aceptando las medidas de las autoridades sanitarias. Es imposible hacerlas cumplir por la fuerza, por lo que urge fortalecer su cumplimiento voluntario. Y la evidencia empírica abunda: en lugares de mayor polarización política o con autoridades deslegitimadas, el cumplimiento de las normas es menor (y, por lo tanto, superior el nivel de contagios). Que la ciudadanía perciba a la clase política procurando relegitimar la institucionalidad y que lo haga lo más rápidamente posible es entonces también una necesidad impuesta por la salud pública.
