Nuestros dirigentes parecen inmunes a los riesgos, a la magnitud de la revuelta, la profundidad de la crisis y el nivel de inseguridad.
Vivimos en sociedades orientadas hacia el futuro y preocupadas por la seguridad. La sociología acuñó para ellas el concepto de sociedades de riesgo. La modernidad misma es una promesa de un progreso infinito que, a la vez, amenaza con cambiar todo lo que nos rodea, tenemos y somos. La revolución científico-tecnológica produce, precisamente, esa mutación continua. Crea y destruye incansablemente; incluso ideas, relaciones y trabajo.
Con la modernidad tardía, se sostiene, entramos en una época de riesgos manufacturados; o sea, provocados por la propia civilización global entregada a sus dinámicas creativo-destructivas: alteración de los parámetros de tiempo-espacio, manipulación genética, instantaneidad de las comunicaciones, disolución de las tradiciones comunitarias y los consensos morales, contaminación de los océanos, cambio climático y propagación de epidemias.
A su vez, los gobiernos buscan anticipar el futuro y generar mayor seguridad humana. ¿Cómo? Gruesamente, mediante tres paradigmas en competencia. Primero, un Estado de bienestar en sus versiones socialdemócrata (nórdica), liberal (inglesa) o corporativa (germana). Segundo, mediante políticas sociales focalizadas que coexisten con mercados de seguros privados (caso chileno). Y, tercero, mediante un Estado de disciplinamiento coercitivo de las necesidades y el imaginario de la población (modelo chino). La economía política subyacente a estos modelos es alguna variedad de capitalismo. En cambio, las instituciones políticas que los acompañan son muy distintas: desde democracias liberales pasando por nacional-populismos hasta el dominio de un solo partido. Cómo controlar los riesgos del presente admite, pues, una variedad de respuestas.
En Chile vivimos un momento crítico: a los riesgos de la modernidad y los manufacturados, se suman otros: (i) riesgo de ingobernabilidad, expresado en una crisis del orden político; (ii) riesgo socioeconómico, proveniente de demandas y expectativas que superan la capacidad del Estado, y (iii) riesgo cultural, como desintegración, anomia y conductas desviadas que redoblan las percepciones de amenaza.
Nuestros dirigentes parecen inmunes a estos riesgos, a la magnitud de la revuelta, la profundidad de la crisis y el nivel de inseguridad acumulado. En vez de reunirse para identificar esos riesgos y contrarrestarlos mediante una plataforma mínima de acuerdos, se lo pasan intercambiando advertencias, descalificaciones y mezquinas maniobras. Y así los riesgos —contingencias previsibles de daño— aumentan.
¿Qué esperamos entonces para actuar colaborativamente?, dan ganas de preguntar al Presidente, a las cabezas de ambas cámaras, a los ministros y parlamentarios, a los jefes de partido y organizaciones sociales, y preguntarnos a nosotros mismos que vemos crecer los riesgos a nuestro alrededor.
