Hace un mes aterrizó en el Centro de Estudios Públicos (CEP) como jefe de políticas sociales, función que combinará con su rol académico en los departamentos de Economía de las universidades de Maryland, EEUU, y de Chile. El economista Sergio Urzúa -ex coordinador del área de Mercado Laboral de Hacienda- arribó al organismo para desarrollar actividades y trabajos académicos en el ámbito de las políticas públicas, tarea que hoy lo tiene estudiando la reforma a la educación y al sistema Sence, cómo se comporta el mercado laboral chileno, según los ciclos económicos, y la industria de la salud.
Aunque destaca que el país ha sorteado con calma la crisis europea y que el gobierno se ha jugado por cambios sociales relevantes, como la eliminación del 7% de salud para los jubilados y el ingreso ético, plantea que es un error supeditar la discusión de una reforma laboral a la espera de un acuerdo político previo, y advierte que si el Ejecutivo no se aventura en esta materia, la ganancia de empleo de los últimos dos años se pondrá en juego. «El gobierno está al debe en la reforma laboral. Tenemos 600 mil nuevos empleos, es valorable, pero para poder sustentar un crecimiento en la tasa de ocupación de esa magnitud, la modernización del mercado laboral es una obligación», sostiene.
La ministra del Trabajo ha dicho que sin acuerdo es inviable ir con una reforma laboral gruesa al Congreso y que la opción es ir con temas puntuales. ¿Comparte esa visión?
Entiendo la postura de la ministra y comparto que el piso político es central para cualquier proyecto, pero hay una preocupación mayor: cómo aseguramos un crecimiento sustentable del empleo en el largo plazo. Ese debiera ser el foco, en especial porque hay un déficit en el empleo de mujeres y jóvenes, y eso castiga los ingresos de las capas medias y los más pobres. Al final, la respuesta desde el Estado hacia ese déficit es lo que cruza toda la política social y también las arcas públicas. La meta del gobierno debiera ser avanzar hacia un Código Laboral moderno y jugársela por poner los temas en la mesa de debate, aunque sean difíciles políticamente e, incluso, aunque sea la próxima administración la que zanje la discusión.
¿Algo así como pasó con la reforma del 2000, en que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle dejó el proyecto en el Congreso y el ex Presidente Ricardo Lagos lo aprobó?
Por ejemplo. A nadie debiera importarle quién se lleva los laureles. Lo urgente es que debe haber una mirada de largo plazo. Si no se hacen las reformas o cambios estructurales que guíen a la modernización del sistema, nos quedaremos atrás.
¿Avanzar en temas puntuales podría resultar viable?
Qué peleas dar es fundamental. Una buena ficha de juego es que el gobierno aproveche la mesa de acuerdos CUT-CPC para avanzar en una propuesta de cambio en negociación colectiva y modernización del Código del Trabajo, para establecer nuevas coordenadas en salarios hacia un esquema más flexible, jornadas, contratos especiales, etcétera. Generar el espacio político es clave, pero arriesgarse y poner el tema en el Congreso es un mejor camino, porque ahí veríamos realmente cuál es la voluntad, en todos los sectores, para legislar hacia un nuevo Código que no sólo proteja o represente a quienes tienen empleo. A veces se olvida que la ley también debiera promover la generación de empleo y de mejores opciones laborales, de mejores ingresos, premiar la productividad. Un ejemplo es lo que puede ocurrir con la reforma al Sence de la ministra Evelyn Matthei: es una gran batalla y todo el mundo está de acuerdo en rediseñarlo. Pero hay que ver cómo queda en el papel.
La ministra Matthei descartó discutir un cambio a las indemnizaciones por años de servicio…
Sé que ir con ese tema al Congreso es difícil, porque en la CUT y en todos los sindicatos es considerado un derecho adquirido, casi natural, y sólo la idea de cambiarlo es tajantemente rechazada, por la connotación política y social que puede tener. Pero si se analizan bien los datos de las personas sujetas al régimen de indemnizaciones, modernizar el sistema beneficiaría más a los trabajadores que a los empleadores.
Si es así, ¿por qué no arriesgarse?
Políticamente, es muy difícil defender ese argumento, pero en economía real es así. El sistema, a la larga, está trabando las posibilidades de movilidad de un grupo de trabajadores que, lo más probable, es que sí tiene opciones de mejorar su ingreso en otra parte o de apostar por un negocio propio, pero no puede -o no quiere- renunciar, porque eso implica perder antigüedad laboral y el pago por ella. Esto es una realidad al interior de la mayoría, sino todas las empresas donde aún quedan trabajadores en ese estatus. El seguro de cesantía está agotado en su diseño original y la evidencia ya nos permite reflexionar sobre algunas mejoras, por ejemplo, en el Fondo de Cesantía, y en ese marco es viable un diseño de segunda generación que combine indemnizaciones y seguro a todo evento.
¿Una reforma a las indemnizaciones puede pasar en el Congreso?
Es muy difícil anticiparlo, sobre todo con lo que va a pasar este año con las municipales. El año 2013 parece mejor, pero aquí hay una obligación mayor, y es poner los temas en la mesa. Tengo la convicción de que hay parlamentarios que entienden perfectamente la necesidad de avanzar en este tema, pero más aún, en una reforma global y la cercanía de la presidencial es clave, porque aquí hay que ponerse en los pantalones de una crisis importante y reflexionar sinceramente si estamos preparados o no para enfrentarla.
¿Acá no ha pasado nada comparado con lo que ocurre con Europa?
¿El mercado laboral chileno aguantaría una crisis como la europea? ¿Nos olvidamos del desempleo porque estamos con casi pleno empleo? Esas preguntas son importantes, porque una situación de desempleo de 12% se ha dado muchas veces en nuestra historia. Aprender de Europa es importante, porque sería un absurdo tener que llegar a básicamente echar abajo todo lo que se armó y armarlo todo de nuevo, como lo están tratando de hacer los griegos y los españoles, porque no revisaron su mercado laboral y social cuando las cosas andaban bien.
