No debemos obviar que Chile tiene una tasa de encarcelamiento comparativamente alta. Hay demasiadas personas en prisión.
La población penal ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si bien alcanzó un mínimo histórico el 2020, con 38.000 personas recluidas, al 30 de junio de este año hay 59.500 presos. Se trata de un incremento de 57% en apenas dos años. Este explosivo aumento desbordó las capacidades del sistema penitenciario. Hoy, la tasa de sobreuso de las cárceles llega a 35%, un promedio que esconde realidades regionales críticas. En el Maule, el sobreuso de los recintos penales llega a 97%; en Atacama, hay mas del doble de presos que plazas disponibles.
Una combinación de tres factores explica este inusitado crecimiento. Primero, el endurecimiento de la legislación penal conllevó un uso menos restrictivo de la prisión preventiva y estadías más prolongadas al interior de la cárcel. Segundo, la actividad delictiva y criminal ha recrudecido, produciendo un aumento de imputados y condenados por delitos graves. Finalmente, el incremento de delitos graves se asocia también a más extranjeros privados de libertad, cuyo número creció más del doble desde el 2021, pasando de 3.800 a 8.500 en la actualidad.
El desborde físico del sistema penitenciario es un reflejo de cómo el país ha enfrentado el crimen y la justicia. Ello también se refleja en la tasa de encarcelamiento, es decir, el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Este indicador permite comparar la severidad y naturaleza de las políticas penales. Una tasa elevada sugiere una legislación penal estricta y punitiva, mientras que una baja indica un enfoque más rehabilitador y preventivo.
De acuerdo con la información del World Prison Brie, la tasa de encarcelamiento de Chile es comparativamente alta. Ella llega a 297 personas por cada 100.000 habitantes, siendo la cuarta mayor entre los países de la OCDE. Nos supera Estados Unidos (531), Turquía (392) y Costa Rica (343). Si nos propusiéramos ocupar el décimo lugar en este grupo de países, debiéramos alcanzar una tasa de 179 personas por cada 100.000 habitantes, similar a la de Nueva Zelanda. Esto equivaldría a reducir la población penal a 36,000 personas.
Hoy se discute construir nuevos penales o ampliar los existentes, de modo de reducir la crisis de sobrepoblación carcelaria. Es una medida razonable para aspirar a un sistema penitenciario que minimice la reincidencia, ofreciendo condiciones de vida digna, que evita el contacto criminógeno y posibilita la inserción social. Pero no debemos obviar que Chile tiene una tasa de encarcelamiento comparativamente alta. Hay demasiadas personas en prisión. Por tanto, junto con construir nuevas cárceles, también necesitamos revisar nuestra legislación penal, el creciente uso de la prisión preventiva y las normas y procedimientos de penas alternativas y sustitutivas a la cárcel, aunque ello sea políticamente menos atractivo.
