Los 50 años del golpe serían un buen momento para celebrar no solo un acuerdo amplio de seguridad, sino una reforma integral de largo plazo que deje en el pasado la compulsión histórica por el toque de queda.
En 1551, el Cabildo de Santiago anunciaba que al “toque de campana”, o “toque de oraciones”, nadie podía andar por las calles. Los españoles serían encarcelados y “negros e indios’ azotados en la plaza pública. 237 años después, en un bando de 1788, el recién nombrado Gobernador del reino de Chile, Ambrosio O’Higgins, informaba: “Que para precaverlos graves males y delitos que facilita y encubre la soledad y oscuridad de la noche a los mal intencionados”, la medida iniciaba a las nueve en invierno y a las diez en verano. En 2023, ahora 235 años después, el toque de queda sigue vigente. El avance civilizatorio en 472 años es que ya no hay azotes.
Después de los toques de queda durante la dictadura en aras de la seguridad interior, la medida regresó con el terremoto de 2010 y se hizo persistente con el estallido y la pandemia. Desde el 2022 se habla de implementarla en el norte por el incremento de la delincuencia. En un giro similar, el municipio de Zapallar propuso restringir la libertad de movimiento a menores después de las 12 de la noche. La ordenanza fue considerada improcedente por la Contraloría. Y el 4 de febrero reciente, con la declaración del Estado de Catástrofe por los incendios en el sur, se abrió otra oportunidad para los toques de queda. Aunque el 7 de febrero el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía descartaba la medida “por el momento”, pues juzgó suficientes las atribuciones para coordinar la ayuda y vigilancia, el momento llegó al día siguiente, cuando el Presidente indicó que para el Gobierno era pertinente. El problema no eran los incendios, sino la seguridad pública. La eventual intencionalidad tras ellos y los robos en zonas evacuadas motivaron la decisión. Ahora tenemos 29 comunas bajo la restricción.
La sensación de inseguridad está en primer lugar de las encuestas. Pero reaccionar con toques de queda frente a cada alteración del orden es nefasto para la democracia. Ello afecta las libertades públicas más básicas de quienes se busca proteger y fomenta la propensión autoritaria. Paradójicamente, la medida es popular y por ello pocos se oponen. Lo es porque hay un vacío profundo en la arquitectura de seguridad interior que se arrastra desde hace años, un vacío de planeación urbana, de reforma de policías, de inteligencia prospectiva, de coordinación nacional y transnacional ante amenazas públicas. Ese vacío queda oculto tras los toques de queda. Es preciso hacerse cargo de él unitariamente, con legislación democrática y la fuerza del Estado de Derecho.
Los 50 años del golpe serían un buen momento para celebrar no solo un acuerdo amplio de seguridad, sino una reforma integral de largo plazo que deje en el pasado la compulsión histórica por el toque de queda.
