La controversia con Perú debió haberse manejado de manera muy distinta. Sobre todo porque la postura nacional es jurídicamente sólida. El Gobierno se ha equivocado y ha puesto en riesgo nuestra imagen internacional.
Aristóteles distingue en su «Ética nicomaquea» dos tipos de virtudes: las morales y las intelectuales. Mientras las primeras ofrecen guías para una buena administración de nuestros impulsos y deseos, las segundas apuntan a un buen uso de nuestra razón. Dentro de estas últimas destaca la prudencia, que, de acuerdo con Aristóteles, tiene que ver con «calcular bien lo conveniente a cierto fin». En la controversia con Perú, a propósito de la tramitación en su Congreso de una ley que de llevarse a la práctica modificaría los límites marítimos entre ambos países, esta virtud no ha sido ejercida por nuestro Gobierno. El tono de las declaraciones iniciales, el despliegue observado en reuniones para tratar este hecho, las afirmaciones de que nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para defender nuestro territorio, los proyectos de acuerdo unánime para apoyar las actuaciones del Ejecutivo, entre otros aspectos, no contribuyen al fin buscado y son una marcada muestra de imprudencia.
Desde el punto de vista jurídico la posición de Chile parece sólida. En agosto de 1947, Perú, a través de un decreto supremo que establecía su control y protección sobre una zona comprendida entre sus costas y una línea paralela a ellas y trazada sobre el mar a doscientas millas de éstas, reconoce de modo explícito que los límites marítimos del norte y del sur siguen la línea de los paralelos geográficos. La declaración de Santiago de agosto de 1952, suscrita por Perú, Ecuador y Chile, valida como límites de sus mares territoriales los paralelos geográficos. Igual validación se hace en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza de 1954, que se hace cargo de la violación frecuente de embarcaciones pequeñas de esos límites. Una prueba adicional de que los paralelos geográficos se han entendido como los límites marítimos entre los países quedó de manifiesto en la incorporación de Colombia en 1975 a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, acordada en la reunión de 1952, y que definió como el límite marítimo con Ecuador precisamente el paralelo geográfico correspondiente.
Aparentemente, en la segunda mitad de los 80 Perú habría manifestado, por primera vez, cierta incomodidad con los límites fijados casi cuatro décadas antes. Seguramente porque, con el paso del tiempo, en otros acuerdos sobre límites marítimos se ha impuesto el criterio de definirlo a partir de una bisectriz antes que de un paralelo geográfico. Desde entonces ha repetido su inconformismo en contadas ocasiones. Chile ha respondido serenamente los reclamos a través de la vía diplomática. Cuesta comprender ahora por qué esa estrategia se modificó. Es cierto que Perú tomó ahora un camino más decidido y no deja de haber una leve provocación en esa decisión. Pero tiene poco destino. En el derecho internacional priman las costumbres y se valora el statu quo. Los peruanos tienen por delante un camino muy difícil si quieren enmendar la tradición vigente que ellos mismos iniciaron.
Es cierto que una vez aprobada la ley podrían abrirse nuevos espacios para los espíritus nacionalistas de nuestros vecinos del norte que pueden traer consecuencias, pero nuestra exagerada reacción difícilmente iba a detener la aprobación de la ley. Por eso es que el manejo sereno de otras ocasiones era una estrategia claramente dominante. A los demás países de la región la fuerza de la respuesta chilena debe haberles parecido desproporcionada. Además, un par de episodios generan dudas respecto de las razones que motivaron dicha respuesta. La visita de Bachelet a Lagos puede haber estado programada con mucha antelación, pero no correspondía en medio de la controversia que había iniciado nuestro Gobierno. Es casi inevitable que en el exterior se genere la sensación de que en la postura chilena pueden haber influido criterios políticos de corto plazo. El envío de un ministro político a Brasil, aunque se haya desempeñado como embajador allá, aleja la disputa de los canales diplomáticos. No es tan extraño, entonces, que no se hayan escuchado palabras de comprensión para nuestra postura. Es posible que nuestra imagen internacional haya sufrido algún rasguño en este episodio. El precio de un mal cálculo, en definitiva, de una imprudencia.
En este episodio ha faltado una visión más matizada de nuestros líderes de opinión ante un escenario complejo, pero que corresponde enfrentar con madurez y serenidad. Hemos observado reacciones desmedidas, entre las cuales ocupa un lugar destacado la navegación por las aguas de Arica de un candidato presidencial, que sólo se entienden a la luz del escenario electoral. El Gobierno tiene una responsabilidad fundamental en el clima generado. En los últimos días parece haber retrocedido en sus posturas y concentrar sus esfuerzos en el uso de los siempre pacíficos vientos diplomáticos. Así debería haber sido desde un principio. La falta de prudencia gubernamental pudo haber tenido consecuencias mayores. Quizás porque los peruanos, más allá de la tramitación del polémico proyecto, exhibieron algo de esa virtud. Queda la sensación de que seis años es definitivamente mucho tiempo para un gobierno.
