Se introdujeron en enero pasado modificaciones al proyecto de subcontratación y funcionamiento de empresas de servicios temporarios que pueden tener consecuencias insospechadas para el empleo. En gran medida porque, de aprobarse el proyecto con dichas modificaciones, la contratación de los servicios provistos a través de esas vías perderá atractivo. La ambigüedad respecto de lo que se entenderá por subcontratación, los cambios en la noción de empresa, los riesgos asociados a la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones previsionales y laborales (incluidas las indemnizaciones) de los contratistas son los aspecto más críticos, pero no los únicos.
Los servicios provistos a través de contratistas difícilmente serán reemplazadas por un crecimiento del empleo en las empresas que utilizan regularmente esos servicios como podría pensar un observador distraído. Lo más probable es que se adopten procesos más intensivos en capital, especialmente ahora que este es más barato que antaño. Las modificaciones se defienden sosteniendo que son indispensables para detener los abusos que ocurren en estas actividades. Pero no deja de ser extraño que se quiera combatir estos, que suponemos son el resultado de incumplimientos legales, con nuevas leyes.
Parece más razonable fortalecer, independizar y profesionalizar a las instituciones fiscalizadoras antes que ahogar, a través una regulación excesiva, estas modalidades de organización de la actividad productiva que no sólo aportan a la creación de empleo sino que son una fuente de mayor productividad de la economía. Por eso que tampoco tiene mucho sentido esa afirmación de que estas nuevas regulaciones ayudarían a reducir las discriminaciones entre trabajadores. Es más probable que algunos de las actividades que realizan empresas contratistas o subcontratistas no se realicen bajo arreglos institucionales alternativos y confusos y, por tanto, esas oportunidades de trabajo se esfumen. Por supuesto, si esas no existen parecería resuelta la supuesta discriminación.
Indudablemente es difícil saber si el efecto sobre el empleo será significativo. Parece una exageración sugerirlo sobre todo ahora que el empleo se está expandiendo a un saludable promedio anualizado de 2,1 por ciento en los últimos seis meses. Claro que en el mismo período, pero hace un año esa expansión era un punto porcentual superior. Además, la tasa de desempleo sigue siendo dos puntos porcentuales superior a la registrada en los buenos años de 1996 y 1997. Incluso la proporción de personas entre 15 y 64 años que tienen empleo –no sólo hay que mirar la tasa de desempleo– apenas alcanza el 58 por ciento. Esta tasa de empleo es entre 13 y 18 puntos porcentuales por debajo de la observada en Canadá, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia y entre 8 y 12 puntos porcentuales más baja que la observada en Alemania, Australia, Finlandia, Irlanda y Japón. Nuestro mercado del trabajo, entonces, se caracteriza por tener una tasa de desempleo que no es precisamente de las más bajas en el contexto internacional y una tasa de empleo que está entre las más bajas. Claramente no es un buen equilibrio que no es independiente del marco que regula las relaciones laborales en el país.
Por eso que no deja de sorprender ese afán por hacer aún menos flexible nuestro mercado del trabajo. Influye en ello la mejor capacidad de organización de los “insiders”. Los afiliados a la CUT se benefician de los altos niveles de inflexibilidad laboral mientras que los “outsiders”, que son reclutados a través de formas contractuales alternativas o sencillamente no son reclutados, sufren las consecuencias de esa inflexibilidad. Un gobierno ciudadano no puede dejarse capturar por intereses corporativos y es inevitable tener la impresión que algo de ello está sucediendo. En el mundo las propuestas que se están haciendo en nuestro país para regular la subcontratación y los servicios temporarios están en retirada.
El año 2003 los jefes de estado y de gobierno europeos establecieron una comisión independiente para examinar los desafíos que enfrentaban sus países respecto de la creación de empleo. La comisión recomendó, entre otros aspectos, permitir una amplia gama de formas contractuales para adaptar las relaciones laborales a las necesidades y preferencias de empresas y trabajadores y remover los obstáculos para la operación de las empresas de servicios temporarios en el entendido de que las consideraba intermediarios atractivos y efectivos en el mercado laboral. Por cierto, la comisión no fue dirigida por un economista “neoliberal” sino que por Wim Kok, quien fue Presidente de la Confederación de Sindicatos Holandeses, Vicepresidente de la Internacional Socialista y Primer Ministro de Holanda. Los vientos parecen soplar en una dirección totalmente distinta a lo que se está pensando en Chile.
