Hoy tenemos evidencia adicional de que nuestras empresas son administradas con criterios políticos. Lo que ha sucedido en el SEP sienta otro nefasto precedente.
El Sistema de Empresas Públicas (SEP), holding de un importante grupo de empresas de todos los chilenos, dio muestras del oscurantismo que aún ronda en algunas reparticiones públicas. El SEP, presidido por Patricio Rojas, en una operación inaceptable, pasó por encima de la decisión mayoritaria del directorio de Puerto Talcahuano de seguir adelante con la licitación del puerto. Claudio Agostini (DC), María Ester Feres (PS) y Andrés González (PPD) votaron en conciencia por lo que consideraron mejor para la empresa y para sus accionistas, que somos todos los chilenos. Fueron simplemente removidos. Esto es grave, pero como vivimos anestesiados, no me extrañaría que el hecho pasara desapercibido.
Como es común para un político del peso de Rojas, eximio operador de la DC, primaron esos criterios que se dirimen a puertas cerradas. Unas llamadas fueron suficientes para derrumbar la independencia de tres directores, todos ellos representantes de la Concertación. Pero el médico Patricio Rojas es un buen cirujano. Sacó al directorio, lo renovó y acto seguido aprobó la postergación del proceso de licitación. Su intervención fue limpia y rápida.
Hay que reconocerle, eso sí, su notable consistencia a la hora de mantener al SEP como un feudo político. Ya en marzo, cuando algunos celebrábamos las promesas para mejorar la alta dirección pública, Rojas salió oportunamente a la palestra. Su argumento fue simple: sería el SEP el que elegiría a directores independientes para las empresas que administraba. En otras palabras, ese feudo tenía patrón.
Cuando recién se destapó la olla en Ferrocarriles -administrada por el SEP-, Patricio Rojas fue citado al Congreso. Ante la pregunta de si EFE había sido utilizada con fines políticos, nos aclaró que “todas las decisiones de los trenes son políticas, desde el Presidente Balmaceda en adelante y eso no tiene nada de extraordinario” (sic.). Aunque fue muy claro, hoy tenemos evidencia adicional de que nuestras empresas son administradas con criterios políticos.
Enseguida, Rojas inició su defensa de Luis Ajenjo, gestor del famoso Plan Trienal que despilfarró más de 1.000 millones de dólares. Como hábil político, conoce las debilidades humanas. Sabe que nos gusta el estatus y el prestigio, casi tanto como el poder. Por ello, nada más fácil que usar a un comité de expertos. Independientes, por supuesto. Que otros resuelvan el tema de Ferrocarriles. Con esta estrategia -cada vez más habitual en este gobierno- desviamos la atención. Así, pese a una serie de informes en Derecho desfavorables, Rojas sigue defendiendo la tesis de que las dietas paralelas que recibió Ajenjo son legales.
Ante la consistencia de Rojas, lo que ha sucedido sienta otro nefasto precedente. En el tema laboral presenciamos cómo algunos hechos ilegales están dando paso a ciertos derechos. Incluso se usó la violencia. Ahora se desaloja a un directorio. Esto no sólo es una excelente medida para atraer operadores políticos a los directorios de nuestras empresas. Es mucho más grave. Pero aún queda una duda (y por ahora prefiero pensar que es una esperanza): ¿qué opinan los consejeros del SEP de esta maniobra inaceptable?
