La oposición ha presentado un documento valioso que permite focalizar el debate presupuestario y abrir espacios para producir un acuerdo. Pero también hay muchas omisiones. Así, en muchos casos se extraña una mayor precisión, como, por ejemplo, en lo que se refiere a fortalecimiento de la educación técnico-profesional o modernización de la institucionalidad preescolar. Es una señal de que es un listado de propuestas insuficientemente pensado y sin prioridades adecuadas. Sin embargo, lo que más llama la atención es que queda abierta en demasía la puerta para continuar la discriminación que afecta en la actualidad a estudiantes de igual nivel socioeconómico, pero que asisten a distintas instituciones de educación superior. Postular que las becas y créditos se reservarán inicialmente sólo a un conjunto seleccionado de instituciones a la espera de verificar que las demás cumplan con una serie de exigencias que se acordarán más adelante es discriminatorio. Los requisitos deben ser parejos para todas las instituciones y estar asociados a desempeños apropiados que deben ser exigidos sin distinciones. No pueden ser distintos según la naturaleza de las instituciones, porque ello no ayuda a la calidad. Parece razonable que las exigencias sean particularmente elevadas, pero para todas las instituciones, sin distinción.
La oposición quiere extender ese trato discriminatorio también a la educación escolar, creando aportes basales para la educación pública. Además, quiere limitar la libertad de enseñanza impidiendo lo que denomina «expansión irracional» de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Parece razonable exigir un número mínimo de alumnos a cada establecimiento, pero no limitar arbitrariamente la posibilidad de abrir uno nuevo. Se postula también suprimir la libertad de los padres de aportar al financiamiento de los hijos en los establecimientos particulares subvencionados. Seguramente se postula que ello acabaría con la segregación, pero esa afirmación no se sostiene. ¿Por qué, entonces, conculcar una libertad personal, si el propósito declarado no se logrará? Además, si lo que se quiere es más integración, ¿no habrá otros instrumentos mejor dotados para este objetivo? Es evidente que aquí hay tres propuestas que apuntan en la misma dirección: restringir libertades, en lugar de ampliarlas. Moverse hacia ese equilibrio parece un error. Promover tratos distintos entre la educación estatal y la particular subvencionada y limitar a esta última en su desarrollo no es el camino adecuado para fortalecer la educación pública.
Insistir en una competencia respecto de qué sector avanza más en gratuidad de la educación superior en Chile no parece apropiado. Ello fácilmente puede costar del orden de dos puntos del PIB. Si se añadiera ese gasto a la educación, pasaríamos a ser el país de mayor gasto público, como porcentaje del PIB, después de Noruega. ¿Qué espacio habría, siendo realistas, para subir el gasto más allá de esa proporción? Se sacrificaría, entonces, la posibilidad de gastar en otros niveles escolares donde los retornos sociales del gasto público son mucho más elevados. Por supuesto, se podría acotar ese gasto restringiendo el acceso a la educación superior o reservándolo para unas pocas instituciones, pero esos caminos no tienen sostén político o son, como señalábamos anteriormente, francamente discriminatorios. Es mucho más justo y menos oneroso postular un crédito contingente que se paga en función de los ingresos futuros -es una proporción razonable de los ingresos por un período fijo de años- que asegura que los egresados de elevadas rentas paguen el dinero prestado y que beca ex post a aquellos cuyas rentas son reducidas.
Los lineamientos para el financiamiento directo a nuestras instituciones de educación superior que ofrece la oposición son modestos, y tienen que ser mucho mejor pensados. Hay que distinguir con más precisión entre las instituciones. En nuestro país hay sólo unas pocas que son realmente de investigación. Ellas requieren un apoyo más decidido, pero sujeto a un escrutinio mayor. Luego hay otras que tienen investigación o que en esta dimensión son emergentes. Este subgrupo debiera financiarse preferentemente a través de convenios de desempeño, y es difícil dejar a un lado a universidades nuevas que satisfagan estándares razonables de investigación y carrera académica fuera de estos fondos. Finalmente, hay universidades de carácter regional que proveen bienes públicos locales que conviene potenciar para lograr un avance en investigación y desarrollo más equilibrado en el país. Pero insistir en un aumento mecánico de los aportes basales actuales, aunque sean sujetos a convenios de desempeño, constituye finalmente una política de financiamiento institucional pobre.
